El magistrado Francisco José Goyena, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha elevado al Tribunal Supremo la causa abierta contra la Fiscalía por un supuesto delito de revelación de secretos a raíz de una querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su exposición razonada, el magistrado pide investigar al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de una nota informativa con la que el Ministerio Público trató de desmentir el bulo salido del entorno de la líder del Ejecutivo madrileño de que la Fiscalía había ofrecido al empresario un pacto en la causa que se sigue contra él por los delitos de fraude fiscal y falsedad.
La pareja de Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el caso del presunto fraude fiscal. Unos mails que demuestran, al contrario de lo que aseguró en su momento El Mundo y la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que fue el letrado de González Amador el que ofreció un acuerdo al Ministerio Público. "Es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado", rezaba uno de los correos.
En su resolución de este lunes, el instructor eleva exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se tome en consideración, si así lo estima procedente, declararse competente para la continuación de las presentes diligencias. "Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz", señala el auto, recogido por Europa Press.
En otra resolución, además, el magistrado acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del querellado Julián Salto al entender que las diligencias de investigación practicadas "ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental".
La inhibición se produce después de que el instructor diera traslado a las partes de un escrito en el que el fiscal general del Estado asumía la responsabilidad en la difusión de la nota informativa. Primero lo hizo verbalmente en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo.
En la resolución, el magistrado del TSJM recalca que la difusión de la nota "no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal" como era desmentir un bulo, pues "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".
Considera que ello perjudica "a un tercero e incluso a un interés colectivo, si se atiende al derecho de defensa, no sólo del particular, sino también en general y a lo que tendería la finalidad de la querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid".
Así, alude a la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien indicó que "la alegada justificación que se esgrime para la difusión de la nota, podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse".
Hace referencia igualmente al escrito extraprocesal en el que el fiscal general asumía su responsabilidad en la difusión de la nota, por lo que al ser aforado éste dicha declaración no puede ser asumida por este instructor. Por ello, sí así lo estima procedente, "deberá ser dicho Alto Tribunal quien continúe las actuaciones instructoras, salvo mejor criterio de la Sala".
Sin motivos de criminalidad
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Hace unas semanas, la Fiscalía solicitó al magistrado el archivo de la causa ante "la inexistencia de motivos suficientes de criminalidad respecto de los querellados". En el escrito, el fiscal hizo alusión a "noticias alejadas totalmente de la realidad" que se publicaron en relación a un supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de la Fiscalía a Alberto González, con las que se daba "traslado de una imagen muy negativa del Ministerio Fiscal".
Subrayó que ante ello surge "como consecuencia directa la necesidad de desmentirlas mediante información legítima, auténtica y veraz, y fruto de esa conveniencia se decide la redacción y distribución de una nota de prensa el día 14 de marzo".
Tras conocerse la resolución, el fiscal general ha asegurado a través de una nota de prensa que la elevación de dicha exposición razonada no alterará el normal funcionamiento de la institución ni tampoco su trabajo al frente del Ministerio Público. Además, ha insistido en que el comunicado se lanzó "para poner fin a un bulo", "ofrecer información veraz a la ciudadanía" y "amparar a un compañero". Y ha añadido que la citada nota no añadía nada "que no se hubiera publicado previamente en diversos medios".
El magistrado Francisco José Goyena, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha elevado al Tribunal Supremo la causa abierta contra la Fiscalía por un supuesto delito de revelación de secretos a raíz de una querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su exposición razonada, el magistrado pide investigar al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de una nota informativa con la que el Ministerio Público trató de desmentir el bulo salido del entorno de la líder del Ejecutivo madrileño de que la Fiscalía había ofrecido al empresario un pacto en la causa que se sigue contra él por los delitos de fraude fiscal y falsedad.