Continúa la investigación por la venta de 2.935 viviendas de protección pública que la Comunidad de Madrid ejecutó en agosto de 2013. Después de que el procedimiento entrase en una fase de aparente parálisis desde el mes de mayo, el Juzgado de Instrucción 48 de Madrid vuelve a pronunciarse y pide al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en una providencia del magistrado Ignacio Bigeriego [consultar aquí en PDF] a la que ha tenido acceso infoLibre, nueva información para tratar de dilucidar si en la venta de estos pisos, valorada en 201 millones de euros, existen, tal y como se puso en duda el pasado 17 de marzo, "indicios objetivos de enriquecimiento".
En concreto, el juez pide al organismo autónomo mercantil que facilite el valor neto contable, a fecha del 31 de diciembre de 2012, de 7.929 inmuebles vendidos –entre los que se encuentran las 2.935 viviendas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra, además de plazas de garaje, plazas de aparcamiento y locales–. También, solicita información que justifique "los gastos registrados en la tramitación de dicha operación", además del contrato, así como el procedimiento administrativo seguido, por el que se encomendó a la Sociedad de Tasación la elaboración del informe que empleó el Ivima para determinar el presupuesto base de la operación.
Este documento, que fue aportado por los afectados en la querella, determinaba en 128.053 euros el precio medio al que pueden ser vendidas las viviendas al cumplirse los siete años en régimen de alquiler que establece el contrato. Sin embargo, los pisos fueron vendidos a 68.484 euros, lo que permitiría obtener a la actual dueña, según los querellantes, una plusvalía de más del 180% por cada una de las viviendas.
Más detalles de las compañías implicadas
Las compañías implicadas en la operación de venta, que se realizó a través de subasta pública, fueron tres: la sociedad de gestión Azora; el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; y Encasa Cibeles, participada por las dos primeras y constituida en septiembre de 2013 –un mes antes de que el contrato fuese adjudicado–, y que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas. El contrato, cuya licitación se publicó en el BOCM el 6 de junio de 2013, fue adjudicado el 11 de octubre de ese mismo año a Azora Gestión.
Sin embargo, según critica el juez, en ningún momento se hace referencia a que el vehículo empleado iba a ser Encasa. Por este motivo, el magistrado pide al Ivima que aclare en qué momento y en virtud de qué acto administrativo se decidió formalizar la escritura de compraventa con esta última sociedad. Además, solicita al ente público que explique en virtud de qué comunicación tuvieron –o no tuvieron– conocimiento de la concreta participación de Encasa Cibeles, si les fue especificada su composición social –98% por Goldman Sachs y 2% por Azora– y si se les exigió algún tipo de garantías.
El objetivo del magistrado es determinar si "los responsables del organismo adjudicador [el Instituto de la Vivienda de Madrid] o de la consejería de la que dependa" se enriquecieron de forma ilícita con esta operación, tal y como dejó claro en la providencia fechada el pasado 17 de marzo y a la que tuvo acceso este diario. Durante el tiempo que duró el proceso de adjudicación fue consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda Pablo Cavero. Por otro lado, la gerente del Ivima desde abril de 2013 era Ana Gomendio López de Asiaín, imputada y a la que los querellantes atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que accedió a ese cargo en sustitución que Juan Van Halen, que pasó entonces a ser viceconsejero de Empleo y desde marzo de 2014 es director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento.
Cavero, tal y como adelantó elplural.com, posee junto a cinco hermanos una sicav (sociedad de inversión de capital variable) denominada Bussola 99. Esta compañía cuenta con un patrimonio declarado en el primer trimestre de 2015 de 6,154 millones de euros.
Según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque los fondos están depositados en el BBVA, la entidad en la que se delega la función de gestión, es decir, la subgestora, es Goldman Sachs International. En marzo de 2012, al entrar en el Gobierno de Aguirre, Cavero dejó el puesto de consejero en la sicav. El pasado mes de mayo, según admitió a preguntas de infoLibre, todavía mantenía el 16,6% del capital de la sociedad, que se distribuye a partes iguales junto a sus cinco hermanos.
Goldman Sachs desempeñó un papel relevante en la operación de venta de vivienda pública. Aportó, a través de su filial inmobiliaria Whitehall, "la mayor parte de la inversión" realizada para la compra de esos 2.935 pisos, según informó la adjudicataria formal, la sociedad de gestión Azora, a través de su página web.
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Informe sobre "posibles relaciones económicas"
En función de todos estos datos, el juez solicita, en la nueva providencia con fecha del 15 de octubre de 2015, a la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) que elabore un informe "sobre las posibles relaciones económicas" entre Bussola 99, Azora Gestión –y las sociedades que en ella participen–, Encasa Madrid y Goldman Sach Group, Inc, Goldman Sachs International y todas las que en ellas participen. Esta petición se suma a la que hizo el pasado mes de marzo a la Guardia Civil en este mismo sentido.
La venta de estas viviendas de protección pública, justificada bajo el argumento de obtener liquidez con la que construir nuevos pisos protegidos y acondicionar otros que presentaban desperfectos, está siendo investigada desde que en febrero de 2014 el PSM presentase una querella contra Gomendio, a la que se adhirieron las asociaciones de afectados como acusación popular. Además, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas, acordó en diciembre de 2014 incluir en su programa de fiscalizaciones para 2015 la investigación de la venta de 4.795 viviendas públicas, entre las que se encuentran las 2.935 de la operación del Ivima que en estos momentos continúa en los tribunales.
Continúa la investigación por la venta de 2.935 viviendas de protección pública que la Comunidad de Madrid ejecutó en agosto de 2013. Después de que el procedimiento entrase en una fase de aparente parálisis desde el mes de mayo, el Juzgado de Instrucción 48 de Madrid vuelve a pronunciarse y pide al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en una providencia del magistrado Ignacio Bigeriego [consultar aquí en PDF] a la que ha tenido acceso infoLibre, nueva información para tratar de dilucidar si en la venta de estos pisos, valorada en 201 millones de euros, existen, tal y como se puso en duda el pasado 17 de marzo, "indicios objetivos de enriquecimiento".