A menos de 24 horas de que el ministro del Interior comparezca en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar por qué y para qué se reunió el pasado 29 de julio con el imputado Rodrigo Rato en la sede oficial de su departamento, el PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado donde apunta que Jorge Fernández Díaz podría haber cometido tres delitos: uno de prevaricación, otro de revelación de secretos y un tercero de omisión en su deber de perseguir delitos.
El encargado de presentar ese escrito fue el portavoz socialista en la Cámara baja, Antonio Hernando, quien indicó que el partido no esperó a las explicaciones del titular de Interior porque ya este martes "una persona muy cualificada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy", señaló que "no se va a decir nada" en esa cita parlamentaria.
En torno a una hora después de registrarse esa denuncia, el Ministerio del Interior anunció que sus servicios jurídicos, a instancias del propio Jorge Fernández Díaz, estudian posibles acciones contra Antonio Hernando. En concreto, se baraja la posibilidad de interponer una denuncia por denuncia falsa, calumnia e injurias contra el portavoz socialista.
Las asociaciones de jueces y fiscales consultadas por infoLibre coinciden en que la iniciativa del PSOE está destinada al fracaso y señalan que la posible respuesta de Interior tendría igualmente poco recorrido.
"Gesto mediático"
Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, opina que "por la simple reunión no puede imputársele nada a Fernández Díaz". Añade que para plantear posibles responsabilidades habría que "atender a las acciones posteriores" del ministro. En la misma línea se expresa Conrado Gallardo, presidente de Foro Judicial Independiente, para quien la denuncia del PSOE carece de fundamento y "sólo busca hacer ruido mediático".
Gallardo comenta que el del ministro es un comportamietno "no aceptable" porque "eticamente, que haya recibido a una persona que tiene complicaciones jurídicas y cuyos comportamientos están en duda es censurable", pero descarta que de ahí puedan derivar consecuencias penales.
"El comportamiento de Fernández Díaz puede ser de mal gusto e inmoral y puede haber responsabilidades políticas, pero no de otro tipo", coincide Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, quien tampoco cree posible que prospere la acción de los socialistas.
"La reunión puede tener el calificativo que queramos, pero de ahí a ser delictiva...", asegura el presidente del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García.
Asociaciones de jueces y representantes del ministerio público coinciden también a la hora de precisar qué circunstancias tendrían que haberse dado para acreditar cada uno de los tipos delictivos que manejan los socialistas en su denuncia.
En el caso del delito de prevaricación, debería probarse que Fernández Díaz dictó "a sabiendas una resolución injusta", y "reunirse no es dictar una resolución, ni tan siquiera un acto administrativo", explica García. "La decisión de recibirlo no es contraria a derecho", agrega Gallardo. "Hasta que el ministro actúe a posteriori, no puede demostrarse nada", zanja Sexmero.
También hay acuerdo en torno al supuesto ilícito penal de omisión de perseguir delitos. Para Sexmero es imposible probarlo porque "no sabemos de qué hablaron", y Gallardo comenta que "esa imputación no tiene ningún fundamento".
Finalmente, y sobre la hipotética revelación de secretos, los expertos consultados coinciden una vez más y señalan que, sin conocer el contenido de la charla entre ministro y presunto delincuente, no hay nada que imputar. Gallardo y Frías añaden además una crítica al PSOE, al que reprochan un uso de la Administración de Justicia con propósitos políticos. "La denuncia tiene clarísimamente una intención de provocar un eco mediático", dice el primero. "Es importante que las disputas políticas se queden en ese ámbito y no se metan los juzgados de por medio", advierte por su parte Frías.
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Una respuesta con poco futuro
Preguntados por la posible contradenuncia del ministro Fernández Díaz, las fuentes consultadas por este diario auguran poco recorrido a esa hipotética iniciativa por denuncia falsa, injurias y calumnias. En palabras de Sexmero y Frías, "es complicado" demostrar que una denuncia es infundada. "Denunciar algo que no es delito o no tener ni idea de derecho –explica por su parte García– no es delito. El delito de denuncia falsa concurre cuando se denuncian hechos que no han ocurrido, y en este caso la reunión sí que ha ocurrido, por lo que no estamos ante una denuncia falsa".
Los juristas son unánimes a la hora de afirmar que las supuestas injurias o calumnias no se han producido, ya que el PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos y no, por ejemplo, a un medio de comunicación. Eso sí, varios de los expertos conceden que la hipotética ofensiva legal de Interior podría llegar a tramitarse. "Tendría poco recorrido, pero podría admitirse a trámite", prevé Sexmero. "La denuncia [del PSOE] tiene tan poco sostén que podría llegar a investigarse si es una denuncia falsa", dice Gallardo.
A menos de 24 horas de que el ministro del Interior comparezca en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar por qué y para qué se reunió el pasado 29 de julio con el imputado Rodrigo Rato en la sede oficial de su departamento, el PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado donde apunta que Jorge Fernández Díaz podría haber cometido tres delitos: uno de prevaricación, otro de revelación de secretos y un tercero de omisión en su deber de perseguir delitos.