La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina Blanco, quiere saber si el órgano judicial competente para investigar la compra del ático de lujo en la localidad malagueña por parte de la empresa de Estados Unidos Coast Investors es la Audiencia Nacional. Este inmueble fue alquilado en 2008 por Lourdes Cavero, la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por un precio de 2.000 euros al mes. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que es la organización que presentó la querella en el juzgado andaluz, ese precio está muy por debajo del mercado.
Según una providencia firmada por la jueza el pasado 17 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tendrá que pronunciarse sobre la competencia del caso, de acuerdo con el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, este punto indica que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargará de los delitos contra la corona, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno; pero también de los delitos cometidos fuera del territorio nacional. Este podría ser el caso de la compra presuntamente irregular de la vivienda por parte de la empresa radicada en el Estado de Delaware (EE UU), que no fue declarada hasta meses después de hacerse público el caso. Ignacio González y su mujer adquirieron en diciembre pasado el inmueble por un valor de 700.000, según explicó el propio presidente a los medios de comunicación, que mantiene que durante cuatro años pagó un alquiler para disfrutar del ático de lujo.
Mariana Peregrina Blanco ha tomado la decisión de preguntar a la Fiscalía su opinión sobre quién debe investigar el caso tras recibir una amplia documentación (más de 700 folios) sobre el caso, pero también tras las declaraciones testificales del pasado 13 de septiembre de dos abogados. La querella presentada por el SUP pone de manifiesto que la empresa Coast Investors, cuyo representante legal es el gestor Rudy Valner, adquirió el ático de lujo investigado por 750.000 euros. Valner, que ha desempeñado las labores de tesorero en la empresa Egeda US, creada en 2004 y presidida por el presidente del Atlético Madrid, Enrique Cerezo, no se ha presentado a declarar como testigo pese a reclamarlo la juezaEnrique Cerezo.
Consejo de administración de Egeda US
En su declaración ante la jueza, el abogado José Antonio Suárez Lozano, que es el secretario de Egeda US, reconoció que Valner, Cerezo y él mismo coincidieron en el consejo de administración de esta empresa audiovisual. También este letrado contestó con la palabra "posiblemente" tras ser preguntado sobre si recordaba que en 2007 la empresa Egeda suscribió un acuerdo con la empresa pública Promadrid y la Confederación de Empresarios de Madrid sobre colaboración audiovisual entre Madrid y Estados Unidos. Según la página web de Egeda, en 2007 el propio Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo madrileño, viajó a Los Ángeles a un acto de presentación de la firma mencionada en el que estuvieron presentes Cerezo, varios representantes de la patronal madrileña (CEIM), (de la que la propia Lourdes Cavero es vicepresidenta), y el que hasta julio fuera presidente de los productores de cine, Pedro Pérez. Precisamente, el nombre de éste último empresario ha aparecido en el sumario del caso Gürtel como presunto propietario de una cuenta bancaria abierta en Suiza en 2005 junto con Francisco Correa y el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Pérez ha negado que él sea el auténtico dueño de la cuenta.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina Blanco, quiere saber si el órgano judicial competente para investigar la compra del ático de lujo en la localidad malagueña por parte de la empresa de Estados Unidos Coast Investors es la Audiencia Nacional. Este inmueble fue alquilado en 2008 por Lourdes Cavero, la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por un precio de 2.000 euros al mes. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que es la organización que presentó la querella en el juzgado andaluz, ese precio está muy por debajo del mercado.