Asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia -antes secretarios judiciales-, restan importancia al anuncio realizado este lunes por el ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre el cumplimiento del plazo que daba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para la clasificación de las causas penales en complejas o no complejas, que concluye esta noche. Afirmaron que no se les informó de estos datos y que el problema de fondo sobre la lentitud de la justicia es la falta de medios. Por su parte, Catalá afirmó esta mañana que se finalizó la revisión de la totalidad de las causas, un total de 302.132, a pesar de que el pasado 1 de junio faltaba el 4% de la totalidad de procesamientos, unos 12.000 en total.
Desde la Asociación de Fiscales, Emilio Frías señaló a Europa Press que si hace una semana le hubieran dicho que se cumpliría el plazo de revisión -fundamental para establecer si un juez dispone de 6 o 18 meses para instruir un procedimiento-, hubiera desconfiado, si bien la cuestión cambió cuando desde la Fiscalía General se dio una instrucción el miércoles pasado para realizar esta labor en bloque, "de manera rápida, no precisa y con menor detalle".
"El problema de la ley es que fue un parche, cuando lo que se tenía que haber hecho es dar la instrucción a los fiscales, porque quien no controla el proceso no debería controlar los plazos", señaló Frías.
La asociación mantiene la cautela respecto a los datos ofrecidos por el Ministro porque los vencimientos se siguen produciendo, ya que otras causas deberán ser clasificadas antes de mañana día 7, del 8 o del 9 de junio y lo que hay que mejorar son los instrumentos digitales con los que se cuenta para realizar esta labor.
También se mostró muy crítico el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, que critica que para llegar a tiempo al plazo se haya optado por pedir que todas las causas que quedaban pendientes hace una semana se clasifiquen como complejas.
"Pero revisar una causa es más que eso, significa 'precalificarla' y pedir unas diligencias de las que pueden derivar otras diligencias", advirtió Viada, que auguró que la puesta en marcha de esta reforma producirá que se archiven muchos procedimientos en los próximos meses. "En dos años esto habrá servido para agilizar la justicia de manera inapropiada, porque esta manera de hacer las cosas no es científica", lamentó.
Opinión de los jueces
Los jueces también desconocen, a nivel asociativo, los datos ofrecidos por Catalá en rueda de prensa, y tampoco tienen constancia formal de que se hayan cumplido estrictamente los trabajos.
"Tampoco tenemos motivo para poner en duda una afirmación tan drástica del Ministro, pero para comprobar a qué se refiere tendrá que verificarlo la Fiscalía General del Estado" apuntó el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez.
Para la asociación mayoritaria de jueces el problema de la lentitud de la justicia "no se soluciona imponiendo por ley una limitación del tiempo de instrucción", según dijo Rodríguez a Europa Press.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) Ignacio González Vega también hizo una valoración negativa de lo ocurrido, pues los fiscales "se han visto obligados a realizar formularios uniformes solicitando la complejidad", lo que significa que "todo cambia para que todo siga igual", ya que las causas siguen existiendo y deben seguir instruyéndose.
El ministro lamenta "críticas injustas"
Estas son las injusticias que denuncian jueces y fiscales
El ministro lamentó que las críticas contra la reforma realizada desde algunos ámbitos no hayan tenido en cuenta que el PSOE hizo un proyecto muy similar con plazos para instruir y que de él no se han dicho cosas como las proferidas contra este proyecto, en el sentido de que iba a propiciar el archivo de causas contra la corrupción.
Catalá recordó que la reforma está dirigida a avanzar en una justicia más rápida y y que por ello se suprimieron las faltas -que pasaron al ámbito administrativo- y los atestados sin autor conocido no se remiten a los juzgados.
Además, el ministro reconoció que la actuación de los fiscales no se ha limitado a una mera clasificación de las causas entre complejas y no complejas, sino que se ha aprovechado para poner al día los procedimientos, pedir nuevas diligencias o archivos, etcétera, por lo que la experiencia ha sido muy positiva.
Asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia -antes secretarios judiciales-, restan importancia al anuncio realizado este lunes por el ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre el cumplimiento del plazo que daba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para la clasificación de las causas penales en complejas o no complejas, que concluye esta noche. Afirmaron que no se les informó de estos datos y que el problema de fondo sobre la lentitud de la justicia es la falta de medios. Por su parte, Catalá afirmó esta mañana que se finalizó la revisión de la totalidad de las causas, un total de 302.132, a pesar de que el pasado 1 de junio faltaba el 4% de la totalidad de procesamientos, unos 12.000 en total.