Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos (Madrid) y número tres del PP de Isabel Díaz Ayuso, seguirá un tiempo más bajo la lupa judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Lidia Garrido, ha decidido prorrogar durante otro medio año el denominado caso Neverland, la investigación centrada en los pagos realizados por un empresario a la actual vicesecretaria de Organización de los conservadores madrileños cuando ocupaba puestos de responsabilidad en un consistorio que, al mismo tiempo, adjudicaba contratos al hombre de negocios. La decisión de la jueza permite que las pesquisas, en las que también se ha puesto sobre la mesa la vinculación económica de otros familiares de la número tres del PP madrileño con el empresario, puedan extenderse, al menos, hasta el próximo 27 de marzo, con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina.
La jueza considera que en el caso "concurren las razones que justifican ampliar el plazo" de investigación. Primero, porque hay diferentes diligencias que todavía están pendientes de practicar, fundamentalmente la toma de declaración de algunos testigos de relevancia en la causa. Y segundo, porque "atendido el resultado de la instrucción hasta ahora practicada" la magistrada considera que "es probable" que se tengan que practicar "nuevas diligencias tanto de cargo como de descargo". "Dado que este juzgado es mixto, habida cuenta de la gran pendencia de asuntos civiles y penales existentes en el mismo, es razonable pensar que aquellas diligencias no puedan practicarse en el plazo ordinario", finalizaba el auto de la magistrada. Una extensión temporal de las pesquisas a la que no se opuso la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid.
Para entender la causa hay que remontarse a las elecciones municipales de 2015. Aunque los conservadores lograron imponerse, Ciudadanos se hizo con el control del consistorio. A los pocos meses, el alcalde naranja de la localidad, que luego dimitiría tras su imputación en el caso Enredadera, interpuso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que se centraba, fundamentalmente, en la sombra de Púnica sobre el municipio. Sin embargo, aquel escrito también puso el foco sobre una compañía llamada Neverland, propiedad del empresario Francisco Vicente Roselló, y la actual regidora de Arroyomolinos. "Cuando tomó posesión el nuevo equipo de gobierno, el primer día se estaba destruyendo documentación de la Concejalía de la concejala delegada de Juventud Ana Millán", rezaba la denuncia.
Un correo con el asunto "Ático"
Se aportaron entonces diferentes papeles que habrían sido localizados tras "paralizar la destrucción de documentación que estaba en tres bolsas de basura". Uno de ellos, clave: un correo electrónico enviado por Millán a Roselló con el asunto "Ático" en el que le reclamaba el abono de determinadas cantidades. Además, se pusieron sobre la mesa un extracto de la cuenta bancaria de la conservadora y documentos sobre la contratación del consistorio con sociedades del empresario. Aquel fue el comienzo de un caso que la Audiencia Nacional remitiría al juzgado de Navalcarnero y que terminaría derivando en la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, una nave y la sede social de varias firmas ligadas al empresario.
La jueza ha acordado la ampliación de la instrucción pocos días después de recibir una ingente cantidad de documentación solicitada a la Agencia Tributaria de activos financieros, bienes, relaciones societarias, bienes en el extranjero o declaraciones fiscales tanto de una unión temporal de empresas conformada por dos de las sociedades de Roselló como del propio Ayuntamiento de Madrid. Una información que se requirió después de que la UCO remitiese una breve nota al juzgado en la que detallaban todas las vinculaciones económicas de la alcaldesa y algunos de sus familiares con las firmas del empresario. Para la Guardia Civil lo que está bajo la lupa son "posibles hechos compatibles con delitos de corrupción". Oficialmente, lo que hay sobre la mesa es un posible delito de prevaricación administrativa.
Pagos y contratos
En su análisis, los investigadores de la Unidad Central Operativa resaltaban que Millán había recibido de la empresa Neverland pagos por 44.462,67 euros entre 2008 y 2012. Al mismo tiempo, apuntaban que tres de las mercantiles de Roselló se habían hecho entre 2006 y 2011 con contratos del Ayuntamiento de Arroyomolinos por 639.071,55 euros. "Tal y como se observa, los referidos pagos habrían tenido lugar en fechas en las que Ana Millán habría titulado la Concejalía de Juventud, Mujer, Infancia y Participación Ciudadana (2003-2007 / 2007-2011), no resultando del mismo modo cuando habría presidido la Concejalía de Empleo, Formación, Industria y Comercio (2011-2014)", recalcaba la UCO de la Guardia Civil en aquel informe, fechado el pasado 22 de junio.
A comienzos del verano, la defensa del empresario aportó al juzgado una serie de documentos con los que pretendía poner de manifiesto que "todos y cada uno de los contratos adjudicados" a sus empresas lo fueron "siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente establecido". En su escrito, el abogado resaltaba que los ingresos percibidos del consistorio de Arroyomolinos representaban "un pequeñísimo porcentaje". Así, en el caso de Neverland los ingresos obtenidos del ayuntamiento equivalían al 0,83%, mientras que en GE Escuelas de Ocio, GE Escuelas Urbanas y Campa Ocio y Tiempo Libre eran del 1,07%, 0,7% y 2,15%, respectivamente. "Es decir, las empresas eran conocidas y reconocidas por su buen hacer y prestaban sus servicios profesionales en casi toda España", completaba.
La vicesecretaria del PP de Ayuso, por su parte, defiende que los ingresos se corresponden con el pago del alquiler de un ático suyo que tenía en la localidad madrileña. El problema es que las cifras no coinciden: en el verano de 2012 solicitaba al empresario por el arrendamiento más de 900 euros mensuales, pero uno de los inquilinos que vivió allí por esa época subarrendado por Roselló aseguró a la Guardia Civil que él pagaba 500 euros. Los investigados han defendido que la diferencia se debe a que era un alquiler con opción a compra, una adquisición que jamás se convirtió en realidad. Sombra de duda que la acusación se ha encargado de agrandar en base a un escrito de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid en el que se resalta que no consta ningún depósito de fianza de "contratos de arrendamiento" celebrados sobre el ático.
Algunas de las diligencias que aún faltan por practicar, como ha recordado la jueza en su auto de prolongación de instrucción, tienen que ver justamente con el supuesto alquiler. De hecho, el próximo 23 de noviembre está llamado a declarar como testigo en sede judicial uno de los antiguos inquilinos del inmueble. Este hombre, exempleado de Roselló, residió en el ático de la alcaldesa durante casi dos años. Un tiempo en el que, según dijo en su momento a la Guardia Civil, "no firmó" ningún "contrato de alquiler" y pagó las cuotas de 500 euros directamente al empresario con "dinero en efectivo". Además de él, también está previsto que declare en el juzgado una funcionaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos.
La familia y el empresario
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Más allá de los abonos del empresario, otra de las cuestiones que están por aclarar es la del origen de los "numerosos ingresos en efectivo" que recibió la alcaldesa de Arroyomolinos "de manera fraccionada y en pequeñas cantidades" durante casi una década. En concreto, unos 52.000 euros entre 2008 y 2017. Entradas de dinero que, resalta la Unidad Central Operativa en uno de sus informes, "empezaron a efectuarse" durante el mismo ejercicio en el que Neverland comenzó a realizar los pagos a Millán. Preguntada sobre esto, la alcaldesa aseguró durante su declaración como investigada ante el juez que era el dinero que ingresaba su marido para contribuir a los gastos domésticos. Se trata de Juan Pedro S., cuya declaración tuvo que suspenderse en julio por un problema en la notificación de la citación.
Él es, por lo tanto, otra de las piezas claves del caso. Y sobre él, y su empresa –Xanadú Station SL–, también ha puesto el foco la Unidad Central Operativa. En el informe de junio, los investigadores de la Guardia Civil apuntaron que la pareja de Millán también había cobrado del empresario. "Entre 2008 y 2011, declaró percibir 'rendimientos del trabajo y de actividades económicas', por un importe total de 37.578,04 euros, de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio SL y GE Escuelas Urbanas SL. En este sentido, cabe hacer constar, al igual que en escritos anteriores, que Francisco Vicente Roselló es el administrador único y socio de las mercantiles anteriores", recogía el escrito de la UCO.
Y no solo él. Del entorno de la alcaldesa de Arroyomolinos también estuvo vinculada a estas compañías su hermana Beatriz. En total, percibió de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social 88.642,42 euros, que fueron abonados entre 2008 y 2016. De ahí que la Guardia Civil extraiga varias conclusiones. La primera, que el origen de los pagos es el 2008 en todos y cada uno de los casos. Y la segunda, que desde que Ana Millán se cambió de concejalía las empresas de Roselló dejaron de declarar ingresos del consistorio y la pareja de la alcaldesa dejó de declarar "rendimientos del trabajo y de actividades" de la UTE del empresario. Meses después, cesarían los pagos de Neverland a la actual número tres del PP de Ayuso.
Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos (Madrid) y número tres del PP de Isabel Díaz Ayuso, seguirá un tiempo más bajo la lupa judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Lidia Garrido, ha decidido prorrogar durante otro medio año el denominado caso Neverland, la investigación centrada en los pagos realizados por un empresario a la actual vicesecretaria de Organización de los conservadores madrileños cuando ocupaba puestos de responsabilidad en un consistorio que, al mismo tiempo, adjudicaba contratos al hombre de negocios. La decisión de la jueza permite que las pesquisas, en las que también se ha puesto sobre la mesa la vinculación económica de otros familiares de la número tres del PP madrileño con el empresario, puedan extenderse, al menos, hasta el próximo 27 de marzo, con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina.