Izquierda Unida y Podemos ponen sobre la mesa del Tribunal Supremo los llamamientos a una intervención militar en España. Ambos partidos han presentado este miércoles una querella criminal contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch por los mensajes que éste lanzó desde su cuenta de la red social Twitter llamando a la "intervención del Ejército" y a "violentar el orden constitucional vigente". Manifestaciones que, según exponen en el escrito, "se produjeron en un contexto" en el que desde "determinados sectores de la sociedad" se estaba alentando "la creación de un agresivo clima de rechazo" a la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En concreto, los querellantes acusan al eurodiputado del partido de extrema derecha de provocación para la rebelión armada –artículo 477 del Código Penal–, amenazas al Gobierno de la Nación –artículo 504– y un delito de odio –artículo 510– "al promover de forma directa hostilidad y violencia por razón de ideología". Y piden al Supremo que solicite al Parlamento Europeo la tramitación y aprobación del pertinente suplicatorio para levantar la inmunidad de Tertsch como miembro de la Cámara.
Los hechos se remontan al pasado 2 de enero, cuando el también periodista escribió en redes sociales: "En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8 para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación". El mensaje, tal y como recuerdan en la querella, fue publicado pocas horas antes de que diera comienzo en el Congreso la primera sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un tuit que, apostillan, "ha tenido una notable repercusión en los medios de comunicación, lo que da cuenta de la preocupación que ha generado en la sociedad española esta declaración del querellado". Y todo ello sin olvidar, completan, la "capacidad de difusión" de Tertsch, con más de 157.000 seguidores en Twitter, que se habría "amplificado" gracias a los más de seis centenares de retuits y el más de un millar de me gustas.
IU y Podemos ponen sobre la mesa el contexto en el que se escribió el mensaje en las redes sociales. Las manifestaciones, explican, se realizaron en un momento "en el que determinados sectores de la sociedad alentaron la creación de un agresivo clima de rechazo" a la investidura del candidato socialista. De hecho, sólo diez días antes, el exjefe del Ejército de Tierra y actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, había asegurado en un artículo publicado en El Mundo que Pedro Sánchez constituía "un problema para la seguridad nacional", añadiendo que los "poderes del Estado" –sin identificarlos– no debían "permitir" que el entonces líder del Ejecutivo en funciones pusiese "impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado". "El querellado viene participando de la generación de un clima de hostil confrontación frente a las legítimas y democráticas decisiones del Gobierno de España, generando un contexto de velada amenaza respecto a las decisiones que el Ejecutivo constitucional viene adoptando", apuntan los querellantes.
Además del mensaje lanzado por el eurodiputado del partido ultraderechista a comienzos de enero, el escrito pone sobre la mesa otro "recordatorio o amenaza implícita" escrita por Tertsch este miércoles. "El vicepresidente de la Generalidad, Aragonès, confirma los planes separatistas en la inminente reunión Sánchez-Torra: ‘No es como las otras, se sentarán a hablar de independencia", lanzó en su cuenta de Twitter. Un mensaje que acompañó de una imagen con el contenido del artículo 8 de la Constitución Española: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Tanto Izquierda Unida como Podemos entienden que se trata de un llamamiento "en el sentido de que las Fuerzas Armadas, que se encuentran jerárquicamente subordinadas al Gobierno […], activen su fuerza en contraposición a la acción de impulso ejecutivo y legislativo".
Acusado de tres delitos
La querella acusa al europarlamentario de Vox de provocación para la rebelión armada, amenazas al Gobierno de la Nación y delito de odio. Sobre el primer tipo, recogido en el artículo 477 del Código Penal, los querellantes recuerdan que uno de los fines de la rebelión que se recoge en el ordenamiento jurídico es el de la sustitución por otro del Ejecutivo. Y que la provocación, conspiración y proposición para cometer este delito está castigada con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del tipo correspondiente. En este sentido, señalan que "no cabe duda" de que el querellado se ha valido de un "medio de difusión de masas" para publicitar "su incitación a la rebelión de los miembros de las Fuerzas Armadas". Además, aseveran que si el legislador "ha incluido la provocación (o incitación)" para la comisión del delito es por "las graves consecuencias" que las conductas "provocadoras de un alzamiento o insubordinación de carácter militar" pueden tener "sobre la paz social y el normal funcionamiento del juego democrático", con el consiguiente "peligro real para la integridad de las personas y su vida en libertad".
El escrito presentado en el Alto Tribunal considera, en relación con el segundo delito, que el llamamiento realizado por Tertsch en redes sociales constituye "un intento de amenazar o atemorizar" tanto al Ejecutivo como al conjunto de funcionarios y empleados que trabajan para él con el objetivo de que "no desplieguen las políticas que han sido objeto de refrendo por parte del Parlamento". "En tanto de lo contrario –continúa la querella–serán las Fuerzas Armadas las que deberán asumir, de forma autónoma y sin estar sujetas a las órdenes del Gobierno que el querellado dice rechazar, el control de la vida política del país para restaurar lo que a juicio del querellado debe ser la correcta aplicación de su propia interpretación de los valores que representa la Constitución".
Pero también puede ser constitutivo, añaden, de un delito de odio al entender los querellantes que esta conducta pública "fomenta, promueve o incita de forma directa o indirecta" la "hostilidad" o "violencia" contra aquellas personas que apoyan la acción del Gobierno. "Todo ello por razón de su ideología", afirman.
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"No cabe razonar" que estemos "ante desvaríos"
Izquierda Unida y Podemos también analizan el "alcance y verosimilitud" del contenido de los mensajes lanzados. En su opinión, "no cabe razonar" que nos encontremos "ante desvaríos o querencias absolutamente descabelladas" y sin sustento en la sociedad. Y, en este sentido, recuerdan que el eurodiputado de la extrema derecha española tiene como compañeros de partido a diferentes militares retirados "que pudieran tener predicamento e influencia" dentro de las Fuerzas Armadas y que "de forma indiciaria, parecen compartir total o parcialmente las proclamas del querellado". Con el objetivo de apuntalar este relato, ponen sobre la mesa del Supremo una noticia de El País en la que se afirmaba que las manifestaciones realizadas por Coll a finales de diciembre estaban "circulando profusamente por grupos de Whatsapp de militares, muy sensibilizados ante el independentismo catalán y preocupados con los últimos acontecimientos". "Se puede razonar de forma certera y honesta que tales soflamas pueden generar o generan un clima de temor o amedrantamiento entre algunos individuos o parte de la población civil", señala el escrito.
Por todo ello, las dos formaciones políticas, que piden su admisión como acusación popular, consideran que "resulta preciso abrir una investigación penal" en el Alto Tribunal que aclare "el contenido subjetivo de los llamamientos realizados" y despeje la acción del "Gobierno legítimo" de "amenazas" o "temores" que "no resultan irracionales" teniendo en consideración "la propia historia de nuestro país". Y, para ello, solicitan al Supremo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, proceda a pedir al presidente de la Eurocámara la tramitación y aprobación del pertinente suplicatorio para levantar la inmunidad de Tertsch como parlamentario comunitario y poder llevar a cabo la investigación de los hechos. "Una vez aceptado […], solicítese a la red social Twitter certificación de los tuits" del querellado, recoge el escrito presentado, que también pide que se acuerde la declaración del político de Vox en sede judicial.
Izquierda Unida y Podemos ponen sobre la mesa del Tribunal Supremo los llamamientos a una intervención militar en España. Ambos partidos han presentado este miércoles una querella criminal contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch por los mensajes que éste lanzó desde su cuenta de la red social Twitter llamando a la "intervención del Ejército" y a "violentar el orden constitucional vigente". Manifestaciones que, según exponen en el escrito, "se produjeron en un contexto" en el que desde "determinados sectores de la sociedad" se estaba alentando "la creación de un agresivo clima de rechazo" a la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En concreto, los querellantes acusan al eurodiputado del partido de extrema derecha de provocación para la rebelión armada –artículo 477 del Código Penal–, amenazas al Gobierno de la Nación –artículo 504– y un delito de odio –artículo 510– "al promover de forma directa hostilidad y violencia por razón de ideología". Y piden al Supremo que solicite al Parlamento Europeo la tramitación y aprobación del pertinente suplicatorio para levantar la inmunidad de Tertsch como miembro de la Cámara.