Izquierda Abierta lleva su primera amenaza a término. Prometió que recurriría ante la Comisión Federal de Garantías –el máximo tribunal interno de Izquierda Unida– la confección de la lista europea y lo ha hecho. Este martes. El partido coliderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz presentó su impugnación contra una candidatura que representa, a su juicio, un "ejercicio intolerable de deslealtad y desprecio a los estatutos y, por ello, a la democracia". Y pide que se atienda su demanda de forma "urgente y preferente", pues el 1 de abril se convocan oficialmente los comicios europeos del 25 de mayo. Si no, mantiene su segunda amenaza viva: ir a los tribunales.
El recurso, de diez páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, y que también firma el Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT) del líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, repasa someramente el proceso de elaboración y votación de la lista europea, sancionada el pasado 1 de marzo en el Consejo Político Federal (CPF), el máximo órgano de dirección, compuesto por más de 200 miembros. En aquella cita, se sometió primero a votación la reserva de los puestos tres (para ICV), cinco (para Anova) y ocho (para Chunta Aragonesista), en virtud de los acuerdos cerrados y posibles con los aliados electorales. Salió adelante por el 85,46%. Después se pidió el parecer sobre el bloqueo de las plazas dos y siete de la candidatura para "referentes sociales" –Paloma López, de CCOO, y el activista Javier Couso, hermano del cámara muerto en Irak José Couso, ambos militantes de IU–, "sin permitirse en la proposición debatir, dar nombres alternativos, votar a los candidatos propuestos".
Esa reserva del dos y del siete fue una componenda del sector mayoritario que apoya a Cayo Lara para que el grupo liderado por el dirigente federal Enrique Santiago no presentara una lista alternativa y aceptara que el número uno fuera Willy Meyer y no la castellonense Marina Albiol. O sea, fue producto del pacto interno dentro de la propia mayoría. Ello supuso el cabreo nada disimulado de Izquierda Abierta, que aspiraba a colocar a su candidato elegido en primarias abiertas, Tasio Oliver, en el puesto siete.
Al verse desplazada al asiento número 11 (el 9 estaba guardado en principio para el hombre promovido por la federación catalana de IU, Gerardo Pisarello), IzAb decidió presentar candidatura alternativa liderada por Oliver. Logró el 22,6% de los votos del Consejo, frente al 77,4% de la lista de Meyer. Así, Oliver pudo conseguir el puesto nueve, pero no el siete, porque estaba (y está) bloqueado para Couso. Ahora, lo que reclaman los gasparistas es que con su 22,6% le corresponde el número seis (tras Meyer, Paloma López, ICV, Marina Albiol y Anova. "Al haberse detraído los puestos 2 y 8, se nos adjudica como primer puesto el 9 de la lista. Es decir, se omite deliberadamente el primer tramo de cinco en la proporcionalidad estatutaria". Y esto es así porque los estatutos de IU dicen que cuando hay varias listas en confrontación, las plazas se reparten de forma proporcional y en tramos de cinco.
El "capricho" de bloquear puestos
IzAb y CUT, en su recurso –que firman los tres primeros integrantes de su lista altenativa: el propio Oliver, junto con Carmen García Bueno y Pedro Chaves– alegan que esa decisión de "eliminar o reservar" las plazas 2 y 7 "supone una vulneración del principio de pluralismo, participación e igualdad de los miembros del órgano y de todos los afiliados de IU a los que se les impide acceder en condiciones de igualdad estatutaria al acceso a cargos públicos". El partido de Llamazares se apoya en lo recogido en los estatutos de IU y en los artículos 22 (derecho de asociación), 23 (acceso al cargo público) y 25 (principio de legalidad) de la Constitución.
"No es lo mismo reservar puestos en la lista electoral a otras organizaciones políticas o asociativas cuyo tratamiento sería de socios electorales. En cuyo caso se refrenda un acuerdo político de colaboración que, previamente conocido, es refrendado por el CPF, que detraer de la lista una serie de puestos en base a un criterio arbitrario de selección, que no es conocido, sobre el que no existe consenso, ni tan siquiera en un primer momento se manifiesta qué personas serían, ni se sabe qué referentes sociales representan". Izquierda Abierta considera que esa postura es "ilógica", "carente de todo raciocinio democrático y respeto a la organización", porque el Consejo "no puede bloquear caprichosamente puestos electorales vulnerando lo establecido en los estatutos". Estatutos que, en su artículo 89. a), recuerdan, establecen que si hay candidaturas alternativas, "se articularán procesos de consulta a los afiliados en forma de primarias u otras conforme al reglamento que regula su desarrollo". No hacer primarias y reservar puestos es, a juicio de IzAb, "un abuso de derecho".
Los gasparistas denuncian más deficiencias. Por ejemplo, que no se estableciera qué ocurre si alguna alianza no se cierra (como podría pasar con Chunta). O por qué se aprobó una "lista incompleta". La candidatura de Meyer contenía sólo 17 nombres, cuando en los comicios del 25 de mayo España elige a 54 eurodiputados. A la mayoría, según su resultado del 77%, le correspondería poner 32 aspirantes, así que IzAb se teme que ponga el resto después, sin pasar por un órgano. "Lo que bajo ningún concepto puede admitirse es la incorporación posterior a la votación de militantes de IU". La dirección de Lara justificó en su día que la lista quedaba abierta a falta de incorporar a más integrantes de los partidos aliados y de miembros de movimientos sociales.
El texto señala que la actuación del Consejo constituyó un "fraude de ley" a la normativa estatutaria, que sólo tenía como fin "evitar las consecuencias" que tiene para la mayoría de Lara la concurrencia de una lista alternativa.
Argumentos "consistentes"
Izquierda Abierta se siente orgullosa de la solidez de su impugnación, pues recoge una parte amplia de fundamentos de derechos trabajados con abogados cercanos, y que expone lo contemplado en la Constitución, la Ley de Partidos Políticos, los estatutos de IU, la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, la Ley de Enjuiciamiento Civil y las sentencias del Tribunal Constitucional. Por eso, por la "consistencia" de sus argumentos, reclama a la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas que tramite el recurso de forma "urgente y preferente". Y deja ver qué ocurriría en caso contrario: iría a los tribunales para solicitarles la adopción de medidas cautelares. "Somos conscientes de la gravedad que supondría vernos en la obligada necesidad de acudir a la justicia ordinaria para que se respete la legitimidad de nuestros derechos fundamentales", esgrimen Oliver, García Bueno y Chaves.
Los gasparistas concluyen que el Consejo "realizó un ejercicio intolerable de deslealtad y desprecio a los estatutos, y por ello a la democracia, que deberá ser subsanado para evitar males mayores, que nos llevaría a una pérdida de votantes y de presencia de nuestra opción política en pro del bien común". "Hemos de recordar a algunos miembros que IU no es de nadie, y es de todos, pero sobre todo no podemos permitir que sea de posiciones unilaterales que unilateralmente crean reglamentos ad hoc para pervertir, de forma también unilateral, las normas básicas que rigen los procesos internos y que son, en definitiva, las únicas vías que aseguran la democracia, la pluralidad y la convivencia de minorías y mayorías en el seno de nuestra organización".
Oliver y sus compañeros recuerdan que la candidatura se confeccionó gracias a negociaciones de la mayoría entre el jueves y el viernes, sin contar con IzAb, cuando el espíritu fundacional de IU impone el "consenso". "Estamos a tiempo de rectificar el dantesco espectáculo, la nefasta forma de entender la democracia que se demostró en la actuación del Consejo, algo que debe ser lógico, de sentido común y de justicia. Es obligación de todos defender la esencia de IU, y ello ha de realizarse desde la propia organización, porque nosotros, por principio, estamos contra la judicialización de la vida política de la organización, que nos llevaría a una pérdida de representatividad y confianza", concluyen.
Si no hay más solución, primarias
En definitiva, IzAb y CUT piden que se les conceda el puesto seis y sucesivos, proporcionalmente a su peso del 22,6%; que a la lista de Meyer se le concedan 17 plazas (las que tenía su candidatura) y el resto los ponga el partido de Llamazares y que si se "pervierte el resultado" de la votación del Consejo, se pongan en marcha unas primarias.
El recurso ante Garantías llega tras la "ausencia de diálogo" con la dirección de Lara, según denuncian los gasparistas. El mismo 1 de marzo, IzAb remitió una carta a Lara en la que le pedía que reconsiderara el procedimiento y se aviniese a negociar. Pero desde entonces no ha habido aproximación. Ni respuesta a la misiva. La cúpula federal ya señaló en su momento que era difícil mover un acuerdo del Consejo Político, así que la polémica debía ventilarse en Garantías. El propio coordinador ya aseguró en rueda de prensa el pasado lunes, 10 de marzo, que el tribunal interno de IU se reunirá en breve para dirimir si se han vulnerado derechos de los militantes.
A este recurso de Oliver, García Blanco y Chaves seguirá otra nueva impugnación de la dirección de IzAb, que reforzará los argumentos del escrito presentado el martes, según acordó la ejecutiva del partido, reunida lunes.
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Malestar también de IU Madrid
Lo cierto es que la elaboración de la lista de IU generó y aún genera tensiones internas. Al enfado de Izquierda Abierta hay que sumar el malestar de EUiA –al final Pisarello renunció y la cúpula catalana lamentó la "falta de visión política" de la federación– y la airada protesta de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM). En este último caso, se cruzan más variables, pero la resultante es clara: la ejecutiva regional, encabezada por el coordinador, Eddy Sánchez, respaldó por 17 votos a favor y 9 en contra un texto [ver aquí en PDF] en el que condenaba la "exclusión" de IU-CM de la candidatura europea, pues no figuró en ningún puesto de salida Lidia Fernández, y Couso fue presentado como "referente social". Esa discrepancia dentro de la propia mayoría dirigente de la federación madrileña (que hasta ahora pesaba un 51%) evidencia su fractura. Paloma López había sido, de hecho, la primera persona en quien pensó parte de esa mayoría, pero dado su perfil nacional –ella era secretaria confederal de Empleo de CCOO–, Olimpo, el estamento federal, asumió las negociaciones. Lara replicó apuntó hace dos días que armar una candidatura supone una "complejidad lógica", pero añadió que la aprobada por IU es "potente" porque aglutina a los componentes de la sociedad que se moviliza en la calle.
Además, el acuerdo con Chunta Aragonesista peligra. La semana pasada, después de que infoLibre informase del disgusto de los nacionalistas con la dirección de Lara, a la que acusaban de "desplante", CHA recibió una llamada del secretario federal de Organización, Miguel Reneses. Este miércoles se prevé reunión de las dos cúpulas en Zaragoza, con el fin de limar asperezas y reconducir las conversaciones.
Izquierda Abierta lleva su primera amenaza a término. Prometió que recurriría ante la Comisión Federal de Garantías –el máximo tribunal interno de Izquierda Unida– la confección de la lista europea y lo ha hecho. Este martes. El partido coliderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz presentó su impugnación contra una candidatura que representa, a su juicio, un "ejercicio intolerable de deslealtad y desprecio a los estatutos y, por ello, a la democracia". Y pide que se atienda su demanda de forma "urgente y preferente", pues el 1 de abril se convocan oficialmente los comicios europeos del 25 de mayo. Si no, mantiene su segunda amenaza viva: ir a los tribunales.