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El futuro de la funcionaria que en noviembre hizo un informe sobre el origen de los bienes conservados en el Pazo de Meirás está ahora a expensas de una investigación judicial: la abierta en abril en un juzgado de Madrid tras una querella presentada por los nietos de Franco. Sin pedir informe previo a la Fiscalía, trámite no obligado por ley pero habitual en casos complejos de gran proyección como es la guerra de los Franco contra el Estado por el destino del pazo gallego, la querella fue admitida en abril por la jueza Cristina Díaz Márquez, ex alto cargo de los Gobiernos de Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes. Titular del juzgado de instrucción 29 de Madrid, Díaz Márquez también ha admitido la querella de Vox contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, al que la formación ultraderechista acusa de malversar fondos para favorecer al PSOE.
La jueza actuó como portavoz del Gobierno en la huelga general del 29 de marzo de 2012, la primera contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde entonces y hasta junio de 2018, cuando la moción de censura derribó al PP, permaneció como directora general de Política Interior salvo durante un periodo en que capitaneó la Dirección General de Justicia del Ejecutivo regional madrileño.
En abril de 2009, antes de su entrada en política y después de que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero asegurase en una entrevista que "había habido un barrido informático masivo" de los ordenadores de La Moncloa durante el traspaso de poderes en 2004, la jueza Díaz Márquez cerró la puerta a investigar si aquello había sucedido. Frente a quienes ante la afirmación del jefe del Ejecutivo le habían solicitado la reapertura de un caso largo y marcado por los tropiezos, su argumento fue este: que no existían indicios de que se hubiera producido "delito alguno".
Doce años más tarde, y ya en tramitación la querella de los Franco contra la funcionaria de Patrimonio Nacional Pilar Benito, la Fiscalía le pidió a la jueza el pasado 23 de julio que archive el caso. El razonamiento central del ministerio público se resume así: que el informe confeccionado por la querellada Pilar Benito, jefa de servicio de conservación de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, estaba "amparado judicialmente". Es decir, que lo hizo una vez que el 9 de noviembre de 2020 un juzgado de la Coruña "ordenó la realización de un inventario que abarcase la totalidad de los bienes existentes en el Pazo de Meirás". Esa decisión fue más tarde anulada por la Audiencia Provincial. Pero eso ocurrió el 20 de abril de este año. Y el informe de Benito lleva fecha de 27 de noviembre de 2020.
En su escrito, la Fiscalía pone el acento en cuestionar la admisión de una querella cuyo relato de hechos no ofrece motivos para pensar en la existencia de delito. "Una interpretación de la norma que no desconozca el sentido común –se lee en el texto– conduce a sostener que no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia".
Casi cinco meses después de haber admitido la querella –el 23 de abril– y tras el escrito de la Fiscalía, Díaz Márquez no ha tomado aún ninguna decisión sobre la solicitud para que archive la querella. Los Franco acusan a la funcionaria de prevaricación, falsedad en documento público, estafa procesal y revelación de secretos. Ese último delito se lo atribuyen porque eldiario.es publicó en diciembre el contenido del informe sobre el inventario del pazo. Los herederos de quien durante cuatro décadas ocupó la Jefatura del Estado atribuyen a Benito la filtración sin que – subraya el ministerio público– ofrezcan razones para justificar su creencia. El informe sobre el inventario del Pazo de Meirás puedes consultarlo pinchando aquí.
Justamente lo que aduce la Fiscalía es lo que, como aparece esbozado en el primer párrafo, llevó en abril de 2009 a Cristina Díaz Márquez a denegar la reapertura de la investigación sobre el supuesto borrado masivo de archivos de la Moncloa. El caso había sido archivado por el mismo juzgado en julio de 2006. Y la Audiencia de Madrid había confirmado el cierre en octubre de 2008 mediante una resolución que recalcaba que lo sostenido por los denunciantes carecía de concreción.
Pero cuando Zapatero reveló en una entrevista en la cadena Cuatro que no conocía la autorización dada a Estados Unidos por Aznar en 2002 para que hicieran escala en España aviones con prisioneros ilegales con destino a Guantánamo, y que no lo conocía porque "había habido un barrido informático masivo" de los ordenadores de La Moncloa, los denunciantes pidieron la reapertura de la investigación. Díaz Márquez, entonces portavoz en Madrid de Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de signo conservador, bloqueó la reapertura. Lanzada por el abogado José Luis Mazón, denunciante habitual de casos de corrupción, fue quien solicitó la reapertura. Pero, según la jueza, su petición se basaba "únicamente en unas declaraciones que nada revelan y que no sirven para tipificar delito alguno".
El último paso de la familia Franco conocido en este caso es la petición de que también la abogada general del Estado, Consuelo Castro, declare como investigada ante la jueza Díaz Márquez. En julio, fuentes de los querellantes consultadas por Europa Press aseguraron que esta petición es consecuencia del testimonio prestado el mes anterior por Llanos Castellanos, expresidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Según esa versión, Castellanos dijo que su actuación en este expediente fue siguiendo instrucciones de la abogada general.
Otra querella admitida: de Vox y contra el presidente del CIS
Además de la querella de los Franco contra la funcionaria Pilar Benito, la jueza Cristina Díaz Márquez ha admitido una contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos. Aquí, el querellante es Vox. Fuentes conocedoras del caso aseguran que tampoco aquí pidió informe previo a la Fiscalía antes de admitir la querella a trámite.
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En el centro de la polémica durante los últimos tiempos por sus declaraciones públicas, las fuentes consultadas dan por hecho que Tezanos tendrá que declarar sin duda ante la jueza. Y que se cumplirá así el aviso que contiene su auto de admisión de la querella, donde anuncia que deberá comparecer en el juzgado aunque sin determinar en qué fecha.
Difundida la admisión a trámite el 6 de agosto, la querella de Vox sostiene que "quedan claras las conocidas y notorias desviaciones hacia el PSOE en los resultados de los informes del CIS". Vox pone también bajo sospecha lo que califica como "elevados costes que paga el CIS por las encuestas subcontratadas".
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