Los portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales españoles no se han ahorrado epítetos a la hora de criticar la reforma del Código Penal aprobada este viernes por el Consejo de Ministros: "Autoritaria", "populista", "innecesaria", "preconstitucional", "contra la libertad", "prescindible", "dura", y "de dudosa constitucionalidad". Así califican este conjunto de reformas los jueces y fiscales de las asociaciones Jueces por la Democracia (JPD), Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En este sentido, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, sí ha apoyado el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, asegurando que con la modificación promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón se introducen nuevos delitos que eran reclamados desde hace tiempo por la doctrina y la opinión pública.
Este viernes el Ministerio de Justicia ha defendido la reforma número 25 del Código Penal que fue aprobado en 1996, asegurando que de esta forma se actualizan algunos delitos, al mismo tiempo que elimina muchas faltas. Y esto ayudará a que los juzgados se descongestionen. Fuentes del Ministerio han explicado a infoLibre que la intención de esta reforma es "levantar el pie" ante la delincuencia menor y elevar las penas para algunos delitos más graves. En este apartado se incluye la posibilidad de que delincuentes menores, que son toxicómanos, puedan llegar a cumplir su condena en un centro de desintoxicación.
"Cambios sustanciales"
Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se ha quejado de que el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado este viernes por el Consejo de Ministros "haya introducido cambios sustanciales en el proyecto" sobre los que el CGPJ "no ha podido emitir informe".
Pero el departamento de Ruiz-Gallardón también ha defendido las modificaciones más polémicas: la prisión permanente revisable, los delitos contra la propiedad intelectual y los relativos a los desórdenes públicos: "No es una reforma tan reaccionaria como dicen", han explicado fuentes del Ministerio de Justicia, que destacan que las penas por la difusión de mensajes se refieren a los casos en los que se pone en peligro la vida de alguien. "Se produce una criminalización de las protestas sociales, y en concreto se crean nuevos delitos relacionados con las redes sociales, y otros como la ocupación pacífica de entidades bancarias. Estas actuaciones, que no eran ni faltas se convierten ahora en delitos con penas de cárcel", contesta Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia (JpD).
Es precisamente en los delitos relacionados con los desórdenes públicos en los que hace especial hincapié en su crítica el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (APF), Álvaro García: "Es un tema muy delicado. Hay que regularlo bien porque hay derechos fundamentales en juego. Como los de reunión y manifestación", indica, al mismo tiempo que destaca que los nuevos artículos son muy "punitivos" porque aumentan las penas. "Esta sociedad no necesita más castigos. Somos uno de los países más seguros de Europa y sin embargo tenemos un de las tasas de población reclusa más alta".
Prisión permanente revisable
Para Álvaro García uno de los artículos más criticables es la prisión permanente revisable. "Es un instrumento que aumenta el tiempo de duración de las penas, que en esos casos tendrán carácter indefinido, por lo que la reinserción se pone en entredicho. Realmente es una cadena perpetua, aunque se pueda revisar. Está claro que no es el código de la libertad", lamenta este fiscal, que coincide con otras asociaciones en esta crítica: "La cadena perpetua es abiertamente incompatible con nuestra Constitución, y por eso han buscado un modelo que dice que podrá ser revocada. Pero esta pena frusta el fin constitucional, que es la rehabilitación. Realmente sigue un modelo de tipo autoritario", sostiene por su parte el portavoz de Jueces por la Democracia, que destaca los tintes tintes "autoritarios" y "populistas", asegurando que supone "un claro retroceso a tiempos anteriores a la Constitución".
Por su parte, Ángel Dolado, portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, sostiene que esta revisión del Código Penal no es necesaria. Y especialmente en el caso de la cadena perpetua, que considera que va en contra de los artículos 9 y 25 de la Constitución española.
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ve en la propuesta de modificación del Código Penal cuestiones "claramente innecesarias", que responden a aspectos "populistas". "Tiene luces y sombras. Hay cuestiones interesantes y otras que son claramente superfluas y claramente innecesarias y responden a aspectos meramente populistas", ha manifestado Armengol.
Defensa del proyecto de ley
La única asociación que ha defenido la reforma de Ruiz-Gallardón es la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Y la apoya porque se introducen nuevos delitos que no estaban contemplados en el ordenamiento jurídico, como por ejemplo los forestales, la difusión de vídeos íntimos o los delitos de hostigamiento. "O por ejemplo el supuesto de desaparición se equipara al delito de homicidio". En cuanto a uno de los artículos más criticados por el restos de asociaciones, la prisión permanente revisable, APM destaca que está recogida en la mayor parte de los ordenamientos jurícos de Europa y en el Tribunal Penal Internacional. Esta introducción de los nuevos delitos responde, según Pablo Llarena, a las necesidades puestas de manifiesto por estudios de derecho.
Las claves de la reforma del Código Penal de Gallardón
En relación con la posible creación del delito de financiación ilegal de partidos políticos, que no se aborda en el texto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, José Luis Armengol, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha afirmado que "todo lo que afecta a la corrupción se reguló en el año 2010 en el Código Penal, donde se incrementaron las penas y se amplió el plazo para prescribir hasta diez años". "Lo que necesitamos los juzgados son mayores medios, mayor planta, mayor número de jueces, para poder investigar convenientemente todo este tipo de delitos, pero no es necesario, no es imprescindible la modificación del Código Penal", ha zanjado. Esta opinión va en la línea del portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que ve "positivo" abrir un debate sobre ello, pero ha advertido que debería ir acompañado de "un contexto de reformas estructurales". "Lo que no tiene sentido es que el Gobierno no tome medidas preventivas sólidas y que se crea que simplemente modificando unos artículos del Código Penal el problema está solucionado. Lo que plantea el Gobierno es una mera cortina de humo para distraer a la opinión pública", ha especificado.
Consejo General del Poder Judicial
Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo ha reiterado su opinión de que el aumento de las penas no va a resolver nunca los problemas a los que se enfrenta la sociedad. En opinión de Bravo, que prefiere crear "mecanismos para actuar preventivamente" contra la corrupción.
Los portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales españoles no se han ahorrado epítetos a la hora de criticar la reforma del Código Penal aprobada este viernes por el Consejo de Ministros: "Autoritaria", "populista", "innecesaria", "preconstitucional", "contra la libertad", "prescindible", "dura", y "de dudosa constitucionalidad". Así califican este conjunto de reformas los jueces y fiscales de las asociaciones Jueces por la Democracia (JPD), Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En este sentido, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, sí ha apoyado el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, asegurando que con la modificación promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón se introducen nuevos delitos que eran reclamados desde hace tiempo por la doctrina y la opinión pública.