Los obstáculos que desde hace dos años han hecho trizas la promesa de un exalcalde del PP, Guillermo Ortega, de entregar pruebas que -supuestamente- incriminarían a Esperanza Aguirre en la financiación ilegal del partido ya han desatado una tormenta. La Fiscalía Anticorrupción acaba de culpar por escrito al juez de que Ortega, preso tras su condena por corrupción en el caso Gürtel, no haya podido cumplir lo prometido. Para bucear entre papeles y encontrar lo que debería aportar a la Audiencia Nacional, Ortega necesitaba su ordenador. Pero este miércoles 5 de octubre de 2022, y según fuentes del caso que ratifican y amplían lo que la Fiscalía sostiene en su escrito, el recluso sigue sin tener acceso a tal ordenador.
Partidario de que si Ortega tiene algo que decir o demostrar hable en el juicio si es que llega a haberlo en relación a los hechos que denunció, el juez se niega a darle más tiempo. Es el exalcalde de Majadahonda (Madrid), mantiene García Castellón, quien por su tardanza “está ocasionando notables perjuicios a las distintas personas investigadas”. En el polo opuesto, la Fiscalía reclama al juez que se le otorgue un nuevo plazo para que examine documentos y aporte información documentada.
La secuencia de hechos de esta historia crucial para el desarrollo de la llamada pieza separada 9, la de la financiación del PP, empezó formalmente el 9 de julio de 2020. Ese día, Ortega garantizó en sede judicial al instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, que aportaría pruebas sobre facturación falsa en la empresa pública que él mismo había presidido, la ya extinguida Mercado Puerta de Toledo SA. ¿Cuál era objetivo de inflar el precio de lo abonado por esa sociedad, dependiente de una oscura entidad que en diciembre de 2010, en mitad del terremoto del caso Gürtel, fue también extinguida por el Gobierno de Esperanza Aguirre? Según la versión de Ortega, la finalidad de aquella inflación era esta: engrosar los fondos del partido en Madrid y favorecer así a su entonces líder, Aguirre.
El mismo Ortega -eso narró ante el juez- había recibido instrucciones en una reunión con el “alto mando”. Como se oye en el audio de aquella declaración, una de las fiscales le pidió que precisara de quién hablaba. Y Ortega citó a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín, luego sucesor y ahora pendiente de juicio en el llamado caso Lezo, Ignacio González. En uno de sus escritos, las acusaciones que ejercen a la par la asociación de abogados Adade y el PSOE recuerdan que, según el exalcalde de Majadahonda, el dinero desviado “a través del IMADE y las sociedades que de él dependían ascendería a la friolera de un millón de euros, dinero público que sería puesto a disposición del PP”.
El juzgado "no le ha facilitado el acceso"
Para obtener la información prometida, Ortega necesitaba acceder a sus archivos propios así como revisar facturas. Pero, como recalca la Fiscalía, “no ha podido realizar dentro del plazo concedido por el instructor su análisis [de la documentación entregada por el Gobierno madrileño] porque el juzgado no ha facilitado que el mismo haya tenido acceso a su ordenador dentro del centro penitenciario donde cumple condena”. Es decir, en Soto del Real, donde también cumple condena el artífice y escriba de la contabilidad B del PP nacional, Luis Bárcenas.
La “propia inactividad del juzgado” -enfatiza Anticorrupción- es “la que ha impedido” que Ortega examine la documentación. En resumen, que traduzca en hechos lo que él mismo anunció durante su declaración de julio de 2020. Siete meses antes, en diciembre de 2019, ya había expresado su voluntad de colaborar con la justicia. Su intento ha resultado hasta ahora fallido.
La información alojada en el ordenador de Ortega -agrega el escrito firmado por los tres fiscales del caso y fechado el 16 de septiembre- posee gran relevancia: porque “tiene una influencia directa para demostrar los conciertos entre Beltrán Gutiérrez [gerente del PP madrileño en los años investigados], Horacio Mercado [el empresario de publicidad que admitió la existencia de una caja B y de facturación falsa] y otros proveedores electorales”.
En espera de un auto decisivo
Dos años después de su anuncio y tras una larga ristra de problemas técnicos y burocráticos, el ordenador de Ortega sigue sin haber cruzado la puerta de entrada de la cárcel. García Castellón, que cerró en enero la investigación sobre la financiación opaca del PP madrileño y tiene pendiente dictar un auto donde se da por hecho la exoneración de Esperanza Aguirre, considera que Ortega se ha quedado sin tiempo para que lo que pueda aportar se sume a todo lo investigado dentro de la pieza separada 9. En julio, y a través de un informe firmado por el último de los fiscales incorporados al caso y no por las dos que desde el inicio han participado en la investigación, Anticorrupción pidió el archivo de la causa en lo que respecta a Aguirre y a decenas de cargos del PP.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares mantienen que en lo que concierne a Ortega el juez no está aplicando correctamente la ley. El argumento de tal afirmación reside en que un determinado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), el 324, estipula que “las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo”.
El escrito de Anticorrupción fechado el pasado 16 de septiembre recuerda que se dictó el 3 de septiembre de 2020 el auto judicial que oficialmente requería a la Comunidad de Madrid para que, en lo relativo a Mercado Puerta de Toledo SA, remitiera las cuentas, contratos y facturas del periodo 2006-2009. Ese auto -añade la Fiscalía- decía que “tan pronto” como se recibiera aquella documentación se daría traslado de ella a Guillermo Ortega.
Es esa diligencia ordenada nada menos que hace dos años la que, como escribe la Fiscalía, “no ha podido ser realizada todavía”. El propio Ortega relata en uno de sus más recientes escritos la odisea del ordenador: primero, se requirió el 14 de enero de 2021 a su letrado que le hiciese “entrega del ordenador personal”. Ocho días más tarde, se denegó al abogado “el ingreso de dicho ordenador en el centro penitenciario”: solo le dejaron darle a Ortega un pendrive “que resultaba manifiestamente insuficiente a fin de su colaboración con la justicia”.
Pese a lo anterior, Ortega envió a la Audiencia un escrito el 27 de abril de 2021 donde, basándose en lo que había podido leer en el pendrive, “ponía de manifiesto irregularidades en la facturación” y hacía constar que era "incompleta" la documentación cursada por la Comunidad de Madrid, cuya actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, rindió homenaje a Esperanza Aguirre hace menos de cinco meses.
El 12 de mayo de 2021 -prosigue el exalcalde- aparece datado un auto donde, lejos de atender la solicitud para que le dejasen consultar su ordenador personal, García Castellón ponía en solfa que el relato de Ortega pudiera ser veraz y no fruto de sus “circunstancias personales”: las de “una persona condenada que denuncia hechos que le incriminan”. O sea, el supuesto falseamiento de facturas.
Aun así, y esta vez lo atestigua la Fiscalía Anticorrupción y no un condenado a cárcel por el caso Gürtel, el 8 de abril de este año el juez acordó “oficiar al Centro Penitenciario Madrid V [Soto del Real] para que permitiese el acceso amplio al ordenador y documentos entregados a Guillermo Ortega, a los efectos de que él mismo pudiese presentar el escrito que venía acordado, concediéndole un plazo máximo de 2 meses para ello”. Al mismo tiempo -continúan exponiendo los fiscales- “ se acordó oficiar el Centro Penitenciario a los efectos de que permitiese el acceso del letrado de Guillermo Ortega para el cumplimiento de la diligencia”.
El escrito de la Fiscalía no tiene desperdicio por cuanto detalla al milímetro cómo siguieron pasando los días sin que el testigo pudiera acceder a su ordenador: “El 23 de mayo de 2022, antes del transcurso de los dos meses acordados en la providencia anteriormente referenciada, Guillermo Ortega Alonso presentó ante el Juzgado un escrito en el que ponía de manifiesto no poder acceder a su ordenador y documentos, por un problema en el dispositivo que ponía en riesgo los datos contenidos en el mismo. En dicho escrito también puso en conocimiento del Juzgado que los dispositivos dañados habían sido puestos a disposición de un informático para su reparación, y solicitó que le fuese ampliado el plazo concedido para presentar las pruebas en apoyo de lo manifestado el día de su declaración en sede judicial”.
“Por providencia de 1 de junio de 2022 -finaliza el párrafo- el instructor acordó conceder una ampliación del plazo fijado para qué Guillermo Ortega Alonso presentarse su escrito, fijando este nuevo plazo en 10 días”.
Pero el ordenador se mantuvo fuera del alcance de Ortega, lo cual no fue óbice para que el juez se negara a una nueva prórroga. Ahora, la Fiscalía abre interrogantes sobre qué ocurrió realmente con aquel plazo adicional de 10 días dictado por el juez el 1 de junio: “No consta en la causa que tras el dictado de la providencia de 1 de junio de 2022 el Instructor haya oficiado al centro penitenciario Madrid V a los efectos de que permitiesen la entrada al letrado del recluso Guillermo Ortega Alonso (…) ni que haya fijado fecha alguna para ello, lo que imposibilita, de ser así, que Guillermo Ortega Alonso pueda prestar la colaboración que viene ofreciendo”.
Los obstáculos que desde hace dos años han hecho trizas la promesa de un exalcalde del PP, Guillermo Ortega, de entregar pruebas que -supuestamente- incriminarían a Esperanza Aguirre en la financiación ilegal del partido ya han desatado una tormenta. La Fiscalía Anticorrupción acaba de culpar por escrito al juez de que Ortega, preso tras su condena por corrupción en el caso Gürtel, no haya podido cumplir lo prometido. Para bucear entre papeles y encontrar lo que debería aportar a la Audiencia Nacional, Ortega necesitaba su ordenador. Pero este miércoles 5 de octubre de 2022, y según fuentes del caso que ratifican y amplían lo que la Fiscalía sostiene en su escrito, el recluso sigue sin tener acceso a tal ordenador.