La asociación Jueces para la Democracia (JpD) se sumó este jueves al pronunciamiento en contra del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión, conocido como TTIP, por sus siglas en inglés, entre la Unión Europea y Estados Unidos. De aprobarse el Tratado, cuyas negociaciones se han estado llevando a puerta cerrada, este afectaría a la mitad del comercio mundial.
El objetivo declarado de este acuerdo es "eliminar las barreras comerciales" entre ambas potencias y "simplificar la compraventa de bienes y servicios" entre estos dos espacios. Sin embargo, en un comunicado difundido este jueves, la asociación alerta de que, en realidad, lo que significa este tratado es la "regulación de aspectos relacionados con los estándares técnicos de productos en el mercado, la ausencia de sanciones contra los abusos en aras al desarrollo sostenible, la privatización de servicios públicos o la pérdida de confidencialidad de los datos personales". La asociación critica igualmente que "apesar de las declaraciones públicas en sentido contrario, estas negociaciones se están llevando en secreto".
En el escrito, el colectivo hace hincapié en la necesidad de "prestar atención" a la creación del tribunal de arbitraje (ISDS, en sus siglas en inglés). JpD alerta de que a través de este tribunal las empresas "pueden emprender acciones legales contra gobiernos cuando consideren que una norma emitida por ellos puede restringir o limitar sus ganancias". "Es un tribunal privado, formado por tres abogados designados por firmas internacionales de reconocido prestigio, y cuya decisión no será susceptible de ser impugnada ante ninguna otra instancia jurisdiccional", especifica la asociación.
Del mismo modo, la asociación cree conveniente hacer un "análisis profundo" sobre los "problemas" que generaría este tratado en cuanto a los derechos laborales básicos, que vendrían dados por las "desigualdades normativas en materia laboral" entre la UE y EEUU. En esta línea, el colectivo hace referencia al denominado dumping social. Es decir, "el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos de los trabajadores bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior", explican a través del comunicado.
Es por ello que estos profesionales consideran que el establecimiento de un tribunal como el ISDS viene a ser "un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción". Y es que, según la asociación, los términos en los que se concibe este tribunal pueden tener efectos en el poder legislativo y ejecutivo de los Estados.
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"El momento que se le puede obligar al Estado a compensar a las compañías cuando vean restringidas sus ganancias o perjudicados sus intereses comerciales, provoca que las legislaciones nacionales se deban ajustar a este nuevo paradigma", señalan para seguidamente remarcar que las decisiones de ese tribunal "pueden suponer la vulneración del principio básico de independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados".
Es por ello que alertan de que esta situación puede llegar a "condicionar la respuesta" de los tribunales a los intereses comerciales de las compañías.
Por todo esto, la asociación se pronuncia contraria a la promulgación de este tratado "en los términos y en la forma que se está negociando" y reivindica la "protección de la soberanía de los Estados en ámbitos tan sensibles como la independencia del poder judicial", así como que se muestre “absoluta transparencia” sobre el contenido del TTIP.
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) se sumó este jueves al pronunciamiento en contra del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión, conocido como TTIP, por sus siglas en inglés, entre la Unión Europea y Estados Unidos. De aprobarse el Tratado, cuyas negociaciones se han estado llevando a puerta cerrada, este afectaría a la mitad del comercio mundial.