El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de reactivar la investigación sobre los beneficios que la trama Púnica obtuvo con el negocio de los colegios concertados.
En un auto fechado el pasado 28 de noviembre, Velasco reclama a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid copia de todos "los actos inscritos" en el registro por 20 cooperativas de enseñanza que en total reportaron al grupo de Francisco Granados y su socio y amigo David Marjaliza más de 220 millones de euros solo por la construcción de los edificios.
De lo investigado se desprende que a las cooperativas de profesores interesadas en abrir esos colegios la trama les aseguraba suelo público y les garantizaba que pasarían a formar parte de la red de centros concertados.
De los 20 colegios cuya información demanda el juez a la Comunidad de Madrid, tres se alzan en el municipio de Valdemoro, feudo y cuna política de Francisco Granados. Encarcelado desde hace dos años, el antiguo secretario general del PP madrileño y vicepresidente en el Gobierno de Esperanza Aguirre declarará a petición propia el próximo 21 de diciembre.
La pista del dinero
El juez sustenta su reclamación de datos a la Comunidad en un informe de la Fiscalía Anticorrupción. "La petición que hace el ministerio fiscal -escribe Velasco- se funda en la necesidad de conocer las cifras de capital social de las escrituras de constitución y los importes de las ampliaciones de capital en su caso".
El pujante negocio de la enseñanza que nutrió las cuentas de la trama Púnica se regía siempre por la misma mecánica: los colegios, propiedad de cooperativas de profesores, eran impulsados por la empresa Alfedel, cuyo administrador está imputado y de quien el juez sospecha que era un mero testaferro de Marjaliza, considerado el gran conseguidor de la trama corrupta.
Cada colegio pagaba a Alfedel una media de un millón de euros por el supuesto asesoramiento que les ofrecía. Y una vez obtenido el suelo y los permisos, era una de las empresas de David Marjaliza la que construía el edificio escolar.
La supuesta comisión de asesoramiento reportó a Alfedel más de 19 millones. Y solo las obras de construcción de 13 de los 20 colegios investigados en la causa engrosaron con 222 millones las cuentas de seis empresas vinculadas a Marjaliza entre 2001 y 2011. De esas seis empresas fue Obrum Urbanismo y Construcciones la que se llevó la mejor parte: 202 millones.
El listado de las 20 cooperativas cuyas inscripciones asentadas en el registro madrileño pide el juez a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda incluye tres centros ubicados en otras comunidades: uno se encuentra en Valdeluz (Yebes, Guadalajara); otro se localiza en Cartagena (Murcia); y el tercero, en Llucmajor (Mallorca).
En espera de que las sospechas del juez sobre la conexión entre Marjaliza y el administrador de Alfedel, Alfonso Ferrón, se confirmen o disipen, lo cierto es que Marjaliza cobraba de principio a fin: por conseguir el terreno, como acredita uno de los documentos a que tuvo acceso infoLibre en el verano de 2015 [pincha aquí para leerlo] y por construir luego el colegio.
Granados no aporta datos de interés al juez que investiga la trama 'Púnica'
Granados y las cuentas de Tuvalu
En un segundo auto, este fechado el 30 de noviembre, Velasco pide a la Agencia Tributaria toda la información que obre en su poder sobre los pagos e ingresos de la sociedad Tuvalu Gestión SL en el periodo 2003-2007.
Los investigadores creen que Tuvalu es una de las sociedades que Granados utilizó para camuflar mordidas. Reclaman por tanto el llamado modelo 347 de Hacienda porque sus datos reflejan las entradas y salidas -cobros y pagos- superiores a 3.000 euros y que tienen el mismo origen o destino. Es decir, con ese documento es posible saber de dónde procedía cada una de las cantidades que llegaban a las cuentas de Tuvalu. Y, presumiblemente, a los bolsillos de Granados.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de reactivar la investigación sobre los beneficios que la trama Púnica obtuvo con el negocio de los colegios concertados.