El juez Pablo Llarena, que instruye la causa especial por la comisión de supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista catalán, no da un paso atrás. En su opinión, la prisión provisional sin fianza acordada contra Oriol Junqueras sigue estando tan justificada como el día que ingresó en la cárcel, hace ahora 71 días, ante “la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia”.
El instructor negó este viernes al líder de Esquerra, en su condición de diputado, la posibilidad de acudir a votar personalmente en el Parlament porque su “representación política recientemente adquirida” incrementa, en su opinión, el riesgo de reiteración delictiva.
Una conclusión a la que llega basándose en que “el comportamiento delictivo [de Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn] que se investiga se ha caracterizado no sólo por desatender cuantas órdenes judiciales se les han dirigido, sino por llamar a la ciudadanía a replicar masivamente su desobediencia, lo que se ha hecho respecto de las decisiones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de diversos juzgados de instrucción que han conocido de distintas causas judiciales o de las decisiones del Gobierno del Estado”.
A los tres los considera sospechosos de haber “impulsado” a “importantes sectores de población” a que “resistieran o se enfrentaran a una nutrida actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Y “no ha faltado una explícita jactancia de su determinación y perseverancia, así como de no someterse a las normas más básicas de nuestra convivencia, apelándose a una ruptura estructural”.
A modo de prueba de que el riesgo persiste, Llarena cita el “extendido apoyo social” que están recibiendo los imputados que huyeron a Bélgica, entre ellos el destituido president Carles Puigdemont, y la existencia de “movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente” que Junqueras, Sànchez, Forn y Jordi Cuixart sigan en prisión provisional por orden del Supremo.
Unos presos que suscitan “apoyo incondicional”
Para negar el traslado al Parlament a Junqueras y a los otros dos diputados electos encarcelados el juez culmina su argumentación señalando que la policía no sería capaz de garantizar “el mantenimiento de la pacífica convivencia” y de evitar un “grave enfrentamiento ciudadano” si tiene que trasladar a los presos desde la cárcel a la Cámara autonómica “en fechas y horas determinadas”. Ese enfrentamiento, precisa el juez, “puede impulsarse o brotar”, porque se trata de “unos presos que suscitan apoyo incondicional”.
Las tesis en las que se basa el auto revelan que el juez no otorga ninguna credibilidad a las alegaciones de los encarcelados, que en las últimas semanas han dado reiteradas muestras de su disposición a utilizar únicamente vías pacíficas y legales para defender la independencia de Cataluña.
Con todo, y para evitar que la prisión provisional de los tres diputados encarcelados suponga una “modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad de las urnas”, Llarena declara su “incapacidad legal prolongada” para que puedan delegar su voto en los términos que recoge el reglamento del Parlament de Cataluña. Y, para evitar dudas, precisa que esa incapacidad legal no es aplicable a “otros”, en referencia a los imputados que están en Bélgica.
El auto del Supremo facilitará a la Mesa de edad que Junqueras, Sànchez y Forn puedan votar por delegación en la sesión constitutiva del Parlament del próximo martes, lo que asegura a los independentistas 65 votos, así como en el pleno de investidura que tendrá lugar a finales de enero. Más complicado será que el órgano de Gobierno de la Cámara admita que los cinco diputados huidos en Bélgica estén en situación de delegar también su voto, pero aún así la mayoría independentista será suficiente para garantizarse el control de la Mesa de la Cámara, toda vez que Catalunya en Comú ya ha manifestado su decisión de no dar soporte al intento de Ciudadanos de promover una mayoría alternativa que le permitiese ocupar la Presidencia del Parlament.
En cualquier caso, la Mesa en funciones ordenó este viernes, a petición de varios grupos políticos, que los letrados del Parlament se pronuncien sobre la delegación de voto de los diputados huidos a Bélgica. Los servicios jurídicos de la Cámara, sin embargo, no podrán emitir un dictamen sobre la legalidad o no de la investidura a distancia de Carles Puigdemont hasta que se lo pida la Mesa que se elige el próximo martes.
Aún así, Junts per Catalunya resta importancia al criterio de los letrados y subraya que la decisión sobre la investidura de Puigdemont corresponde exclusivamente a la Mesa del Parlament. “Quien ha de decidir es el presidente o los diputados electos en el pleno, que es soberano”, declaró este viernes Elsa Artadi, jefa de campaña de JuntsxCat, en un descanso de la reunión de trabajo con Puigdemont que han mantenido en un hotel de Bruselas la mayoría de los diputados electos de esta formación.
El president en el exilio no ha hecho declaraciones al respeto y Junts per Catalunya ha evitado precisar cómo piensan superar las dificultades legales que entraña la investidura a distancia, especialmente si el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy, decide impedir que se lleve a cabo. Tampoco han explicado cómo piensan actuar en el caso de que Esquerra decida no apoyarla si los letrados la consideran ilegal, ni han respondido, al menos en público, a las demandas de la CUP para que Puigdemont aclare sus planes de gobierno.
La posición de Esquerra es clave. Este viernes el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, avisó en declaraciones a TV3 de que nadie es “imprescindible” en el proyecto soberanista. “Lo que es imprescindible es que haya Govern porque las personas son muy necesarias, algunas mucho, pero nadie es imprescindible”.
El PDeCAT, ERC, la CUP y los comuns reunirán este sábado a sus principales órganos de gobierno para abordar la constitución del Parlament. El PDeCAT, base orgánica de la lista de Puigdemont, ha convocado su Consell Nacional a las 10:00 horas en una reunión en la que intervendrá por última vez Artur Mas como presidente de la formación independentista tras haber anunciado su renuncia esta semana, informa Europa Press. Puigdemont tiene previsto intervenir en la reunión desde Bélgica.
Por su parte, Esquerra celebrará a partir de las 11 horas un Consell Nacional en el que intervendrá su secretaria general, Marta Rovira, y en el que debatirá la estrategia a seguir en las próximas semanas. Lo primero que deben acordar es a quién propondrán para la Presidencia del Parlament, puesto para el que muchos dirigentes mencionan con insistencia al ex conseller socialista Ernest Maragall.
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La CUP, por su parte, celebra su Consell Polític en Malgrat de Mar (Barcelona) y el orden del día de la reunión incluye la decisión de si quieren o no entrar en la Mesa del Parlament y si buscarán tener un grupo propio en la Cámara —cuentan con cuatro diputados y necesitarían que un grupo les cediese uno, algo que ya les han ofrecido JuntsxCat y ERC—.
El órgano de dirección de la CUP adecuará a los resultados obtenidos en las elecciones el documento surgido de su última Asamblea Nacional que define la estrategia para la legislatura. Fuentes de la organización anticapitalista consultadas por Europa Press han explicado que abordarán las negociaciones entre JuntsxCat y ERC, sobre el que se muestran preocupados porque no aclaran el proyecto político que pretenden desarrollar.
Los comuns celebran su primera Coordinadora Nacional tras los comicios del 21 de diciembre en las que obtuvieron ocho diputados para valorar los resultados y analizar la situación política que dejan las elecciones.
El juez Pablo Llarena, que instruye la causa especial por la comisión de supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista catalán, no da un paso atrás. En su opinión, la prisión provisional sin fianza acordada contra Oriol Junqueras sigue estando tan justificada como el día que ingresó en la cárcel, hace ahora 71 días, ante “la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia”.