Juan Carlos Campo viste traje de chaqueta. Pero si el aura existe, lo que deja ver en su caso sigue siendo una toga que le lleva a medir cada palabra casi con una balanza. Campo (Sevilla, 1961) ha tocado casi todos los palos en el mundo jurídico: magistrado desde hace 33 años, fue vocal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), director general de Justicia en Andalucía, secretario de Estado con Francisco Caamaño como ministro del departamento que ahora él mismo dirige y durante tres legislaturas portavoz del PSOE en el Congreso para el área que mejor conoce. Volcado desde su llegada al cargo en la modernización de la justicia con el proyecto Justicia 2030, partidario de una reforma lenta pero segura y consensuada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con la palabra "acuerdo" como leitmotiv de su discurso, resulta difícil que el ministro endurezca el tono.
En esta entrevista y en un momento en que el peso de los tribunales en la vida pública no cesa de crecer, Campo sí lo hace cuando se le pregunta por los nombramientos discrecionales para plazas judiciales de altura –ya van 57 y se preparan otros 30– efectuados bajo mayoría conservadora por un CGPJ cuyo mandato expiró hace año y medio. La renovación, dice en un mensaje claramente dirigido al PP, es un mandato constitucional: "No nos podemos arropar en la Constitución cuando queramos y después no cumplirla cuando no nos guste". Es en ese punto donde habla de manera más directa. En los demás, opta por una discreción de tal calibre que ni siquiera considera "prudente" pronunciarse sobre la situación de su compañero de Gobierno Pablo Iglesias por las complicaciones judiciales del llamado caso Dina. Y cuando, al hilo del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como comandante de la Guardia Civil de Madrid, se le pregunta si hay elementos antidemocráticos en las Fuerzas de Seguridad del Estado, responde así: "“¿Que puede haber un garbanzo negro? Pues como en todos los patios".
¿La justicia es igual para todos?
La justicia es igual para todos.
¿También para el rey Juan Carlos I?
También para el rey Juan Carlos I.
¿Cree que el rey emérito sigue siendo inviolable más allá de su periodo como jefe de Estado, tal y como vienen a decir los letrados del Congreso?
Lo primero que hay que decir es que la justicia es igual para todos. La figura de la justicia con sus ojos vendados no distingue. A partir de ahí, creámonos de verdad las instituciones y los pilares que vertebran nuestra democracia: la presunción de inocencia y la igualdad. Pero estamos acostumbrándonos al juicio paralelo anticipado y realmente no dejamos que quien tiene que opinar jurídicamente sobre ese particular lo haga. Dejemos que la Fiscalía actúe y que los tribunales decidan.
¿No le preocupa esa sensación de impunidad que se cierne sobre el 'ciudadano particular' que ahora es Juan Carlos de Borbón?
No lo veo así. De hecho, están ahí las investigaciones y no hay más que repasar las hemerotecas de todos aquellos que uno pensaba eran intocables. La justicia es ciega. Se pone en marcha y poco a poco, generalmente más lenta de lo deseable, hace lo que tiene que hacer. Dejemos que las instituciones funcionen y no deterioremos las altas instituciones del Estado con especulaciones que pueden hacer daño a la credibilidad.
¿Usted cree que sería deseable una ley que obligara, por ejemplo, al jefe del Estado a hacer público su patrimonio, como ha tenido que hacer usted como parlamentario o ministro de Justicia?
Creo que todas las instituciones del Estado están haciendo un ejercicio permanente y creciente de transparencia y por tanto de confiabilidad, porque es de lo que se trata. Creo que la Corona está haciendo un avance paulatino. A unos les parecerá muy rápido y a otros demasiado lento, pero lo cierto es que está haciendo un ejercicio de transparencia y de normalización . Y que es una pieza clave del Estado, tal como lo concebimos en 1978.
En el Congreso habló usted varias veces de un término que le va persiguiendo en las últimas semanas: "crisis constituyente". Pero dijo más cosas. "Nuestro modelo social se rompe", afirmó. "Vivimos una crisis social en cadena". ¿Usted cree que el sistema sale dañado de esta crisis del coronavirus?
Dije algo así como que la pandemia ha generado como un mecanismo de reacción el confinamiento. Y el confinamiento es una vivencia. Es decir, que nos cambia como seres humanos que vivimos en sociedad. ¿Es que alguien duda de que en nuestras vidas hay un antes y un después de la covid-19? Yo no me he pegado más tiempo sin darle un beso a mi madre. Yo no me he pegado más tiempo sin darle un beso a mis hijas: para protegerlas y para protegerme. Ahora tenemos una crisis social y económica, aun sin haber salido del todo de la situación. Y eso es algo nuevo. ¿Qué ocurre? Que ha habido un gobierno absolutamente responsable que entendió que sólo podía haber un camino y era el de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y el único mecanismo que hay en nuestro ordenamiento jurídico, créanme, es el estado de alarma.
El jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir un instrumento legal que permita el confinamiento y cree que el marco actual no es suficiente. ¿Se lo plantean ustedes? ¿Debería haber esa reforma legal? ¿Y si es así, cuándo?
Está claro que ahora mismo no hay un plan B para el estado de alarma. Claro que hay que modificar nuestro ordenamiento jurídico, pero eso tiene que salir de un gran acuerdo social y de Estado y por eso la exhortación que hago es a que realmente todos arrimemos el hombro ahora mismo en esta Comisión de Reconstrucción. Nuestro país viene gozando desde 1978 de la mejor etapa de su historia, de su larga historia. ¿Por qué? Porque los españoles, de una manera consensuada, logramos marcar un ámbito de convivencia que es el texto constitucional. Y tenemos que seguir ahondando en todo aquello que nos une y no crispar a la sociedad en aquello que nos separa. Somos una sociedad plural, diversa, pero eso no quiere decir que no sepamos unirnos en aquellos acontecimientos que reclaman la unidad de todos.
Hay que modificar la ley para que se pueda llegar al confinamiento sin estado de alarma
Ahora se habla de segundas oleadas, de nuevos brotes. ¿Tiene el Estado los mecanismos suficientes?
No, los tiene en el estado de alarma y, por lo tanto, lo que hay que modificar son unos instrumentos legales que, sin necesidad de acordar una situación de estado de alarma, podamos llevar a, por ejemplo, el confinamiento. Ahora mismo, si no hay eso, sólo se puede hacer de una manera puntual.
¿Y por qué no se ha presentado ya esa nueva norma?
Porque se está esperando a ese gran acuerdo, porque no sirve de nada la iniciativa legislativa si no tienes después la capacidad de consensuarla. Todos estamos aprendiendo. Unas veces han sido mejor entendidas las actuaciones y otras menos. Y otras ha habido mucho maniqueísmo político.
"Lo de las residencias no puede volver a ocurrir"
Sobre no dejar a nadie atrás queríamos preguntarle por lo que ha pasado en las residencias de mayores. En infoLibre lo hemos seguido muy de cerca, especialmente en la Comunidad de Madrid. Se dictaron protocolos de no derivación de pacientes desde las residencias a hospitales por criterios que poco tenían que ver con las posibilidades de sobrevivir de los enfermos. El propio consejero de Políticas Sociales llegó a decir que eso no es ético y posiblemente no sea legal. ¿Qué análisis hace usted de lo que pasó en las residencias? ¿Comparte que puede haber ahí responsabilidades?
Ahora mismo estamos en fase de analizar todo lo que ha pasado en una situación donde nadie ha perdido sus competencias. Por tanto, creo que es un momento de prudencia, de análisis muy sosegado de lo que ha pasado, porque lo único que tengo claro es que no puede volver a ocurrir. La Fiscalía está haciendo investigaciones. Las propias autoridades sanitarias de cada comunidad están analizando todos los paquetes de asuntos sociales. Hay que verlo todo, analizarlo y ya habrá tiempo de extraer conclusiones. Y si hace falta, incluso derivar culpas. Pero, sinceramente, yo ahora mismo creo que lo verdaderamente importante es la información. Esto no puede volver a ocurrir.
Pero, con todo lo que sabemos, ¿usted no cree que se ha dejado a muchos de nuestros mayores atrás en esta crisis, que han muerto solos en residencias en situaciones trágicas en algunos casos?. ¿No cree que ahí queda claro que se ha fallado?
Claro que se ha fallado ahí, y en muchos otros aspectos. Pero la cuestión es intentar introducir un ámbito de culpabilidad en los comportamientos y creo que todavía no estamos en esa fase. Tenemos que ver caso por caso. Estamos hablando de cosas muy serias. Esto tiene un ámbito que puede rayar el ámbito jurídico penal.
Habría que analizar el propio funcionamiento de las residencias, pero también su estructura societaria. Algunas acaban en paraísos fiscales...
Todo, todo. Pero hay que hacer un análisis mucho más profundo, que no quiere decir mucho más largo en el tiempo. Por ejemplo, qué se ha hecho con la sanidad pública durante los últimos 15 años.
¿Esperamos entonces reformas legislativas en ese campo?
Va a haberlas seguro. Hay una apuesta por la sanidad pública y la sanidad pública nos ha dado lo mejor. Somos un referente y hemos sido un referente en el mundo entero. Eso ha tenido un declive fruto sobre todo de la crisis económica que tenemos que analizar: hasta qué grado esa falta de apuesta por la sanidad pública tiene repercusión en esto. Porque a lo mejor esa es la gran reflexión que debemos hacer: que tenemos que seguir apostando por la sanidad pública, porque es lo que nos permite ser uno de los mejores países en esta materia. Y yo, desde luego, no quiero renunciar a eso.
Cataluña y el indulto
Las Juntas de Tratamiento catalanas han propuesto el tercer grado para los presos por el procésprocés. Si la petición de indulto para los presos del procés llegara a la mesa del Consejo de Ministros, ¿usted sería partidario de considerarlo como una opción viable?procés
La ley del indulto establece un cauce procesal. Ya han sido presentadas algunas peticiones hace meses, pero ninguna está tramitándose. Hay que hacerlo obligatoriamente y habrá que poner en la mesa del Consejo de Ministros la decisión. Yo no me voy a pronunciar. Sería absolutamente irresponsable por mi parte. Es un mecanismo excepcional. El mecanismo normal es que los jueces puedan determinar si se ha quebrado la presunción de inocencia de una persona y la declaran culpable. Esa es la regla general que defenderé mientras tenga aire en mis pulmones. Soy juez desde hace 33 años, pero también insisto: el indulto es una medida absolutamente necesaria para supuestos concretos. Es tan sistema como el general.
No sé si lograremos una solución para Cataluña, pero la sociedad española no nos perdonaría no abordar el problema
¿Usted cree que en esta legislatura se alcanzará una solución en el ámbito de la política que apacigüe la situación en Cataluña y lo que hemos vivido en los anteriores años?
Creo que tenemos la obligación. No sé si lo lograremos. Hay veces que con simplemente rebajar la tensión podemos buscar una mejor solución. Pero lo que sí creo es que lo que no nos perdonaría la sociedad española es que no abordemos ese problema. Y eso no lo tiene que hacer una sentencia.
Hay una avalancha de querellas contra el Gobierno en el Supremo, la ex fiscal general del Estado publicó en estado de alarma un artículo furibundo contra el Gobierno donde decía que aplicaba en realidad un estado de excepción, el presidente del TSJ de Castilla y León lo cuestionó también abiertamente, la asociación mayoritaria de la judicatura, en un gesto inédito, atacó con uñas y dientes a Interior por destituir a un cargo de libre nombramiento, el coronel Pérez de los Cobos. ¿Usted recuerda algún precedente similar en su larga trayectoria?un artículo furibundo contra el Gobierno
En mi caso, en mi caso particular, no. Lo que sí digo es que la libertad de expresión no quiere decir que yo acepte lo que tú digas. Me creo la doctrina del Tribunal Constitucional: la crítica es lo que permite la conformación de un ciudadano crítico con el poder y eso sólo se puede hacer desde la discrepancia. ¿Eso quiere decir que comparto lo que me acaba de decir? No, en absoluto.
Usted todo lo circunscribe al ámbito de la libertad de expresión, pero dice no ver intentos desestabilizadores dentro del Estado. El propio vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha llegado a decir de algún grupo político que quería dar un golpe de Estado, pero no se atrevía.
No lo sé. Yo no sé lo que puede formar parte de la conformación de ideas de un determinado grupo político. Lo que sí tengo muy claro es que como miembro de un gobierno no me gusta esa crítica gratuita, destemplada, que no atiende a razones. Lo que quiero es que estemos todos a una en una situación como esta de pandemia, porque esa es la única forma de avanzar como país.
Antes le preguntaba por la reacción de la asociación mayoritaria de la judicatura tras el cese del coronel Pérez de los Cobos. ¿Usted cree que todavía hay elementos antidemocráticos en las fuerzas de seguridad del Estado?
Lo que ha habido es un relevo de alguien en el que el ministro de Interior ha perdido la confianza. Parece que era un proceso que venía larvado. Sinceramente, conozco al titular de ese departamento desde hace muchísimos años. Es un jurista fino y tengo muy claro que todo lo que ha hecho ha sido conforme a la legalidad. Puede gustar a uno o no. Puede parecer hasta un error, pero entra dentro del ámbito competencial de un ministro.
¿Puede haber un garbanzo negro en los Cuerpos de Seguridad? Puede haberlo, como en todos los patios
¿Cree que en las fuerzas de seguridad del Estado sigue habiendo elementos antidemocráticos?
En este ministerio eso no se puede percibir, pero lo que sí percibo es que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están volcados. Creo que después de los sanitarios han sido con el Ejército los que más han dado la talla. ¿Que puede haber un garbanzo negro? Puede haberlo, como en todos los patios y todos los colectivos, pero creo que como sociedad nos tenemos que sentir muy orgullosos.
Pablo Iglesias se siente víctima de las cloacas del Estado a través de los tribunales. Podría tener que dar explicaciones en el Tribunal Supremo. ¿Eso es verosímil?
Yo no sé lo que piensa él. Lo único que sé es que en un procedimiento tenía la condición de perjudicado, que se le han retirado y ha recurrido. Procesalmente no tengo ninguna opinión más. Tampoco sería prudente que el ministro de Justicia, y además siendo juez, se pronunciara, porque desde luego sería renunciar a todos mis principios que me dicen que hay que respetar la actuación de los tribunales.
En un año en funciones, el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, ha hecho 57 nombramientos discrecionales, nombramientos de altura. Ahora ya tiene todo preparado para hacer otros 30. ¿Usted cree que tenía que hacer esos nombramientos?
Creo sinceramente que no. Es el Congreso de los Diputados el que ha de renovar los órganos constitucionales, renovación que no es cuestionable. Es una obligación constitucional. Por lo tanto, no nos podemos arropar en la Constitución cuando queramos y después no cumplirla cuando no nos guste. La Constitución dice que el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dura cinco años. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que nadie puede repetir. ¿Alguien necesita más consideraciones que eso? Creo que no.
El CGPJ, que no se ajusta a la nueva correlación de fuerzas parlamentarias, está dibujando el mapa judicial para los próximos años bajo una estricta mayoría conservadora. ¿Eso no es una instrumentalización política?
Me da igual la calificación que le pongamos. Lo digo: no creo que deban hacerlo. Pero también tengo muy claro que son las fuerzas políticas las que tienen que provocar la renovación de los órganos constitucionales.
¿Se lo ha dicho usted eso al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes?
Se lo he dicho al presidente en no pocas ocasiones y él sabe mi parecer. Él ha mandado tres cartas al Congreso de los Diputados sobre la necesaria renovación. Pero no es esa la cuestión principal. La cuestión es que hay un mandato constitucional para que la renovación parcial del Tribunal Constitucional y del CGPJ se haga en los plazos previstos.
¿Y cómo van las negociaciones?
No hay negociaciones.
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No, no, no hay contactos. No específicamente para hablar de esto. Hay una obligación constitucional de renovar los órganos. Por lo tanto, lo que es noticia es que no se renueven. Porque esto es hacer Estado, tanto como se nos llena la boca. Por lo tanto, cada día que pase sin la renovación da lugar a un descrédito. ¿Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente, no.
Al final han optado por reformar y no por derogar el artículo que ponía tope máximo a las investigaciones penales. No habrá límites pero seguirán siendo necesarias las prórrogas a propuesta del juez. ¿Concuerda eso con la idea de que los fiscales ganen peso?
Las instrucciones no son ilimitadas y debe haber una concreción temporal. Pero, con una Ley de Enjuiciamiento Criminal de hace 140 años y una transformación digital que no ha llegado, el sistema judicial tiene unas fases donde hay una incapacidad para el control del expediente, lo que podía provocar que se pasaran los meses sin que se hubiera pedido la “especial complejidad” que permite alargar el plazo de investigación. Y eso determina impunidades. Hace falta una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Constitución dice que el fiscal promueve la acción de la justicia y que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Pero el juez de instrucción es el escudo que protege a los ciudadanos y a la vez también la espada. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que darle una pensada enorme al modelo. Y quiero que esa decisión sea enmarcable en Justicia 2030. Hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa. O sin pausa pero sin prisa.