El pasado miércoles, la Comisión Europea aprobó la propuesta de modificación de la taxonomía de la UE para calificar como "verdes" al gas natural y la energía nuclear. No es un asunto simbólico ni trivial. La decisión habilita a estas tecnologías a luchar en igualdad de condiciones junto a las renovables por las inversiones públicas y privadas que se pondrán sobre la mesa en las próximas décadas; a pesar de que el uso del combustible fósil emite tanto CO2 como metano, gases de efecto invernadero, y a pesar de las dudas sobre la rentabilidad de las centrales atómicas y la gestión de sus residuos radiactivos durante décadas. La iniciativa del Ejecutivo comunitario no tiene el apoyo ni de los propios expertos en finanzas sostenibles de Bruselas, ni de los ecologistas, ni de la inmensa mayoría de organizaciones de acción climática, ni de varios países del club; ni siquiera de todos los comisarios.
El debate sobre la mesa va más allá de lo acertado o lo desacertado de la iniciativa de la Comisión. Va de las inmensas dificultades de una transición ecológica justa y de los también inmensos privilegios de los que han acumulado capital y poder alrededor de la energía después de la Revolución Industrial. Las energías limpias, por ahora, no pueden asumir toda la demanda de electricidad y aún faltan décadas hasta que puedan hacerlo (si es que pueden). Ante este panorama, se abren tres vías: una, la de apostar aún más por eólica, fotovoltaica e hidrógeno verde para acelerar las procesos. Otra, la de utilizar el gas como "combustible de transición", porque es el fósil menos malo. Y la tercera pasa por revivir la denostada nuclear, libre de emisiones pero no de costes ni de riesgos. No son opciones excluyentes. Pero los europarlamentarios anticipan una "batalla campal" en las próximas semanas en Bruselas.
El acto delegado, nombre técnico de la propuesta de la Comisión, puede ser rechazado por el Consejo o por el Parlamento Europeo. Ambas opciones son difíciles, por los requisitos del reglamento. En cuanto al primer órgano, solo se puede decir no a la iniciativa de la Comisión si se ponen de acuerdo 20 de 27 Estados miembro. En cuanto al segundo, se necesita la negativa de la mayoría: 353 parlamentarios de 705.
El rechazo del Consejo es, por el momento, prácticamente imposible. La mayoría de los países ven con buenos ojos, aunque sea de manera parcial, este cambio en la taxonomía. La jugada ha sido hábil, asegura Javier López, eurodiputado socialista; al juntar gas y nuclear en el mismo acto delegado, el Ejecutivo se asegura el apoyo de los países que quieren utilizar tanto una como otra tecnología en los próximos años. Así, solo España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca están en contra de manera radical de la modificación: de hecho, los tres últimos han denunciado a la Comisión por una decisión que entienden ilegal. "La propuesta no envía las señales adecuadas a la inversión en energía limpia desde el momento en el que otorga el mismo tratamiento al gas y la nuclear que a fuentes indiscutiblemente limpias, como la eólica y la solar", recordaron el lunes desde Transición Ecológica.
Francia lidera el grupo de países que quieren que la nuclear sea no solo su presente, sino su futuro energético: de hecho, el país ha sido el único que ha incumplido las metas de renovables de 2020 y tiene modelo monopolístico con el que Bruselas quiere acabar. Junto a la nación gala están Bulgaria, Rumanía. Hungría, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, República Checa, Bélgica, Suiza, Estonia y Países Bajos.
Alemania, por su parte, ha desplegado su enorme influencia en el club comunitario para teñir de verde al gas natural. Los germanos son históricamente reticentes a la energía nuclear y su Ejecutivo ha protestado enérgicamente por su inclusión en la taxonomía sostenible: pero dependen del gas ante el abandono del carbón que llevan años ejecutando y la inmadurez de las renovables. Países como Chipre, Grecia o Malta están en este barco. Los vecinos de Portugal aún no se han pronunciado con claridad, ante el desespero de las organizaciones ecologistas lusas.
Sin embargo, explica López, la brecha puede abrirse por el lado germano. "Los alemanes dependen del gas pero es probable que puedan rechazar la inclusión de las dos fuentes", asegura. Y esta posibilidad cobra aún mayor relevancia en el Europarlamento. Socialdemócratas, verdes e izquierda han manifestado su rechazo sin matices a la consideración de verdes de estas dos tecnologías. Tienen 258 diputados; por lo que necesitan apoyos de Renew Europe (liberales) o el Partido Popular Europeo (conservadores), toda vez que la extrema derecha está encantada con todo lo que signifique retrasar la transición energética.
Sin embargo, el eurodiputado recuerda que en esta cámara no hay disciplina de voto. Postcomunistas, verdes y socialdemócratas han manifestado su rechazo al acto delegado, pero en ocasiones, las dinámicas nacionales importan más. En las filas del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas podrían escaparse algunos votos a favor, igual que en el resto de grupos a la izquierda: dependiendo del panorama energético de cada nación. Y esto puede cambiar las tornas. Euractiv cuenta que en Renew Europe los franceses, del partido de Macron, son mayoría y pueden hacer valer su posición: pero los conservadores alemanes de la excanciller Angela Merkel militan en el PPE. Y no les gusta nada la energía nuclear.
Bruselas mantiene el gas y la nuclear como inversiones 'verdes' pese al rechazo de expertos y España
En todo caso, no será fácil. La puerta no se ha cerrado, pero es pesada: hay pocos precedentes de una mayoría así contra un acto delegado. Por eso, los progresistas tantean una alternativa: en vez de rechazar el acto delegado, tramitarlo como proyecto de ley para modificarlo, apostando por una tecnología y no por las dos o incluyendo matices. Así lo explica Sira Rego, de La Izquierda: "Estamos en conversaciones con todo el espectro progresista de la cámara para plantear una votación en el pleno y frenar este acto delegado para abrir un proceso legislativo. Es una decisión tan sorprendente que ha unido en su contra desde ecologistas a inversores. Por eso esperamos que cualquier demócrata dentro del Parlamento Europeo considerará razonable apoyar la propuesta para poder debatir en el pleno y dar voz a los distintos intereses, es decir, abrir un debate democrático".
Se dirigen al "espectro progresista", pero el propio Partido Popular Europeo, posiblemente influido por los alemanes, ha protestado contra la decisión de la Comisión Europea de cambiar la taxonomía mediante un acto delegado; por lo que podrían apoyar una tramitación distinta. "Lamentamos profundamente que la Comisión Europea no involucrara más al Parlamento Europeo antes de hacer su propuesta. El futuro de la energía limpia es un bien común que preocupa a todos los europeos. El Parlamento y los Estados miembros deben participar al mismo nivel", aseguró la vicepresidenta del grupo, Esther de Lange, aunque en el mismo comunicado reconoció el papel de gas y nuclear para la transición.
"Un colegio de comisarios no elegidos en las urnas está decidiendo sobre un asunto central para el futuro de Europa y de nuestro planeta y, además, no ha sido una decisión unánime entre ellos, critica Rego. Aun así, todas las fuentes consultadas coinciden en que será difícil pararle los pies a Ursula Von der Leyen. La Comisión se escuda en que, como muestran los informes, el uso del sucísimo carbón no está cayendo al ritmo que debiera. Y la falta de perspectivas a largo plazo del gas está estancando la oferta mientras aumenta la demanda, lo que sube escandalosamente los precios; por lo que el Ejecutivo comunitario decide darle un respiro al combustible fósil. Sin embargo, la evidencia científica sobre la crisis climática no entiende de prórrogas.
El pasado miércoles, la Comisión Europea aprobó la propuesta de modificación de la taxonomía de la UE para calificar como "verdes" al gas natural y la energía nuclear. No es un asunto simbólico ni trivial. La decisión habilita a estas tecnologías a luchar en igualdad de condiciones junto a las renovables por las inversiones públicas y privadas que se pondrán sobre la mesa en las próximas décadas; a pesar de que el uso del combustible fósil emite tanto CO2 como metano, gases de efecto invernadero, y a pesar de las dudas sobre la rentabilidad de las centrales atómicas y la gestión de sus residuos radiactivos durante décadas. La iniciativa del Ejecutivo comunitario no tiene el apoyo ni de los propios expertos en finanzas sostenibles de Bruselas, ni de los ecologistas, ni de la inmensa mayoría de organizaciones de acción climática, ni de varios países del club; ni siquiera de todos los comisarios.