El juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acusa a la "familia-organización" Pujol de ingresar 48 millones"familia-organización" Pujol de euros, la mayoría en efectivo, en sus cuentas de Andorra. Los integrantes del clan podrían haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil, según el magistrado.
Estos abonos "en efectivo, de origen desconocido, no pueden asimilarse a una actividad legal", indica el juez, que completa que en algunos casos las transferencias que se han podido identificar se relacionan "con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluñasector público en Cataluña". El dinero se aportó a lo largo de los años en pesetas, euros, libras esterlinas, marcos alemanes y dólares de Estados Unidos.
De la Mata, que ha dictado hasta 13 autos este miércoles relacionados con los Pujol, basa sus cálculos del fraude en las investigaciones policiales. Y además califica a los integrantes del clan Pujol como una "organización-familia" con pautas comunes de comportamientoorganización-familia, cuyos integrantes coordinan sus actividades, asignan roles y reparten las cantidades "multimillonarias" entre todos ellos en cuentas bancarias "ocultas" en el extranjero.
"Testaferros profesionales"
Además, los Pujol han obtenido la ayuda, siempre según el juez, de un "número importante de testaferros profesionales en varias jurisdicciones, que actúan afanosamente para ayudar a ocultar los bienes".
Por su parte, la defensa del expresident aseguró a Europa Press que el patrimonio familiar de su cliente no tiene ninguna "conexión" con un ejercicio "desviado o torcido" de la gestión pública, por lo que su incriminación por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales carece de fundamento, y así quedará recogido en el "resultado final" de la investigación.
Declaración del expresident
En uno de los 13 autos difundidos por la Audiencia Nacional, el juez De la Mata asume la investigación sobre el expresident catalán iniciada en el Juzgado número 31 de Barcelona, al mismo tiempo que cita a declarar el 10 de febrero como "investigados" al propio Jordi Pujol Soley y a su mujer, Marta FerrusolaJordi Pujol Soley, como investigados por blanqueo de capitales.
Esta forma de actuar revela, según indica el instructor en el auto en el que asume la investigación sobre Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, "la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años, que apuntan elementos básicos de una organización", especifica el juez en un auto en el que acepta la competencia sobre la investigación sobre la supuesta herencia del expresident catalán Jordi Pujol Soley".
La resolución de De la Mata indica también que los miembros del clan "han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".
Y como prueba del origen del comportamiento delictivo, en el auto se especifica que en 2000 el primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, abrió una cuenta con un ingreso en efectivo de 307 millones de pesetas (1.845.107 euros). Aunque en realidad, tal y como prueba la documentación procedente de Andorra, el auténtico dueño era su padre, Jordi Pujol Soley. "Dicho patrimonio no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiera obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años de president de la Generalitat de Cataluña", apunta el juez.
En relación a esa cuenta, constan también en la causa dos documentos remitidos por la entidad bancaria, prosigue el auto de De la Mata: "Uno de ellos firmado por Jordi Pujol Ferrusola, fechado el mismo día de la apertura de la cuenta, en el que explica que él no es dueño de esos fondos que se ingresan, y que el real titular de ellos es Jordi Pujol Soley".
Para Marta Ferrusola
Y el segundo, en esta ocasión manuscrito, el juez De la Mata se lo atribuye al propio expresident catalán: "Un segundo documento, manuscrito de Jordi Pujol Soley, fechado en el mes de mayo de 2001, en el que afirma ser propietario de la cuenta número 63810 y declara que para el caso de su defunción, todo lo que haya en esa cuenta ha de pasar a Marta Ferrusola Lladós. El documento está firmado por Jordi Pujol Soley de dos formas, su propia grafía y el número de la cuenta manuscrito y en letras, tal y como consta en la cartulina de firmas ya referida".
Estas conclusiones del juez De la Mata contrastan con el comunicado público realizado por Pujol padre: "No se compadece con los datos ahora acreditados. No consta la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones de Jordi Pujol Soley, y el comunciado referido es en sí mismo un mero relato, el lugar en el que se encontraban esos fondos, su destino, acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones", resalta el instructor.
Origen criminal
Asimismo, el auto explica que Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, son titulares de varias sociedades instrumentales "que no producen valor real alguno, y cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero". Estas empresas facturaron más de 11 millones de euros por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación otras firmas "cuyo denominador común es que su principal cifra de negocios proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico".
Y el juez pone como ejemplo el envío de 4,4 millones de euros a Suiza el 27 de septiembre de 2002 a nombre de la sociedad Selecta Found con sede en las Islas Vírgenes.
Una parte de los ingresos de Pujol Ferrusola y de su mujer fueron distribuidos entre los hijos del expresident y la mujer de este, Marta Ferrusola: "En cantidades iguales o similares, y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido verificados en la cuentas corrientes, de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello. Tal distribución se hizo mediante transferencias a cuentas bancarias de todos y cada uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana", completa el auto en el que De la Mata cita al expresident y a su mujer.
Para De la Mata, esta forma de repartir el dinero revelan de nuevo la existencia de un "patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan nuevos elementos básicos de una organización".
Venta sospechosa
En otro auto, en el que el juez confirma la legalidad de la entrada y registro en el domicilio de Pujol Ferrusola, De la Mata explica que la constructora FCC se hace con la explotación de los derechos de explotación de un vertedero en un municipio catalán, promovido por una empresa en cuyo capital entró el propio primogénito de los Pujol y salió en un especio de dos años: "Vendiendo de forma sospechosa por un importe de 5.298.921 euros, cuando habría invertido menos de 300.000 euros, casualmente una semana antes de que FCC comprar todo el capital".
Asimismo, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga al clan de los Pujol indica que desde que comenzaron las pesquisas, Pujol Ferrusola "ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir".
Y como ejemplo, De la Mata resalta que realizó "una clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia, comprando una compañía en Panamá, traspasando todos sus saldos a ésta en Andorra, para luego transferir todo el dinero a México, evitando que la justicia española embargara cautelarmente 2.435.000 euros".
El juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acusa a la "familia-organización" Pujol de ingresar 48 millones"familia-organización" Pujol de euros, la mayoría en efectivo, en sus cuentas de Andorra. Los integrantes del clan podrían haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil, según el magistrado.