La negativa del Tribunal Supremo a abrir causa contra Pablo Casado por el máster que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha derivado finalmente, casi dos meses más tarde, en el archivo de las pesquisas abiertas en un juzgado de Madrid y por hechos casi idénticos contra Carmen Montón, quien dimitió en septiembre tras su efímera estancia en el Gobierno de Pedro Sánchez.
La jueza que el día 21 de ese mes decidió investigar a Montón y que este miércoles acaba de dictar el archivo provisional de las actuaciones contra la exministra es la misma que había pedido al Supremo la imputación de Pablo Casado, que goza de aforamiento ante el alto tribunal por su condición de diputado. Titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la URJC diversos documentos sobre el máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género cuya titulación obtuvo la exministra de Sanidad en el curso 2010-2011. El objetivo de aquel requerimiento era decidir a la vista de los documentos sobre el futuro de esas diligencias.
El auto de Rodríguez-Medel, muy escueto, se limita a dejar constancia en su único fundamento de derecho lo siguiente: "Habiendo informado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular en el sentido de interesar el sobreseimiento al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna, en base al principio acusatorio procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de conformidad con lo establecido en el art. 779.1 en relación con el art. 641, 1º de la LECrim".
Como ya publicó este periódico basándose en el análisis de fuentes conocedoras del caso, el carpetazo del Supremo a investigar al líder del PP –carpetazo acordado pese a admitir que todo apunta a que recibió un "trato de favor"– se saldó primero con el archivo de las diligencias que afectaban a otros alumnos en las mismas circunstancias que Casado e investigados por prevaricación y cohecho. Y auguró desde el primer momento que también la exministra de Sanidad saldría ilesa de la investigación emprendida por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel tras recibir una denuncia anónima. Los únicos que quedan imputados, pero por falsedad documental, son la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y los miembros de la URJC involucrados en la supuesta falsificación del acta sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM).
Casado da un paso más y ya no descarta gobernar con Vox
Montón dimitió como ministra el 11 de septiembre. Dos días antes, eldiario.es había publicado que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se benefició de un trato de favor para la obtención de un posgrado impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por prevaricación y cohecho impropio: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.
La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local –el que logró Pablo Casado– sino el ya mencionado sobre Estudios Interdisciplinares de Género.
El Supremo rechazó la solicitud de imputación de Casado, cursada por la jueza en lo que se conoce como una exposición razonada, pese a reconocer la existencia de indicios de "trato de favor". El auto que salvó al líder del PP lo presentaba como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según la resolución judicial, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.
La negativa del Tribunal Supremo a abrir causa contra Pablo Casado por el máster que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha derivado finalmente, casi dos meses más tarde, en el archivo de las pesquisas abiertas en un juzgado de Madrid y por hechos casi idénticos contra Carmen Montón, quien dimitió en septiembre tras su efímera estancia en el Gobierno de Pedro Sánchez.