"De la Conferencia sobre Modelo de Estado que estamos preparando y de la que se hablará hoy, deben salir los apellidos del Estado federal que defendemos. Con un discurso que debe ser reconocible y entendible en todos y cada uno de los territorios del Estado y que debe ser garante de derechos básicos esenciales para todos los ciudadanos independientemente del lugar donde residan".
Cayo Lara leerá este sábado esta frase, o con una redacción similar, en su exposición del informe de coyuntura ante la Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, el órgano intermedio de poder que compone una setentena de dirigentes. Y, en efecto, IU comenzará a precisar los apellidos de su modelo de Estado federal. La formación de Lara siempre ha defendido el federalismo –ahí no radica la novedad–, pero sí tenía desactualizado su proyecto. La última revisión era de principios de siglo, en los tiempos en los que Gaspar Llamazares era coordinador, así que había que darle una vuelta en profundidad.
Lo decidió la X Asamblea Federal, hace casi un año: mandató organizar un cónclave monográfico sobre el modelo de Estado, para dotarse de una propuesta más "acabada" capaz de responder al desafío soberanista y la respuesta del Estado. Los trabajos, aunque con retraso, ya han echado a andar. Y hoy la Presidencia evaluará un primer borrador que ahonda en ese nuevo perfil de España que quiere IU, el "Estado federal, republicano, plurinacional y solidario", que se sustenta sobre las soberanías compartidas entre el Gobierno central y los Estados federados, el derecho a decidir, una profundización democrática –que contempla incluso que los ciudadanos puedan pedir referendos vinculantes– , un Senado con mucho más poder, una financiación más clara y una Justicia totalmente descentralizada. El texto va un paso más allá de la Declaración de Granada, aprobada por los socialistas el pasado 6 de julio, y en la que también componen el mosaico de una España federal.
La propuesta, de 46 páginas y a la que ha tenido acceso infoLibre, ha sido discutida por la ponencia –que integran los dirigentes Diego Valderas (Andalucía), Joan Josep Nuet (Esquerra Unida i Alternativa, Cataluña), Marga Sanz (Valencia), José Miguel Nuin (Navarra), Adolfo Barrena (Aragón) y Javier García (CUT)–, por los secretarios ejecutivos de la dirección federal y los coordinadores territoriales. La redacción enviada ayer a los dirigentes lleva la firma de Valderas, vicepresidente de la Junta andaluza y responsable regional de Política Autonómica. Este sábado, la Presidencia lo debatirá y de ella pasará a las federaciones, para que prosiga la discusión y se incorporen más enmiendas. El texto final llegará a la Conferencia sobre el Modelo de Estado prevista para el próximo 25 de enero, en Madrid. Acudirán al cónclave el Consejo Político Federal al completo (262 miembros), 65 delegados de los territorios, 25 invitados por la cúpula federal y otro más por cada uno de las federaciones.
Apuesta por una "ruptura democrática"
IU parte de la reflexión de que la crisis política responde en realidad a una crisis sistémica muy profunda, que no tiene su origen en "unos territorios roben a otros", sino que el problema esencial es que "unas clases sociales roban a otras". Como elementos que explican la "fatiga" del modelo de Estado, se encuentran la recesión económica, la corrupción, la "preeminencia del rol institucional en detrimento de la participación popular, el diktat del poder financiero, la configuración de un Estado "transicional y no definitivo" en 1978, la no resolución de la dimensión "plurinacional" del Estado... Todo ello hace necesario, para IU, una "ruptura democrática", un proceso constituyente, una "revolución" de la política que conduzca a una nueva arquitectura del Estado.
La salida, según entiende la formación de Lara, es el federalismo, que "hace posible la democracia y la participación ciudadana, el autogobierno local y regional, la cooperación y la solidaridad interterritorial, el restpeto y la integración de diferentes identidades, la compatibilidad entre autodeterminación y pertenencia a una organización política común".
IU aclara que su propuesta no encuentra su mayor "reto" en la necesidad de encajar la concepción "plurinacional" del Estado, ni en concretar una financiación autonómica "más justa y solidaria", sino en enfrentar el "proceso de desmantelamiento de la democracia y de los derechos sociales y laborales que los poderes económicos están ejecutando". Y ahí la federación inserta su concepto del derecho a decidir, que no es sólo la consulta soberanista en Cataluña –que sí defiende y ya lo firmó por escrito–, sino algo más amplio y de mayor alcance, como el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus "derechos democráticos y sociales, por cuanto son estos los que están siendo liquidados por el capitalismo global". Es "decidir el Estado social".
Otras reglas del juego
Para que se pueda ejercer ese derecho a decidir IU se compromete a impulsar un "proceso constituyente republicano", articulado como "herramienta democrática para ejercer el derecho a decidir desde una perspectiva social y de clase". Se trata de generar "otras reglas de juego basadas en la democracia participativa", en el "empoderamiento de las personas", desde una óptica "anticapitalista y republicana" que desmitifique, dice, la Transición.
"No hay tema en que los ciudadanos puedan quedar al margen. Nuestro concepto de construcción ciudadana se vertebra de abajo arriba", proclama la dirección. Es lo que llama "Estado de alta intensidad democrática", en el que más que preguntar a los ciudadanos es darles la "capacidad de decidir mediante consultas populares".
Partiendo de esos pilares, ¿qué propuesta concreta elabora IU?
Uno, un Estado republicano. Dos, un "Estado plurinacional", que reconozca la diversidad de naciones y culturas del Estado. Tres, un "Estado solidario", que significa un "poder público, fuerte, democrático y participativo, que se proponga intervenir para garantizar los derechos de todos", que promueva no sólo un Estado del bienestar, sino un "Estado con justicia social". Un Estado solidario implica, para IU, que se fije un sistema fiscal y de financiación "equitativo y solidario", que garantice como objetivo irrenunciable" que cualquier español reciba la "misma calidad de los servicios públicos básicos, los mismos derechos y las mismas prestaciones". Y para ello cada comunidad autónoma –unidad federada, según la organización que quiere IU– debe contar con los "recursos necesarios". Lo que plantea IU, por tanto, es un suelo social mínimo, unos derechos sociales básicos garantizados en todo el Estado.
Cuatro, un Estado "democrático y participativo". Aquí la federación introduce las propuestas más novedosas. Entre ellas, cambiar el referéndum consultivo y plebiscitario (el que existe hoy) por el referéndum vinculante, que pueda incluso derogar leyes. Los referendos podrían ser convocados por los Gobiernos estatal, autonómicos y locales –ahora es una prerrogativa del Ejecutivo central– o promovidos por un "número razonable de firmas en cada ámbito territorial". IU también quiere que se exija convocar un referéndum en cualquier reforma constitucional siempre que lo pida "un cierto número de electores", una modificación que tiene su raíz en el cambio "alevoso" de la Carta Magna lanzado por PSOE y PP en 2011.
La federación plantea imposibilitar que el Tribunal Constitucional pueda tumbar cualquier decisión adoptada por referéndum, como pasó con el Estatut, para lo que pide el recurso previo de inconstitucionalidad. Más ideas: desaparición de los "límites" a la iniciativa legislativa popular –o sea, que no excluya las materias de ley orgánica o de reforma de la Constitución– y rebaja de las firmas necesarias; sistema electoral proporcional y eliminación de la provincia como circunscripción; posibilidad de la revocación de los gobernantes; abolición de fueros procesales y privilegios; transparencia "absoluta" de todas las instituciones públicas, de los partidos y de los cargos...
Y cinco, un Estado completamente laico.
IU detalla cómo debe articularse la "convivencia" en este Estado federal. La piedra nuclear, además del referéndum, es el pacto de constitucionalidad entre el Estado y las comunidades autónomas, de forma que la soberanía no sea una e indivisible y la tenga el Estado, sino que exista cosoberanía o soberanías compartidas, plasmadas en la Constitución federal y las constituciones (o estatutos) de las unidades federadas. El reparto de competencias emana de una decisión cosoberana de las comunidades que se federan. El Estado "no perjudicará" ni a la mayoría social ni a las CCAA, y estas a su vez tendrán los mismos derechos. Es más, el Estado "imposibilitará", según entiende IU, que se produzcan involuciones de derechos y libertades en las unidades federadas.
Dudas sobre la composición idónea del Senado
La formación de Lara dedica un epígrafe a la Justicia, en el que propone una amplia descentralización. En líneas generales, a nivel estatal quedaría el Tribunal Supremo, con potestad para la unificación de doctrina, y el Tribunal Constitucional, como "salvaguarda del pluralismo" y como árbitro de los conflictos entre el Estado y las CCAA. El documento refleja dudas respecto al papel de la Audiencia Nacional, y se recuerda de hecho que una parte importante de la izquierda ha apostado por su supresión directa. Los Tribunales Superiores de Justicia serían la última instancia judicial en cada territorio. IU señala que "puede contemplarse" la creación de Consejos de Justicia: pequeños CGPJ a escala autonómica.
¿Y el Senado? IU, como ya hacía el PSOE, no se inclina por un modelo de composición concreto. Se fija en el sistema alemán, donde los senadores son elegidos por los Gobiernos de los Länder, en el austriaco, donde son designados por sus asambleas regionales, o en un mixto. La Cámara alta, según propone IU, ganaría mucho poder: tendría derecho de veto respecto a los proyectos de ley del Congreso que afecten negativamente a las competencias de las CCAA; competencia para declarar en los estados de alarma, excepción y sitio; poder para decidir sobre cuestiones relativas a la estructura del Estado, participación en la designación de miembros de órganos constitucionales, competencia de decisión en materia de financiación autonómica.
El documento hace una reserva expresa del mundo local, como otra de las patas nucleares del Estado. IU reconoce a los ayuntamientos autonomía política y financiera, "pues sin poder económico no existe el poder político". Se articula así una defensa frente a la reforma municipal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la parte final del texto IU afronta la financiación, si bien desglosa los principios generales (equidad y eficiencia) y los objetivos: cohesión, bienestar social, progreso y adaptabilidad. Estado y unidades federadas estarían "en pie de igualdad". La formación de Lara que el nuevo sistema ha de bascular no sobre el coste del servicio prestado, sino establecer un estándar de calidad y "universalidad de los servicios públicos que sea homogéneo" en toda España.
La última parte es la vinculación con la Unión Europea. Es decir, cómo los Länder españoles deben ser partícipes de la fijación de la posición del Estado en la UE, en los asuntos relativos a sus intereses.
"Como si Elena Salgado fuera Rosa Luxemburgo"
La dirección de Cayo Lara critica la actitud “insumisa” y “autista” de IU Madrid
El borrador sobre el modelo de Estado no es el único documento que estudiará la Presidencia Federal de este sábado. Van varios más. Los más significativos son el informe de gestión de Lara y la propuesta de campaña política redactada por José Luis Centella, el coordinador del órgano. En el primero, Lara hace un repaso de la coyuntura con una frase rotunda: "Jamás un Gobierno hizo tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo". Y desgrana cómo el Ejecutivo, la troika y el poder financiero siguen dando un "golpe de Estado a los derechos sociales, laborales, sindicales, económicos y civiles", una hoja de ruta neoliberal "asumida" por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que el expresidente justifica "como la tabla de salvación" frente a la amenaza de un Gobierno tecnocrático impuesto desde Bruselas, "como si Elena Salgado fuera Rosa Luxemburgo", se mofa el coordinador.
Lara detecta una “fatiga” en la contestación social, algo que también incluye Centella en su informe. Por eso propone dar un “giro global” a las tareas que ha venido desarrollando IU. En síntesis, plantea ahondar en una propuesta que se asiente en cuatro pilares: alternativa política, económica, social y de defensa de lo público. El coordinador de la Presidencia explicita que no se trata de redactar un programa electoral completo, sino de vertebrar un discurso “con ideas fuerza, basadas en valores y principios que movilicen el imaginario colectivo para la acción”. Un discurso que debe tomar carne en una plataforma "de seis o siete ideas fuerza" que se concrete de forma participativa e “interactiva” con la acción institucional de IU. Para ello, sugiere realizar una campaña de “encuentros, asambleas, acciones e iniciativas institucionales” en diciembre-enero que enfaticen la política de IU y amplíe sus “alianzas en la base”.
La cúpula lleva asimismo a la Presidencia su propuesta de calendario para los próximos meses y el encaje del proceso de las elecciones europeas de mayo de 2014. El hito clave antes de Navidad es el IV Congreso del Partido de la Izquierda Europea (PIE), el 13, 14 y 15 de diciembre, en Madrid. El 11 de enero, reunión del Consejo Político Federal; el 25, la Conferencia de Modelo de Estado y el 8 de febrero, otra cita del Consejo, presumiblemente para sancionar definitivamente la candidatura y el cabeza de lista. El 22 de febrero IU ha incluido en su agenda la asamblea programática electoral, en la que pretende demostrar en un gran foro público su camino de convergencia con otras fuerzas y movimientos sociales y la redacción de un programa común de cara a los comicios a la Eurocámara. Dicho de otro modo: en menos de tres meses, IU debe tener todo listo para las europeas.
"De la Conferencia sobre Modelo de Estado que estamos preparando y de la que se hablará hoy, deben salir los apellidos del Estado federal que defendemos. Con un discurso que debe ser reconocible y entendible en todos y cada uno de los territorios del Estado y que debe ser garante de derechos básicos esenciales para todos los ciudadanos independientemente del lugar donde residan".