El juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, acaba de rechazar la petición del PSOE para que declare como imputado el ya exdirectivo que entre 2001 y 2004 actuó como representante legal de El Corte Inglés en una operación urbanística que recalificó en Valdemoro (Madrid) una gran bolsa de suelo rústico propiedad de la cadena tras el convenio que suscribió en 2001 con uno de los considerados socios ocultos de Francisco Granados, el constructor Ramiro Cid. Fechado el pasado día 3, el titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional ha emitido el auto por el que deniega esa solicitud sin esperar al pronunciamiento de Anticorrupción. Y ello pese a que un día después de que los socialistas y la asociación de abogados Adade involucrasen al gigante de la distribución en los manejos urbanísticos atribuidos al antiguo número 2 del PP madrileño y sus aliados, el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional trasladó el escrito a la Fiscalía "a fin de que emita informe".
Fuentes jurídicas confirmaron este lunes a infoLibre que las fiscales del caso aún no han elevado tal informe, para el que no existe un plazo cerrado de presentación. No se sabe por tanto si Anticorrupción tenía o tiene previsto apoyar la imputación que reclama el PSOE, que impugnará ante la Sala de lo Penal la negativa de García Castellón. El juez sostiene que los socialistas, que ejercen una de las acusaciones populares, piden llamar como investigado a aquel representante legal sin ningún motivo.
El auto expone así la postura del juez: "La afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés, en relación a la calificación de los terrenos del PGOU de Valdemoro, se basa en el más absoluto vacío indiciario, en una mera sospecha sin principio de prueba alguna que justifique la existencia de indicios racionales que justifiquen el llamamiento al proceso como investigado" de aquel directivo. Dado que no ha sido imputado, este periódico omite su nombre, cuyas iniciales son F.J.S., y que ya hace años que no mantiene relación profesional con El Corte Inglés.
La Audiencia obliga al juez de 'Púnica' a investigar pelotazos urbanísticos que desechó alegando que habían prescrito
La existencia de este nuevo auto da alas a otro dictado por el mismo García Castellón en enero y que al denegar diligencias requeridas por la Fiscalía abre la puerta a archivar una parte esencial de Púnica: justamente la que concierne al urbanismo de Valdemoro, feudo inicial político de Granados y donde sus hombres fuertes en el terreno empresarial –Ramiro Cid y David Marjaliza, el gran arrepentido del caso– llenaron sus cuentas gracias a pelotazos urbanísticos hoy marcados por un alud de indicios incriminatorios.
En aquella resolución de enero, lo que García Castellón venía a sostener es que ya no cabe investigar nada de lo sucedido antes de 2004 porque el plazo máximo de prescripción era de 15 años. Anticorrupción formuló de inmediato un recurso demoledor ante la Sala de lo Penal donde tacha de "incongruente" el auto de enero porque "incurre en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a la aprobación del PGOU de 2004 como si la investigación judicial hubiese comenzado ahora y no el 18 de junio de 2014.
El recurso delata la profunda brecha que separa al magistrado y a la Fiscalía a menos de tres meses de que la instrucción de Púnica llegue a su fin el 6 de junio falte lo que falte por averiguar. En sus páginas, Anticorrupción detalla dos de las operaciones urbanísticas sobre las que había reclamado la práctica de pruebas. Y una de esas operaciones es la que atañe a El Corte Inglés y la bolsa de terreno rústico que terminó convertido en suelo residencial en el área de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte.
El juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, acaba de rechazar la petición del PSOE para que declare como imputado el ya exdirectivo que entre 2001 y 2004 actuó como representante legal de El Corte Inglés en una operación urbanística que recalificó en Valdemoro (Madrid) una gran bolsa de suelo rústico propiedad de la cadena tras el convenio que suscribió en 2001 con uno de los considerados socios ocultos de Francisco Granados, el constructor Ramiro Cid. Fechado el pasado día 3, el titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional ha emitido el auto por el que deniega esa solicitud sin esperar al pronunciamiento de Anticorrupción. Y ello pese a que un día después de que los socialistas y la asociación de abogados Adade involucrasen al gigante de la distribución en los manejos urbanísticos atribuidos al antiguo número 2 del PP madrileño y sus aliados, el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional trasladó el escrito a la Fiscalía "a fin de que emita informe".