Francisco Serrano, que aún no había aceptado el fin de su carrera política, quería explicar sus versión de los hechos ante la justicia. Era 8 de noviembre de 2019, menos de un mes después de que infoLibre publicara la primera información sobre el posible fraude de subvenciones cometido durante su etapa de empresario, y el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía solicitaba a la Fiscalía de Sevilla que le tomara declaración. Hasta ese momento, no le había ido bien dando explicaciones sobre el caso. En Twitter, tratando de defenderse, había confesado que la supuesta maquinaria industrial clave para obtener una ayuda pública de 2,48 millones –ayuda que no ha sido devuelta ni sirvió para completar la fábrica a la que debía ir destinada– en realidad nunca existió. Esa confesión fue la que permitió a este periódico constatar que Serrano obtuvo la ayuda gracias a una declaración falsa ante notario, a su vez base de un engaño al Ministerio de Industria. Dicha revelación fue la que –aportada en una denuncia en comisaría por el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez– llevó a la Policía a abrir una investigación, que acabó suponiendo la apertura de diligencias de investigación en la Fiscalía de Sevilla. Ahí, en la Fiscalía, era donde Serrano quería declarar en noviembre de 2019, para insistir en su versión: que había sido engañado por sus dos exsocios. El problema es que esta vez Serrano, a la hora de defenderse, aportó documentación que contenía falsedades sobre aspectos cruciales de los hechos. Es más, aportó a la Fiscalía una denuncia de junio de 2018 que en sí misma contiene información incierta.
Serrano, en su solicitud por escrito de declaración para “aclarar mi falta de responsabilidad en los hechos”, adjuntaba diversa documentación . ¿Cuál? Estaba la noticia de este periódico, dando cuenta de la apertura de diligencias. Al juez le había sentado mal leer el movimiento de la Fiscalía en el periódico. En su escrito, Serrano afirmaba que la publicación del caso había generado “alarma social” y “daño" a su "imagen pública, máxime en plena campaña de elecciones”, en referencia a los comicios generales que se celebrarían dos días después, el 10 de noviembre, y en las que Vox obtendría 52 diputados. “Confío en que la declaración que ahora solicito sea acordada y practicada con la misma agilidad y celeridad otorgada a la apertura (filtración a la prensa incluida) de las presentes diligencias”, señalaba Serrano [ver aquí el dosier del caso].
Además de la noticia de este diario, que utilizaba para mostrar su supuesta indefensión, el juez ponía sobre la mesa dos documentos más. El primero era una escritura de reconocimiento de deuda ante notario, firmada el 4 de octubre de 2017, que ponía el broche a la desvinculación de Serrano de Bio Wood Niebla, la empresa con la que había obtenido irregularmente la ayuda de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria, cogollo de todo el caso. En dicha escritura, el socio empresarial de Serrano, Enrique Pelegrín, “exime” a Serrano de “responsabilidad” y afirma que Serrano “ha carecido absolutamente de participación, administración y disposición en los fondos concedidos por el Ministerio de Industria”. La propia firma de este documento llamó poderosamente la atención de los investigadores, que interpretaron en la escritura un evidente conocimiento de las irregularidades cometidas, cuya trascendencia penal afectaba de pleno a Serrano como administrador de la empresa beneficiada y solicitante directo de la ayuda. El que, a la hora de pactar su salida ante notario, uno de los socios declarase que el otro no tenía responsabilidad no libera a nadie de responsabilidades penales, lógicamente.
El desmarque de Serrano del proyecto, en octubre de 2017, se producía más de 16 meses después de la solicitud de la ayuda, más de nueve después de su ingreso en una cuenta de Targo Bank. Además, a tenor de su propio relato, Serrano debía conocer las supuestas irregularidades desde diciembre de 2016, ya que fue ese mes cuando, tras cobrar la ayuda, el juez y su socio hicieron una drástica reducción de capital que redujo su valor de 1.245.000 a 7.000 euros. Dicha reducción en diciembre de 2016, según ha admitido el propio Serrano, tuvo lugar cuando se enteró de que la maquinaria aportada en realidad no existía. Y hasta octubre no salió de la empresa.
Antes de esa salida en octubre, supuestamente nada más enterarse de las irregularidades, Serrano había movido fichas. El 21 de junio de 2017, menos de un mes después de la ratificación de Serrano como administrador único de una segunda sociedad, Proyectos e Inversiones Serralba SL, esta compañía constituyó en Extremadura la sociedad Pellex Energía SL. Era una filial controlada al 100% por Proyectos e Inversiones Serralba SL. El objeto social de Pellex Energía SL es la explotación de la madera, una actividad similar a la de Bio Wood Niebla SL, la sociedad que había logrado la ayuda de 2,48 millones de Industria. El administrador único de Pellex Energía SL era Enrique Pelegrín, el socio de Serrano del que supuestamente el juez había renegado al conocer las irregularidades. Proyectos e Inversiones Serralba SL, siendo Serrano administrador único y máximo accionista, ingresó un millón de euros a Pellex Energía SL el 21 de junio de 2017. ¿Hay en ese millón dinero de Industria? El magistrado que acabó instruyendo el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pasquau, puso el foco de la investigación en este millón, antes de que Serrano renunciara a su aforamiento y provocara con ello el cambio a un juzgado de Sevilla.
El 8 de noviembre de 2019, cuando Serrano llevó sus papeles a la Fiscalía, su aforamiento complicaba su solicitada declaración. Al tratarse de la Fiscalía de Sevilla, no era competente para investigarlo. No obstante, el juez tenía prisa. Y puso sobre la mesa un tercer documento: se trataba de una denuncia presentada en los juzgados de Sevilla contra Pelegrín y un segundo impulsor del proyecto de Niebla, Javier López, por estafa, extorsión, apropiación indebida, coacciones y administración desleal.
En dicha denuncia, con fecha de 28 de junio de 2018, Serrano afirmaba haber sido víctima de un engaño de sus socios. Y llegaba a afirmar que “existen indicios para pensar que se pueda estar disponiendo de forma irregular del préstamo concedido por el Ministerio de Industria pues lo cierto y verdad es que la fábrica proyectada en Niebla y que fue el fin por el que fue concedido aún no existe previsión de su entrada en funcionamiento, con el consiguiente riesgo [de] que no se pueda responder en su día del crédito al erario público si efectivamente no se culmina como parece previsible”. A juicio de Serrano, y así se lo hizo notar a la Fiscalía de Sevilla en la documentación aportada, esta denuncia demuestra que: “Era yo quien ya alertaba y llamaba la atención sobre las irregularidades que se podían estar cometiendo –tanto por el señor Pelegrín como por el señor López– en relación con el referido crédito”, lo que demostraría su “interés” en el “esclarecimiento” del destino del dinero.
Los papeles que apuntan a Serrano
Ninguno de estos argumentos ha desmontado el caso. Es más,el caso ha crecido desde noviembre de 2019 y actualmente mantiene a Serrano como investigado. Dejando al margen sus afirmaciones, Serrano tiene en contra los papeles. Papeles oficiales. De la notaría, del Registro Mercantil, del expediente de Industria... Papeles que se oponen a una afirmación incluida en la denuncia de junio de 2018 que sólo cabe considerar incierta. En dicha denuncia, Serrano, apoyándose en la declaración de exoneración que le hace Pelegrín cuando deciden separar sus caminos, afirma que “no había estado autorizado ni siquiera en las cuentas bancarias, carecía de tarjeta de crédito y no había tenido ninguna participación en la solicitud, gestión, administración y disposición de los fondos del crédito Reindus concedido por el Ministerio de Industria”. Es decir, Serrano afirma que él no ha tenido que ver con el proyecto, hasta el punto de que no participó ni siquiera en su solicitud. ¿Es cierto? No. Y así lo indica la documentación oficial recogida en el sumario, a la que ha tenido acceso infoLibre.
La afirmación contenida en la denuncia de Serrano, en línea con la sostenida en los dos comunicados emitidos a través de Twitter, uno en octubre de 2019 y otro en julio de 2020, es desmontada metódicamente por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el atestado clave del caso, incorporado al sumario. Dicho informe detalla el “engaño” del juez de Vox a Industria para lograr los 2,48 millones de euros. Y desvela incluso que prestó dinero de la ayuda pública a un promotor moroso, entre otros usos supuestamente irregulares del dinero público, concedido en realidad para una fábrica de pellets (combustible a base de madera). Pero la demolición del argumentario de Serrano no se queda ahí. La información contenida en el sumario hace insostenible la afirmación de la denuncia de Serrano, según la cual fue ajeno a las vicisitudes en primera línea del proyecto.
Es posible observar, documento a documento, cómo Francisco de Asís Serrano Castro son nombres y apellidos clave de la solicitud y obtención del dinero. En primer lugar, en la constitución ante notario de la empresa Bio Wood Niebla el 30 de marzo de 2016, Serrano declaró en falso ser dueño "por justo y legítimo título" de una maquinaria industrial que en realidad nunca tuvo. Esta maniobra de Serrano y su socio fue clave para obtener la ayuda del Ministerio de Industria, origen del posible fraude de subvenciones.
La información remitida a los investigadores por el Ministerio de Industria evidencia que fue Serrano el principal actor en la solicitud. Serrano es el que firma la solicitud de ayuda, el 31 de mayo de 2016. Serrano es el que firma la memoria del proyecto ese mismo día, la que dice: “La actividad que tendrá la empresa es la fabricación de pellets a partir de madera compactada y su comercialización”. Y también: “Prevemos que al cerrar el año 2017 habremos acumulado un volumen de pedidos de 24.500 toneladas por valor de 4.287.500 euros”. Incidiendo en la falsedad de las máquinas, que eran las que daban el valor inflado a la compañía, afirmaba: "El apoyo de los socios [Serrano y Pelegrín] se muestra en la elevada aportación de capital social con que se ha constituido la empresa, que es de 1.245.000 euros". Son 61 páginas de memoria, incluidos los anexos, con la firma de Serrano. Se trata de afirmaciones que chocan con la realidad de la supuesta fábrica, que hoy es una mole a medio hacer abandonada en medio del campo.
Declaración y cuadro económico
Serrano es el que pone su firma y su NIF para hacer la declaración responsable ante Industria de que Bio Wood Niebla no tiene trabajadores a su cargo. Lo hace en calidad de representante con poderes. Cuando Industria no ve clara la solicitud y pide información adicional, es Serrano el que la envía el 8 de julio de 2016.
Más papeles. Los promotores del proyecto convencieron a la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo (PSOE), para que firmara una carta explicando que el Ayuntamiento pretendía adjudicar unos terrenos que, hipotéticamente, servirían para instalar la famosa fábrica de pellets. Fue Serrano el que, también el 8 de julio de 2016, remite esta información a Industria y la comenta. “Como se puede leer en la carta anterior, el Ayuntamiento está realizando los trámites oportunos para la inscripción de la parcela segregada en el Registro de la Propiedad […]. La previsión es que en el último pleno de este mes de julio de 2016 se nos adjudique la parcela definitivamente”. El atestado de la UDEF considera que Serrano trató de engañar a Industria sobre el verdadero significado de la carta de la alcaldesa, que no suponía en absoluto un compromiso de adjudicación.
Alegaciones y cuenta bancaria
Es Serrano también el que presenta alegaciones, el 2 de agosto de 2016, tras la primera resolución denegatoria. Otra vez con su nombre completo y su NIF. Ese mismo día, es Serrano el que firma el cuadro económico de la empresa remitido a Industria para expresar una supuesta viabilidad económica.
De nuevo es Serrano el que, el 28 de septiembre de 2016, firma otro documento clave del expediente de Industria: la “aceptación de la financiación propuesta y declaraciones responsables de cumplimiento de determinados requisitos para ser beneficiario”. Francisco de Asís Serrano Castro, “en representación de Bio Wood Niebla SL”. De modo que es su firma la que da por bueno el presupuesto financiable total, 3,51 millones, y el préstamo propuesto total, 2,48 millones. Bio Wood Niebla SL tiene ya la ayuda pública al alcance de la mano.
En el formulario de designación de cuenta bancaria para el ingreso del dinero de Industria, rellenado el 28 de septiembre de 2016, ¿quién figura como representante? Serrano. Ahí se indica el IBAN. En su atestado, la UDEF también identifica a Serrano como apoderado en la cuenta de Targo Bank en la que es ingresado el dinero en diciembre. La Fiscalía acusa a Serrano y su socio de haberse apoderado de la ayuda, empleando hasta 438.000 en "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios".
“Falta de veracidad” de la denunciaFalta de veracidad” de la denuncia
El informe de la UDEF es incisivo con la afirmación de Serrano en su denuncia contra sus exsocios. Se trata de algo “incomprensible”, según los agentes. El juez –afirman– “no cesa de faltar a la verdad de manera interesada para él, aduciendo que Serrano Abogados de Familia [su despacho] titulaba el 50% e Bio Wood, cuando en realidad era el 60%, frente al 40% de Enrique Pelegrín, lo que lo convertía en accionista mayoritario, y manifestando que Enrique Pelegrín era el responsable de haber aportado las facturas proforma de la maquinaria inexistente, habiendo instado él mismo una reducción de capital para ajustarlo a la realidad, manifestaciones estas que no se ajustan en modo alguno a la realidad de los hechos”.
El denunciante, añade el atestado, “hace creer a la autoridad judicial que nada tuvo que ver en la falsa aportación de capital a Bio Wood Niebla y que en cuanto tuvo conocimiento instó a su socio a una reducción de capital”. En realidad, según la Policía Nacional, los actos de Serrano “determinan de manera fehaciente su grado de implicación en los delitos cometidos”, de modo que la simple exposición “cronológica” de los hechos “pone en evidencia la falta de veracidad” de su denuncia.
Carrera judicial... y política
El informe, que repasa la prolija documentación en la que figura Serrano, añade: “No se entiende cómo la denuncia interpuesta el 29 de junio de 2018 […] pretende hacer creer a la autoridad judicial que nada tuvo que ver en la falsa aportación de capital a Bio Wood Niebla y que en cuanto tuvo conocimiento instó a su socio a una reducción de capital, que, por otra parte, era igualmente falsa”. Los agentes que elaboran el informe afirman que “tampoco se entiende que [Serrano] manifieste no tener nada que ver con las estafas investigadas y no conocer el destino dado a los fondos Reindus”, ya que él mismo constituyó Pellex Energía con un millón de euros. “No se entiende […] que manifieste en su denuncia haber sido engañado por sus socios y desconocer el fin dado a los fondos del Reindus cuando él mismo firmaba estas operaciones ante notario”, agrega el informe policial, que apunta a una dura conclusión en la página 121 de su atestado: “Parece, por tanto, que la denuncia y el pacto de venta anterior pretenden tan sólo despejar posibles problemas del fraude cometido de forma consciente. Una vez obtuvo la rehabilitación en la carrera judicial y se abría camino la posibilidad de obtener un cargo político, necesitó desvincularse de los negocios fraudulentos en que participó mientras estaba inhabilitado en la carrera judicial y antes de iniciar su carrera política”. El 2 de diciembre de 2018, Serrano, candidato de Vox a la presidencia de la Junta, era elegido parlamentario junto a otros doce compañeros de Vox en las autonómicas de Andalucía. La opinión pública ignoraba las andanzas empresariales de Serrano.
Cambio de explicación
El propio Serrano, después de presentar la denuncia con información incierta (28 de junio de 2018) y de llevarla a la Fiscalía de Sevilla (8 de noviembre de 2019), ha modulado su discurso sobre su participación en los hechos. Fruto de su insistencia, Serrano acabó compareciendo en la Fiscalía de Sevilla el 2 de junio de 2020. Lo hizo en presencia de un abogado, pero no en calidad de investigado. No podía, al ser aforado. En dicha declaración mantuvo, pese a lo que indican las escrituras notariales, que tenía el 50% de Bio Wood Niebla, en vez del 60%. También insistió en que él no sabía nada del negocio de la fabricación del pellets y en que fue atraído al sector de la biomasa por Pelegrín y López, que eran los que dominaban el terreno. No asumió ninguna responsabilidad en el engaño a Industria, ni en la atribución a la compañía de una maquinaria falsa para conseguir la ayuda. Su versión es la de siempre: fue engañado. Y ello a pesar de que él mismo declaró ante notario ser poseedor “por justo y legítimo título” de una maquinaria industrial que no existía y que fue clave para obtener la ayuda. Eso sí, Serrano admitió ante el fiscal, cuando la Policía Nacional ya lo ha corroborado en su informe, que fue él mismo el “compareciente” de la solicitud de crédito a Industria, porque “era el único que disponía de firma digital”.
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Esto no lo decía en su denuncia de 2018. Recordemos lo que decía entonces: “No había estado autorizado ni siquiera en las cuentas bancarias, carecía de tarjeta de crédito y no había tenido ninguna participación en la solicitud, gestión, administración y disposición de los fondos del crédito Reindus concedido por el Ministerio de Industria”. En junio de 2020, ya con el caso por posible fraude de subvenciones abierto a raíz de las informaciones de infoLibre y con el expediente de Industria en manos de investigadores, sí que admitió al fiscal que había solicitado el crédito.
¿Qué fue de la denuncia de Serrano? Ha seguido un –hasta ahora– lento curso judicial. El 24 de julio de 2018, el juzgado de instrucción 1 de Sevilla abrió diligencias previas. En la causa constan tres personas como investigadas, según el TSJA. La instrucción está en curso. También lo está, en el juzgado de instrucción 16 de Sevilla, la dirigida contra Serrano por posible fraude de subvenciones. Parece que Serrano va a tener que ir frecuentemente por los juzgados, ahora no en calidad de juez.
Este periódico intentó recabar la versión del dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta, sin obtener respuesta ni a través de su despacho de abogados ni del bufete al que ha encomendado su defensa. Tampoco Enrique Pelegrín y Javier López respondieron.
Francisco Serrano, que aún no había aceptado el fin de su carrera política, quería explicar sus versión de los hechos ante la justicia. Era 8 de noviembre de 2019, menos de un mes después de que infoLibre publicara la primera información sobre el posible fraude de subvenciones cometido durante su etapa de empresario, y el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía solicitaba a la Fiscalía de Sevilla que le tomara declaración. Hasta ese momento, no le había ido bien dando explicaciones sobre el caso. En Twitter, tratando de defenderse, había confesado que la supuesta maquinaria industrial clave para obtener una ayuda pública de 2,48 millones –ayuda que no ha sido devuelta ni sirvió para completar la fábrica a la que debía ir destinada– en realidad nunca existió. Esa confesión fue la que permitió a este periódico constatar que Serrano obtuvo la ayuda gracias a una declaración falsa ante notario, a su vez base de un engaño al Ministerio de Industria. Dicha revelación fue la que –aportada en una denuncia en comisaría por el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez– llevó a la Policía a abrir una investigación, que acabó suponiendo la apertura de diligencias de investigación en la Fiscalía de Sevilla. Ahí, en la Fiscalía, era donde Serrano quería declarar en noviembre de 2019, para insistir en su versión: que había sido engañado por sus dos exsocios. El problema es que esta vez Serrano, a la hora de defenderse, aportó documentación que contenía falsedades sobre aspectos cruciales de los hechos. Es más, aportó a la Fiscalía una denuncia de junio de 2018 que en sí misma contiene información incierta.