IU y el PCE piden al Supremo que desentierre la querella contra el rey emérito tras la reapertura de la investigación sobre Corinna

La imputación de Corinna Larsen en la pieza del caso Villarejo que acaba de reabrir la Audiencia Nacional ha empujado a IU y el PCE a mover ficha. Las formaciones que encabezan el ministro Alberto Garzón y el diputado Enrique Santiago han pedido formalmente al Tribunal Supremo que desentierre la querella presentada en diciembre de 2018 contra el rey emérito. El alto tribunal la archivó de plano cuatro meses después y confirmó luego la inadmisión.

En su escrito, IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas sostienen la reapertura de la llamada pieza Carol –la de los audios de Corinna– como la gran baza en favor de su petición. La querella sostenía que los audios arrojaban ya en 2018 indicios de una “estructura organizada” creada y mantenida en el tiempo para “realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad”. Ahora, hay más indicios. 

Elevado bajo la fórmula de alegaciones, el escrito lanza una crítica poco soterrada a la Fiscalía: "Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos".

El Supremo dio cerrojazo a la querella contra Juan Carlos de Borbón precisamente con el argumento de que la Audiencia ya había investigado los hechos referidos en la denuncia pero que en septiembre de 2018 había sobreseído por falta de indicios. Dado que la Audiencia archivó el 7 de septiembre de 2018 la pieza Carol –subrayaba la resolución que tumbó la querella de IU–, no elevó a la Sala Penal del Supremo ninguna exposición razonada. Es decir, no remitió el escrito que un juez cursa al órgano jurisdiccional correspondiente cuando encuentra indicios delictivos contra alguien blindado por el aforamiento, en este caso Juan Carlos de Borbón. Utilizando el lenguaje jurídico, el Supremo vino a decir con otras palabras que la querella era un truco para sortear aquel archivo. Y que "el principio de seguridad jurídica" impedía admitirla. 

Pero ahora, aducen IU y el PCE, ha "cesado la causa que fundamentó el archivo de estas actuaciones" ante la Sala Penal del Supremo. Es decir, se ha revocado el sobreseimiento provisional de la pieza Carol. Y además, "existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación (...) remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado SM. Juan Carlos de Borbón". Por tanto, razona el escrito, "procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación".

Herederas de las abiertas por Anticorrupción cuando la Audiencia Nacional archivó la pieza Carol en septiembre de 2018, las diligencias de la Fiscalía del Supremo sobre el rey emérito se centran en dos eventuales delitos: fraude fiscal y blanqueo de capitales. Dado que a tenor de lo que hasta el momento ha trascendido los bienes ocultos por el monarca se encuentran en el extranjero, el delito fiscal no tiene por qué haber prescrito. Hacienda ya confirmó en 2018 a la Audiencia Nacional que el padre de Felipe VI nunca había declarado esos bienes. Y una ley en vigor desde 2013 convierte en imprescriptibles las infracciones tributarias con dinero o activos ubicados fuera del país.

Según El Confidencial, el rey emérito se está planteando regularizar su situación con Hacienda antes de que la Fiscalía le notifique lo que todo el país sabe: que le está investigando. La Fiscalía se niega a confirmar o a desmentir si ha dado algún paso para que Juan Carlos de Borbón tenga "conocimiento formal" de que ha incoado diligencias penales de investigación por un supuesto delito tributario. Si no lo ha hecho, el monarca ve incrementadas sus posibilidades de librarse de una acusación penal.

Los nuevos datos

Ahora, tanto la reapertura de la pieza Carol como el escrito remitido por IU y el PCE se convierten en dos fichas de dominó capaces de provocar un movimiento encadenado en todo el tablero que puede poner en aprietos a la Fiscalía y al Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque García Castellón reabre la pieza sobre los audios de Corinna con un formato en teoría acotado a hechos casi residuales. De manera inicial, el juez circunscribe las pesquisas al encargo que supuestamente hizo la antigua amante del rey a Villarejo para investigar si su asistente española había filtrado datos personales. Y explica la reapertura citando la recepción de determinados "oficios policiales" que aportan nuevos datos.

Pero todo apunta a que se trata de lo que el cine de suspense conoce como un macguffin: una excusa argumental sin relevancia verdadera y que permite a los verdaderos elementos de peso salir a la luz. El auto con que el titular del juzgado central 6 de la Audiencia reabre la pieza Carol dice que el objeto de las diligencias es averiguar lo que ocurrió con la asistente de Larsen. Pero, y aquí viene el aviso, es así "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otro tipo de infracciones conforme al carácter dinámico de la investigación". ¿Y a qué tipo de infracciones puede llevar el asunto de la asistente española de Corinna? Esa es hoy la gran duda, aunque lo cierto es que las diligencias toman como base los audios grabados por el comisario Villarejo a Corinna Larsen. Y en esas grabaciones la empresaria decía que el rey ocultaba fondos en el extranjero, que había cobrado comisiones por el AVE a la Meca y que la había utilizado a ella como testaferro.

Además, nadie sabe qué declararán –si no se acogen a su derecho al silencio– Villarejo ni Corinna, citados respectivamente para el 7 y el 8 de septiembre. Ni si en el supuesto de que quieran hablar ante García Castellón sobre el rey emérito lo permitirá la Fiscalía. Ni qué hará el juez. Ni qué ocurrirá cuando Suiza envíe, si es que no lo ha hecho ya, una segunda tanda de documentos a la Fiscalía del Supremo, que desde junio mantiene abiertas unas diligencias de investigación penal sobre el rey emérito. Si esa investigación de la Fiscalía concluye que ahora sí hay indicios suficientes contra el padre de Felipe VI, su obligación será interponer una querella. O tal vez se vea forzada a remitir sus conclusiones al juez García Castellón, que, por limitada que sea, ya tiene en marcha una causa sobre hechos cuyas características los conectan con Juan Carlos de Borbón.

En el auto con que la Sala Penal del Supremo inadmitió el 1 de abril de 2019 la querella de IU y el PCE hay un párrafo que hoy cobra especial protagonismo y enlaza con la posibilidad de que lo que averigüe la Fiscalía del Supremo acabe en manos de García Castellón. Ese párrafo dice lo siguiente: "Cuando un órgano jurisdiccional conoce de unos hechos de los que se pudiera derivar responsabilidad penal para varias personas y, entre ellas, figura una persona aforada, no debe abstenerse sin más de realizar cualquier investigación con respecto a esta última. Al contrario, de conformidad con una jurisprudencia reiterada de esta Sala (...), el juez instructor deberá practicar aquellas diligencias que le permitan individualizar de forma precisa la acción concreta que respecto de ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, expresando los indicios incriminatorios que pudiera servir de apoyo a tal imputación y que serán los que se reflejarán en la exposición razonada que dirija a esta Sala".

Diversas fuentes jurídicas han coincidido en los últimos meses en que la Fiscalía no es partidaria de que García Castellón se adentre en una investigación que, tarde o temprano, rozará al anterior jefe del Estado aun si es de forma tangencial. En octubre de 2019, el juez y los fiscales anticorrupción del caso Villarejo se reunieron en Madrid con el fiscal jefe de Ginebra, Yves Bertossa, responsable máximo de la investigación que en Suiza ha destapado datos sustanciales. Entre ellos, que Juan Carlos de Borbón está vinculado a dos fundaciones opacas. Y que una de ellas, la panameña Lucum, transfirió a Corinna Larsen 65 millones de euros dos meses después del accidente de caza en Botsuana. El rey emérito consta como el primer beneficiario de Lucum. Y, según las informaciones que se han ido filtrando hasta la fecha, también se ha visto favorecido por otra fundación. Esta se llama Zagatkka, se localiza en Liechtenstein y aparece capitaneada por su primo Álvaro de Borbón.