La jueza instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha formado una pieza separada sobre la portavoz del PPdeG, Paula Prado, al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal". Ante su condición de aforada, ha preguntado al Ministerio Fiscal sobre si procedía elevar "exposición motivada" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque de momento no se ha concretado su imputación.
Así consta en un auto con fecha 2 de diciembre de 2013, incluido en una nueva entrega a las partes del sumario de la Operación Pokémon, a la que ha tenido acceso Europa Press. La jueza ampara su decisión fundamentalmente en los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, documentación incautada, conversaciones telefónicas y declaraciones prestadas.
En su argumentación, De Lara subraya que, "sin perjuicio de la investigación del órgano competente", de los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera "se infiere la participación" de la exconcejala compostelana en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo La Abeja Maya, para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.
El auto alude, asimismo, a "influencias" en las que habría intervenido Prado con el entonces también concejal Albino Vázquez y Adrián Varela, también compañero suyo en el Consistorio, para "beneficiar económicamente a su cónyuge en su actividad de venta de materiales textiles", entre ellos a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, "empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor".
Añade la jueza que éste, a quien ha ordenado investigar, "habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por un lado a Servicios y Materiales, del Grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", remarca el auto.
En tercer lugar, el auto se refiere a la "influencia" de la portavoz del PPdeG en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".
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Bajo secreto de sumario permanece la declaración de la portavoz del PPdeG, quien este martes anuló un acto de campaña para las elecciones europeas. Con fecha del pasado 9 de mayo, la jueza Pilar de Lara firmó la prórroga del secreto de sumario que también atañe a declaraciones del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, la concejala Amelia González, el exedil Albino Vázquez y el marchante Leonardo Patterson, así como sobre folios concretos de más de 70 tomos, de los 120 en los que está dividida la causa.
La portavoz conservadora ha evitado en las últimas semanas realizar declaraciones ante los medios de comunicación, pero después de trascender que De Lara investigaba a su marido, sí emitió un comunicado en el que defendió que "nunca intercedió" por la actividad profesional de su marido ni por "ninguna de las empresas" para las que él trabajó. En lo que a ella atañe, agregó que "nunca en su vida" alteró el precio de contrato público alguno.
La dirigente lamentó que se hiciese público un informe que "arrojaba dudas" sobre sus actuaciones como cargo público, pero no se trasladase también el contenido de su declaración en el juzgado, en la que aseguró haber aclarado "todas y cada una de las cuestiones" que pudieron ser interpretadas "de una forma errónea" y que permanece bajo secreto.
La jueza instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha formado una pieza separada sobre la portavoz del PPdeG, Paula Prado, al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal". Ante su condición de aforada, ha preguntado al Ministerio Fiscal sobre si procedía elevar "exposición motivada" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque de momento no se ha concretado su imputación.