Casi una década antes del terremoto provocado por el descubrimiento de que el rey emérito ha manejado fondos multimillonarios ocultos en paraísos fiscales y su marcha del país, el caso Urdangarin ya zarandeó la imagen de la Casa Real al situarla ante la opinión pública en una sala contigua a aquellas donde se celebran los juicios. Pero, a la espera de que la investigación de la Fiscalía del Supremo sobre Juan Carlos I dé el tono de diapasón jurídico en el mayor escándalo de la monarquía, la hemeroteca revela un hecho con encaje en el puzle: que ni su yerno Iñaki Urdangarin ni su hija Cristina de Borbón son las únicas personas de su entorno que ya han pisado un juzgado. A lo largo de décadas, distintos empresarios cercanos al monarca acabaron condenados o se arriesgan ahora a ello.
¿Figura alguno de ellos en la nómina de una decena de amistades decididas, según el diario El Mundo, a efectuar un crowdfunding de 200.000 euros por cabeza que garanticen una vida cómoda al anterior jefe del Estado tras haber perdido su asignación pública? No se sabe. Pero lo que sí se conoce es que en el listado de amigos del rey unidos a los tribunales por la maroma del delito no hay uno ni dos empresarios. Como mínimo, suman 11 si se asigna la condición de amigo a Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey hasta 2014 y condenado a dos años de prisión por el uso de una de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid, a la que cargó gastos indebidos por 223.900 euros.
Administrador del monarca y "aristócrata del latrocinio"
En el listado figura el ya fallecido en 2009 Manuel Prado y Colón de Carvajal, durante 20 años administrador privado del rey y quien tal vez con ironía se definió en el arranque de sus memorias como “aristócrata del latrocinio”. Su nombre no es el único de máximo relumbrón. Porque se le suman los de Alberto Alcocer y Alberto Cortina. O el de Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL y figura clave en una alianza empresarial cuyos movimientos examinará con lupa la Fiscalía del Supremo en su investigación sobre el rey emérito si se cumplen las previsiones. Esa alianza, una suerte de UTE de grandes miras, era el consorcio español que en 2011 obtuvo la construcción del AVE a la Meca. Mencionado en los audios grabados a Corinna Larsen por el comisario Villarejo, es el que supuestamente pagó mordidas a cambio de la adjudicación. Y según la antigua "amiga entrañable", parte del dinero acabó en manos del rey emérito.
Que se sepa, Villar Mir, a quien el rey otorgó el título de marqués en 2011, nunca se ha jactado de su amistad con el monarca. Sí lo ha hecho en cambio quien hasta el encarcelamiento de Rodrigo Rato encabezaba el ranking de banqueros condenados: Mario Conde. En una entrevista concedida a Vanity Fair en junio de este año, el periodista le preguntó si sigue siendo amigo del rey emérito. El antiguo presidente del desaparecido Banesto, condenado en total a 20 años por el caso Banesto, respondió así: “Tengo una relación muy íntima con él. Y creo que en los últimos tiempos España ha sido una vez más desagradecida con su majestad”. En 2016, ya en libertad, Conde fue detenido de nuevo por supuesto blanqueo. La causa se desmoronó. Y en 2019, la Audiencia confirmó el archivo. Ahora, Conde reclama al Estado más de 50 millones.
Según Vanity Fair, Sabino Fernández Campo, antiguo jefe de la Casa Real y ya fallecido, incluyó a Conde en la sección de “amigos peligrosos” de su majestad. Y siempre de acuerdo a esa información, en ese mismo anaquel archivaba Campos el nombre de otro empresario cercano a Juan Carlos de Borbón: Javier de la Rosa, condenado en 2005 a más de cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental.
Ningún robagallinas, solo delitos de guante blanco
A todos los integrantes de la lista les une un nexo común: siempre han tratado con la justicia por delitos de guante blanco. Presente incluso en el mundo penal, la lucha de clases los alejó de crímenes de baja estofa como, por ejemplo, el robo de dos gallinas al que se refiere este enlace. Y los involucró en cambio en infracciones como la estafa a gran escala, el fraude fiscal, el desvío de fondos o la falsedad documental. No siempre ha habido condenas.
Por ejemplo, no la ha habido para uno de los integrantes de la lista, adscrito a la subcategoría de “amigos de cacerías” del rey: el traficante de armas hispano-libanés Abdul Rahman El Assir. Sencillamente, está en paradero desconocido.En España, la Justicia le busca por defraudar cerca de 90 millones. Este miércoles, 29 de julio, fuentes jurídicas aseguraron que una de las hipótesis en juego es la de que se haya escondido en Israel.
Entre los “amigos de cacerías” se cuentan igualmente los antiguos dirigentes patronales Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán. Expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán fue condenado en 2015 a cinco años de prisión, aunque llevaba entre rejas desde diciembre de 2012. Fue condenado por vaciar las cuentas del grupo Marsans, por defraudar 99 millones a Hacienda y por el uso de las tarjetas black de Cajamadrid.
Concuñado de Díaz Ferrán y antiguo presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, fue igualmente sentenciado por las tarjetas black: le cayeron seis meses de cárcel, condena que salvo excepciones exime del ingreso en prisión. Y ahora permanece imputado en el caso Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.
Sobre otros dos amigos de la lista, el ganadero vasco y criador de perdices Patxi Garmendia y el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, tampoco pesa ninguna sentencia. Ambos se encuentran en la fase de imputados. Y ambos, en sendos casos de corrupción.
De las perdices a la financiación del PP
Garmendia fue detenido en 2012 por (supuesto) blanqueo de capitales en la Operación Emperador o caso Gao Ping. Según fuentes de la Fiscalía, continúa engrosando a día de hoy la lista de investigados.
Pero mucho más relevante es la figura de Juan Miguel Villar Mir. Como ya ha quedado expuesto, su nombre ocupa un lugar clave en el consorcio español que en 2011 obtuvo la construcción del AVE a la Meca.
Ministro de Hacienda en el primer gobierno que a finales de 1975 tuvo ya al rey y no a Franco como jefe del Estado, la hemeroteca traza una línea que conecta ahora a Villar Mir con otro de los amigos citado en el apartado anterior: Arturo Fernández. Porque al igual que el expresidente de CEIM, también Villar Mir consta entre los investigados por la supuesta financiación ilegal del PP en la OperaciónPúnica. Pero no es su única imputación: Villar Mir figura asimismo entre los investigados del caso Lezo por la supuesta ilegalidad en la adjudicación del madrileño tren a Navalcarnero.
No siempre está claro si quienes conforman esa lista de cercanos al rey con problemas en los tribunales pueden ser considerados amigos regios en todos los sentidos, como el ya fallecido y citado Manuel Prado y Colón de Carvajal. Administrador privado del rey durante una veintena de años, Prado fue condenado por desvío de dinero en el caso Kio. Como ocurre con Villar Mir, la sombra de los países árabes aparece aquí de nuevo.
Al igual que aquel diplomático sevillano adoptivo, descendiente de Cristóbal Colón y tenido por esencial en todo lo relativo a las cuentas privadas de Juan Carlos I, fue Zourab Tchokotoua otro miembro de esta especie de Almanaque de Gotha de la aristocracia sanguínea o solo monetaria próxima al rey emérito.
Fallecido en 2019, era hijo de un príncipe georgiano que se exilió tras la revolución rusa. Célebre en Palma por su imponente físico, Tchokotoua comparte con otros amigos del rey con problemática penal una característica importante: la justicia abrió una causa por estafa contra él en 1977. Compradores de viviendas en una urbanización que había promovido junto con otros socios se declararon engañados por la baja calidad de lo adquirido y el incumplimiento de promesas contractuales respecto a instalaciones comunes. Primero, y como narró Diario de Mallorca en una detallada cronología, fue absuelto en 1992. Al final, y tras verse condenado en la vía civil, el hombre que muchos años atrás había formado pandilla con el rey en Palma llegó junto con sus socios en 2007 a un acuerdo para resarcir a los afectados. Habían pasado 30 años desde el inicio del caso.
Los Albertos, el gestor suizo y la misteriosa cuenta Soleado
El enorme lapso de tiempo transcurrido entre la apertura de investigaciones judiciales y el cierre definitivo de la causa también hermana a Tchokotoua con algunos de los integrantes de esta lista. Por ejemplo, con Alberto Alcocer y Alberto Cortina, amigos del monarca, primos y dos de los empresarios más conocidos en los ochenta y los noventa. Lo que hicieron se resume así: en 1988, vendieron el suelo donde hoy se alza en Madrid la sede de Bankia -las llamadas Torres Kio, de nuevo, el nombre de la empresa kuwaití. El solar era propiedad de Urbanor SA, donde Alcocer y Cortina tenían mayoría. A los accionistas minoritarios les pagaron 150.000 pesetas por metro cuadrado del terreno vendido. En cambio, los primos se pagaron a sí mismos 231.000 pesetas. En 2003 -15 años después de la venta-, el Supremo los condenó en firme a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad en documento mercantil. Pero en 2008, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia aduciendo que el delito había prescrito. Al final, los estafados acudieron a la vía civil y lograron que en 2014 -cinco lustros después de que todo hubiese comenzado- el Supremo les condenase a indemnizarles con más de 11 millones.
Villar Mir: “Mi relación con don Juan Carlos ha sido siempre la que correspondía al encuentro correcto de un jefe del Estado con un ciudadano honrado y trabajador”
Ni Alcocer ni Cortina pisaron nunca la cárcel. Al margen del caso Urbanor, sus nombres afloraron de nuevo al trascender en 2018 que uno de sus asesores es Dante Canonica, el gestor suizo socio de Arturo Fasana, como desvelaron distintos medios. Canonica y Fasana aparecen como gestores de Fundación Lucum, la entidad panameña que tiene al rey emérito como primer beneficiario y que en 2012 transfirió a Corinna Larsen 65 millones a una cuenta de Bahamas .
Fasana había estado imputado en GürtelGürtel pero su nombre desapareció cuando el juez dictó el 9 de marzo el auto que pone en marcha el reloj hacia el juicio en la pieza troncal del caso. Gestor de Francisco Correa, su nombre no había cesado de sonar desde que la investigación destapó lo que por las dificultades con que tropezó parecía casi un hallazgo de arqueología financiera: una misteriosa cuenta en Suiza bautizada como Soleado. Se trataba de una de esas cuentas buzón que acumulan dinero de distintos clientes. Nunca llegó a conocerse la identidad de la relevante clientela de Soleado.
La investigación abierta a Juan Carlos de Borbón por la Fiscalía del Tribunal Supremo gira en torno a un eventual delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. La última semana de julio, se supo que en 2018 Hacienda ya había confirmado oficialmente que el emérito nunca declaró tener bienes en el extranjero. En junio de 2012, y desde una cuenta suiza del banco Mirabaud, la fundación panameña Lucum transfirió a Corinna Larsen 65 millones de euros. El Mirabaud cerró a renglón seguido la cuenta de Fundación Lucum. Constituye todavía una incógnita si los hipotéticos fondos restantes acabaron en otro banco, suizo o de cualquier otro país y con el que el equipo financiero del monarca hubiese o no tenido tratos anteriores. Durante su interrogatorio en el recién finalizado juicio de la pieza de Gürtel sobre la visita del Papa a Valencia, Francisco Correa afirmó lo siguiente sobre la cuenta Soleado: "Están las grandes fortunas, incluida la del rey".
Casi una década antes del terremoto provocado por el descubrimiento de que el rey emérito ha manejado fondos multimillonarios ocultos en paraísos fiscales y su marcha del país, el caso Urdangarin ya zarandeó la imagen de la Casa Real al situarla ante la opinión pública en una sala contigua a aquellas donde se celebran los juicios. Pero, a la espera de que la investigación de la Fiscalía del Supremo sobre Juan Carlos I dé el tono de diapasón jurídico en el mayor escándalo de la monarquía, la hemeroteca revela un hecho con encaje en el puzle: que ni su yerno Iñaki Urdangarin ni su hija Cristina de Borbón son las únicas personas de su entorno que ya han pisado un juzgado. A lo largo de décadas, distintos empresarios cercanos al monarca acabaron condenados o se arriesgan ahora a ello.