El juez que investiga la segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los momentos más duros de la pandemia vuelve a mover ficha y mantiene vivo el caso. Tras año y medio de investigación, el magistrado Jorge Israel Bartolomé ha decidido preparar el terreno judicial por si se logra localizar de una vez por todas al principal investigado: el escurridizo empresario franco-israelí Philippe Salomon. Por un lado, designando para el consultor un abogado y un procurador del turno de oficio. Y, por otro, poniendo fecha a su declaración como investigado, que si las pesquisas dan finalmente sus frutos se llevará a cabo en el Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid a mediados del próximo mes de febrero.
La existencia de este segundo engaño al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso Mascarillas, por el que ya han sido enviados a juicio el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño. Y se centra en un contrato para la adquisición de cubrebocas que fue adjudicado el 23 de marzo de 2020 a la consultora Sinclar&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, un precio unitario de unos cinco euros. En la operación, además, medió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el Consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita. Las mascarillas nunca pudieron llegar a utilizarse al no cumplir con los requisitos técnicos.
Aquellos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Y el Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid abrió diligencias de investigación. Pero las mismas apenas duraron unos meses. Ante la "insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero" del empresario, el magistrado decidió decretar el sobreseimiento provisional de la causa. El caso estuvo durante casi un año guardado en un cajón. Sin embargo, un atestado de la Policía Judicial con nuevas pistas sobre el consultor aportadas por el enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llevó al juez a decretar la reapertura de las pesquisas el pasado mes de junio. Desde entonces, la investigación ha avanzado lentamente.
La localización del escurridizo empresario, con el que infoLibre consiguió contactar poco antes de la reactivación del caso, ha sido el gran obstáculo alrededor de la causa. De hecho, el magistrado ya ha solicitado dos veces ayuda a las autoridades de otros países para intentar dar con Solomon. Primero cursó una comisión rogatoria a Reino Unido, pero las labores de búsqueda por parte de los británicos no dieron resultado. Y el pasado mes de julio, solicitó lo propio a las autoridades estadounidenses, a las que también pidió información sobre la cuenta del Bank of America en la que el Consistorio hizo los pagos –titularidad, personas autorizadas y movimientos de dinero–, así como, si es posible, el embargo del saldo hasta cubrir los 2,5 millones pagados.
Mientras espera respuesta a esta última solicitud, el juez ha decidido mover de nuevo ficha. En varios de los últimos autos de la causa, a los que ha tenido acceso este diario, el magistrado ha designado para el empresario un abogado y un procurador del turno de oficio. Y ha señalado su comparecencia como investigado para el próximo 9 de febrero por la tarde. Estos dos pasos no quieren decir, explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se haya conseguido dar ya con el paradero del consultor. Responden, más bien, a lo que en el mundo judicial se conoce como "economía procesal": se va preparando el terreno para tenerlo todo listo por si finalmente se localiza y cita a la persona que se encuentra bajo la lupa judicial.
El juez, obligado a llamar a un nuevo testigo
En la instrucción, por el momento, sólo se ha logrado tomar declaración a algunos testigos. Es el caso, por ejemplo, de Araceli Vida, quien fuera administradora única de Aifos Servicios Legales y Consultoría, a través de la cual llegó al Ayuntamiento de Madrid la oferta de Sinclair&Wilde. O Elena Collado, quien fuera responsable de compras del Consistorio. Una lista a la que, próximamente, deberá sumarse otro protagonista: Christian Alexander García. Su declaración en la causa había sido rechazada a mediados de mayo por el magistrado instructor. Sin embargo, el pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso de PSOE y Podemos y corrigió al juez, que ahora deberá escucharle como testigo.
El juez de la segunda estafa millonaria a Almeida sigue el rastro de los 2,5 millones pagados por Madrid
Este último nombre apareció en la causa a raíz de las comunicaciones internas aportadas sobre esta operación de compra de mascarillas. El 3 de agosto de 2020, cuando el Consistorio ya se olía una estafa, Collado recibió un correo electrónico de Christian García, entonces administrador único de la firma Delphos Inversiones Europeas, con el siguiente asunto: "Reclamación a Sinclair & Wilde". En él, se traslada a la responsable de compras que Solomon defiende que no se ha contactado con él "directamente" para expresar la "no conformidad de las mascarillas", que no ha recibido "ningún correo formal" en esta línea. "Whatsapp en Estados Unidos no es válido como manera de comunicarse, aducen", explica Garcia, quien ejerce como una suerte de enlace entre las dos partes.
"Nosotros ya sabemos, según comentó Araceli, que en el momento en el que se pone en su conocimiento por vía Whatsapp o llamada, que las máscaras no son conformes y él ha intentado hacer 'algo' para intentar arreglar el problema de la certificación, con eso es suficiente", continúa el mail. Por eso, desde Delphos ponen sobre la mesa dos opciones. Por un lado, que se escriba formalmente a Sinclair&Wilde reclamando "la no conformidad con el producto", lo que hace Collado a través de un correo electrónico al día siguiente. Por otro, que se abra una vía de comunicación con la consejera de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos para que indique las "directrices a seguir".
Con estos elementos sobre la mesa, la Audiencia de Madrid considera "útil para el esclarecimiento de los hechos" la testifical de García, quien también deberá aportar las comunicaciones de las que disponga Delphos Inversiones Europeas en relación con la operación objeto de investigación. Será un nuevo hilo del que tirar a la espera de ver si el magistrado puede agarrar de una vez el principal, el que lleva esperando desde hace año y medio. El del escurridizo empresario con tres pasaportes, varias identidades y buenas conexiones en África y Oriente Medio. El del protagonista de la segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid en tiempos de pandemia. El del oscuro Philippe Solomon.
El juez que investiga la segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los momentos más duros de la pandemia vuelve a mover ficha y mantiene vivo el caso. Tras año y medio de investigación, el magistrado Jorge Israel Bartolomé ha decidido preparar el terreno judicial por si se logra localizar de una vez por todas al principal investigado: el escurridizo empresario franco-israelí Philippe Salomon. Por un lado, designando para el consultor un abogado y un procurador del turno de oficio. Y, por otro, poniendo fecha a su declaración como investigado, que si las pesquisas dan finalmente sus frutos se llevará a cabo en el Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid a mediados del próximo mes de febrero.