Se complica el futuro judicial de uno de los comisionistas del llamado caso mascarillas. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha imputado al empresario Alberto Luceño un delito agravado contra la Hacienda Pública en el marco de la investigación que se sigue por la compraventa de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de la empresa malaya Leno en los momentos más duros de la pandemia.
La Policía halló en la casa de Luceño varias versiones falsificadas de una carta firmada por Almeida
En un auto fechado este lunes, el instructor señala que el comisionista dejó de ingresar en las arcas públicas 1,35 millones de euros en relación con el IRPF del año 2020 "como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas", ya que "no pudo imputar sus ingresos" a la sociedad Tamaka Invest "porque no estaba constituida en el momento de hacer las operaciones".
"Dicha actuación presenta indicios de la comisión del delito fiscal agravado del que habla el Ministerio Público, imputable al señor Luceño, sin que, como bien dice el fiscal, haya que imputar penalmente a la Sociedad Takamaka Invest SL al existir una identidad sustancial con el señor Luceño, quien además deberá responder en su caso, civilmente por este delito con todos sus bienes presentes y futuros, incluyendo los beneficios y acciones que pueda tener en la citada sociedad", resalta el auto.
Además, Carretero imputa a Luceño un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular por la "manipulación" de una serie de documentos firmados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el director de Gestión del Hospital Universitario Puerta de Hierro y el director general de Protección Civil y Emergencias del consistorio de la capital. El juez instructor amplía así la línea de investigación relativa a la falsedad, que puso en marcha después de que la Policía Nacional se encontrase en los registros practicados en su domicilio y en el de su sociedad un carnet y una placa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "calificado como falso" por la Policía Científica.
Se complica el futuro judicial de uno de los comisionistas del llamado caso mascarillas. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha imputado al empresario Alberto Luceño un delito agravado contra la Hacienda Pública en el marco de la investigación que se sigue por la compraventa de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de la empresa malaya Leno en los momentos más duros de la pandemia.