Ni a los jueces ni a los fiscales progresistas gusta un acuerdo de lucha contra la amenaza yihadista –el cuarto pacto antiterrorista de la democracia– que contiene, siquiera indirectamente, la prisión permanente revisable. Ese ha sido el gran peaje que han tenido que pagar Pedro Sánchez para poder firmar un texto con el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa. Los socialistas subrayan una y otra vez que no apoyan, ni avalan ni asumen la cadena perpetua revisable, porque votó en contra en el Congreso y lo hará ahora en el Senado y además la llevará al Tribunal Constitucional. Pero, aunque de forma indirecta, sin una mención explícita, la prisión permanente está dentro del pacto.
El Acuerdo para afianzar la unidad en la defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo es un documento de cuatro folios y ocho compromisos suscrito por PP y PSOE, que prevé que se aplique "la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal" a los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Esa máxima pena, según la reforma del código que ya está en la Cámara alta, es la cadena perpetua revisable, a la que los socialistas se oponen con rotundidad. Tal remisión a la "máxima pena" aparecerá también en la proposición de ley orgánica que se registrará este martes en el Congreso y que ambas fuerzas han pactado.
No obstante, el texto del pacto de Estado contiene una cláusula a la que los socialistas se aferran para recalcar que ellos no avalan la prisión permanente. "El presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal". Una forma alambicada de decir que el PSOE "se opone firmemente" a la cadena perpetua revisable –así lo remarcó Sánchez durante su comparecencia conjunta con Rajoy en la Moncloa, y sin preguntas– y que la derogará en cuanto vuelva al Ejecutivo.
La introducción de esa cautela es la que ha permitido cerrar el acuerdo después de tres semanas de trabajo de los dos equipos negociadores, que tendrá su primera traducción práctica en la proposición de ley orgánica, que se tomará en consideración en el pleno del Congreso del 10 de febrero y que se espera que voten más partidos (básicamente, CiU, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias y quizá UPyD).
UPF: el PSOE "pagará" por este "pecado"
Ni Jueces para la Democracia (JpD) ni la Unión Progresista de Fiscales (UPF), las asociaciones más cercanas al PSOE, se han reunido con la dirección de Sánchez para asesorarle sobre la letra del pacto, pero sí le trasladaron, como al resto de grupos, su oposición a la cadena perpetua revisable y a la reforma del Código Penal impulsada por el PP, criticada duramente por más de 60 catedráticos de 33 universidades públicas españolas.
"Me parece una renuncia a los principios, supone renunciar a lo que la Constitución dice en su artículo 25", que las penas de cárcel están "orientadas hacia la reeducación y reinserción social", recuerda Álvaro García, presidente-portavoz de la UPF. "No soy el PSOE, pero desde una visión progresista no tiene sentido publicitar una unidad en lo que parece que hay discrepancias", añade. García condena el "mal hábito" de no criticar una medida represiva, porque "si lo haces parece que consientes", cuando la "crítica es necesaria, sobre todo cuando se legisla en caliente, como este caso".
Este fiscal, como los penalistas firmantes del manifiesto contra la reforma del Gobierno, considera que el error es de raíz, que no hace falta endurecer un Código Penal que de suyo ya es muy duro, ya que contempla una prisión efectiva de 40 años. "Ni siquiera en los peores años del terrorismo de ETA se planteó la cadena perpetua, y ya fue muy criticado elevar la pena a 40 años. Ahora se entiende menos. Es innecesario y los tribunales lo van a corregir, suavizando los excesos, porque siempre es así. Endurecer el código es una fórmula muy barata de hacer política, dando la sensación de que solucionas un problema cuando no es así", remacha García, que vaticina que el PSOE "pagará" por este "pecado", ya que ha sido una "renuncia".
Algo más prudente se muestra Joaquim Bosch, portavoz de JpD. En conversación con este diario, rehusó entrar a comentar el contenido concreto del pacto rubricado en la Moncloa, pero sí consideró que "no es acertado el apoyo directo o indirecto a una norma inconstitucional, que supone un paso atrás en la legislación". Se refiere, obviamente, a la prisión permanente revisable que, según su asociación, "no cabe" en la Carta Magna, como también creían el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía. "Nos preocupa que haya un retroceso tan importante, cuando la Constitución impide tratos humanos y degradantes. Todo se desmonta por intereses electoralistas. Es incorporar postulados del populismo punitivo en lugar de analizar las causas, y además en España tenemos una baja tasa de criminalidad. Resulta innecesario". ¿Es un error que el PSOE haya sucumbido? "No me atrevo a calificarlo –dijo Bosch–, pero sí creo que no es acertado incorporar la cadena perpetua".
Acuerdo "mucho más amplio y ambicioso"
Los socialistas, sin embargo, se confiesan "satisfechos" y "orgullosos" de un pacto contra el terrorismo yihadista que "impulsó" Sánchez hace dos semanas, cuando llamó a Rajoy para trasladarle que era necesaria la unidad para frenar la amenaza islamista y que su partido estaba dispuesto a llegar a un entendimiento. Fue antes de embarcarse en un vuelo hacia Washington. Ese mismo día, 13 de enero, el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, se reunió con los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá. Entonces se acordó desgajar la negociación de las medidas antiterroristas de la reforma del Código Penal.
En las siguientes semanas, se fue trabajando en el detalle de la proposición de ley. El equipo negociador, por la contraparte socialista, estaba encabezado por Hernando, la portavoz de Justicia, Rosa Aguilar, y el experto fontanero de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano.
Según el relato oficial de la dirección del Grupo Socialista, hacia "el miércoles-jueves de la semana pasada", Sánchez y el PSOE trasladaron al Gobierno la idea de que convenía darle mayor empaque al acuerdo, firmando un pacto de Estado, algo "mucho más amplio y ambicioso", y no sólo una proposición de ley. Gobierno y socialistas se intercambiaron borradores. El viernes pasado, 30 de enero, quedó fijada la fórmula indirecta por la que, en la proposición de ley orgánica, se remite a la "pena máxima" contemplada en el Código Penal para aquellos condenados por delito de terrorismo con resultado de muerte, sin referencia a ningún artículo concreto. El domingo, se incorporó la cautela de que cuando el PSOE gobierne y suprima la prisión permanente revisable, el pacto seguirá vigente. E incluso en la mañana del lunes, horas antes de la firma del texto, se introdujeron algunas últimas correcciones. Rajoy y Sánchez cerraron su comparecencia conjunta para las seis de la tarde [puedes ver el acto aquí].
Cuando ya se empezó a hablar de "pacto de Estado", se acordó "darle la solemnidad que corresponde", con una rúbrica entre el presidente del Gobierno y el líder del PSOE en la Moncloa. Los socialistas, según Ferraz, no pudieron imponer un formato más abierto, con preguntas de los periodistas. "Fuimos invitados", alegaron.
"Somos un partido de gobierno"
Fuentes de la dirección, en un encuentro con informadores este lunes por la tarde en Ferraz, resaltaron de la importancia de la firma del cuarto acuerdo antiterrorista, tras el Pacto de Madrid de 1987, el de Ajuria Enea de 1988 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000, el que planteó José Luis Rodríguez Zapatero. "De no haberlo suscrito, habría sido la primera vez desde 1987 que el PSOE no estuviera en un acuerdo con el Gobierno en materia antiterrorista. Siempre es más difícil para la oposición impulsar un pacto de estas características. Pero lo hizo Zapatero y lo podíamos haber hecho nosotros. Podríamos haber dejado que el Gobierno legislase y habernos desentendido, pero un partido que quiere ser alternativa de Gobierno debe asumir alguna responsabilidad, y esta es una de ellas", explicaban.
Los socialistas insistieron en que el acuerdo es mucho más amplio que la proposición de leyproposición de ley, que se ciñe a la modificación del Código Penal. El acuerdo de Sánchez y Rajoy, señalaron, habla de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir las investigaciones de inteligencia, la necesidad de actuación conjunta con la UE y de las instituciones internacionales, de mantener el recuerdo a los víctimas del terrorismo, o de garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar "más eficazmente" contra el terrorismo.
Desde Ferraz se subrayaba que el Gobierno ha acabado asumiendo que no se haga una referencia explícita a la cadena perpetua, que el PSOE la cambiará cuando vuelva al poder y que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Penal. Pero aunque haya modificaciones, "el pacto seguirá vigente", y eso es un "bien superior". Además, la proposición de ley "da más garantías", está "mejor redactada" que las enmiendas que en un primer momento presentó el Grupo Popular, recorta la elasticidad de las penas, elimina las cláusulas genéricas y perfila los delitos relacionados con Internet. La iniciativa será firmada por los dos y votada en su integridad por los dos, hasta en el punto que remite a la cadena perpetua. Los socialistas creen que la rubricarán probablemente Coalición Canaria "y quizá Foro Asturias y UPN", pero confían en que la voten más grupos, como CiU y UPyD.
"Somos un partido de gobierno y sabemos qué es gobernar con unidad y sin unidad en cuanto al terrorismo. No sé si otros partidos pueden hacer esto", señalaron fuentes socialistas, en relación con Podemos.
En la dirección de Sánchez creen que la firma del pacto no tendrá "coste político", porque la ciudadanía "entiende" que las dos grandes formaciones vayan juntas en un tema tan sensible, que ha provocado tanto sufrimiento. Y niegan reiteradamente que hayan renunciado "a ningún principio". "Lo vamos a explicar lo suficientemente bien como para que todo el mundo lo entienda", añadieron. Ferraz se empleó a fondo en remitir sus argumentarios a sus cargos públicos.
"Repugnante que se piense en elecciones"
El problema es que en menos de dos meses habrá una primera cita con las urnas. Serán los comicios andaluces del 22 de marzo. "Nos parece repugnante que se piense en elecciones. Firmamos esto precisamente para no hacer electoralismo. Siempre nos ha salido bien ser responsables. El PSOE debe asumir responsabilidad y liderazgo", indicaron las citadas fuentes.
Los socialistas dicen no tener "miedo" a la foto de su líder con el presidente, porque pretenden que sea "la inversa" dentro de un año, con Sánchez como jefe del Ejecutivo. Y consideran "absurdo pensar" que se crea que esto es un anticipo de la gran coalición. En la cúpula remarcaron que sus diferencias con el Gobierno de Rajoy son muchas y muy profundas, y que su oposición es y seguirá siendo "firme", pero no quita para que se sea consciente de la trascendencia de este acuerdo, que "refuerza la política antiterrorista y mejora la imagen de España ante las instituciones internacionales y la Unión Europea".
En Ferraz recalcaron que Sánchez había llamado a todos los barones autonómicos. Entre ellos, a la presidenta andaluza, Susana Díaz, la primera que tendrá que someterse al examen de las urnas. "Con todos habló y con ninguno ha habido problemas", justificaron.
"Que cada cual sepa qué fotos hace"
Desde el equipo de Díaz confirmaron que había recibido el aviso del secretario general. "Ella le insistió en que debía dejar claro que el PSOE no acepta de ningún modo la cadena perpetua", comentaban sus colaboradores. Pero rehusaron ahondar más, porque cerrar un pacto en esta materia "es competencia de la ejecutiva federal", y porque quieren sumergirse en la campaña andaluza, sin entrar en nuevas polémicas con Sánchez, con quien las relaciones no son fluidas. "No vamos a perder un segundo ni calentar el ambiente", dijeron.
Algunos dirigentes socialistas consultados consideraron un "error" la firma del acuerdo, y también que Ferraz hubiera aceptado el formato impuesto por el Ejecutivo. En el fondo, agregaron, subyace la voluntad de "construir una imagen de Pedro Sánchez como hombre de Estado", después de darlo a conocer. En la dirección del secretario general apuntaban, de hecho, a la necesidad de asumir "liderazgo". Desde el equipo de la presidenta andaluza se evitaba entrar en valoraciones, pero no se privaban de este aviso: "Que cada cual sepa qué fotos se hace y por qué se las hace".
El PSOE defiende su acuerdo antiterrorista con el PP frente a las reservas del resto de grupos
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* Este texto se modificó el martes 3 de febrero de 2015, a las 13 horas, para incorporar el texto íntegro de la proposición de ley de reforma del Código Penal, suscrita finalmente por PP, PSOE, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, y registrada este día en el Congreso incorporar el texto íntegro de la proposición de ley de reforma del Código PenalPP, PSOE, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias
Ni a los jueces ni a los fiscales progresistas gusta un acuerdo de lucha contra la amenaza yihadista –el cuarto pacto antiterrorista de la democracia– que contiene, siquiera indirectamente, la prisión permanente revisable. Ese ha sido el gran peaje que han tenido que pagar Pedro Sánchez para poder firmar un texto con el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa. Los socialistas subrayan una y otra vez que no apoyan, ni avalan ni asumen la cadena perpetua revisable, porque votó en contra en el Congreso y lo hará ahora en el Senado y además la llevará al Tribunal Constitucional. Pero, aunque de forma indirecta, sin una mención explícita, la prisión permanente está dentro del pacto.