En el largo pasillo que da acceso a la sala 1 del tercer piso del Campus de la Justicia de Lisboa, las paredes de cristal dejan pasar la luz del exterior, en un viernes importante para Rui Pinto, el informante de Football Leaks. Para unos, un simple hacker, un pirata informático. Para otros, el whistleblower que ha hecho posible la denuncia que ha sacudido los cimientos de la industria del fútbol europeo en los últimos años. Desde 2016, el joven portugués ha proporcionado a Der Spiegelmás de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. La jueza de instrucción Cláudia Pina ha comenzado este viernes un partido en el que Pinto, de 31 años, se juega su futuro.
Son las 14:22 horas y Rui Pinto entra en la sala, esposado, vigilado y protegido por tres miembros del Grupo de Intervención de Seguridad Penitenciaria (GISP) y por otros cuatro hombres de la Policía de Seguridad Pública. En la sala, poco más de media docena de abogados que representan al fondo de inversión y agencia deportiva Doyen y a otros demandantes, además de dos abogados defensores de Pinto y una abogada de Aníbal Pinto, también acusado.
El joven portugués se presenta con la misma chaqueta de punto oscura de las sesiones anteriores de la instrucción, con el mismo pelo de punta y con la misma serenidad. Es probable que sepa que el Oporto, el club de su corazón, juega este viernes con el Braga, y que sus rivales, el Sporting y el Benfica, se enfrentarán en el estadio José Alvalade, en Lisboa. Una vez terminada la jornada en el Campus de la Justicia, volverá a la prisión de la Policía Judicial y a su pequeña celda. Será desde allí, por la radio, donde seguirá los dos partidos. ¿Le apetecerá aún hacerlo?
Pero lo que le ha llevado al juzgado no es un partido de fútbol. En un trámite que ha durado menos de una hora, Rui Pinto ha sido informado de por qué tendrá que responder ante la justicia. La jueza Pina ha decidido que será juzgado por un total de 90 delitos, no por los 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalíalos 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalía. Su abogado, Francisco Teixeira da Mota, aseguró al final de la vista preliminar que la decisión de la jueza tiene “aspectos positivos y negativos”.
Es cierto que la magistrada ha eliminado más de 50 delitos –sobre todo referidos a la violación de correspondencia–, en aquellos casos en que los afectados no presentaron una denuncia contra Pinto. También es cierto que 68 de los 74 delitos de acceso ilegítimo –que implican una pena máxima de hasta cinco años– se han convertido en delitos de acceso indebido –con una pena máxima de hasta dos años–.
Pero muchos de los cargos presentados por los fiscales han sido considerados válidos por la jueza. Así, Rui Pinto deberá ser juzgado por intento de extorsión a Doyen. Y por sabotaje informático al Sporting de Lisboa. También tendrá que responder por seis delitos de acceso ilegítimo –por entrar ilegalmente en los sistemas de Doyen, Sporting, el bufete PLMJ, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la Oficina del Fiscal General y la consultora Score–, 68 de acceso indebido –a otros tantos buzones de correo electrónico– y 14 de violación de la correspondencia, por haber leído o divulgado el contenido de otras tantas direcciones de correo electrónico.
Más condena que por asesinato o fraude fiscal
Ninguno de esos delitos, individualmente, le supondrá a Rui Pinto, si es condenado, más de cinco años de prisión. Sin embargo, la suma de varios de ellos puede traducirse fácilmente en una pena por el tiempo máximo de prisión en Portugal, 25 años. En teoría, Rui Pinto puede ser sentenciado a una condena de prisión mayor que la cumplida por muchos asesinos. Mayor incluso que los 15 años a los que ya ha sido condenado el exbanquero José Oliveira e Costa, fundador del Banco Portugués de Negocios (BPN), por los delitos de fraude fiscal, estafa y abuso de confianza. Salvando las distancias entre ambos casos, tanto por el tipo de delitos como por la situación de los acusados: Rui Pinto está en prisión preventiva, Oliveira e Costa está en su casa con un brazalete electrónico.
En la vista preliminar, la magistrada también ha decidido mantener en la cárcel a Pinto y dictaminado que los tribunales portugueses son competentes para juzgar a Rui Pinto por su supuesto intento de extorsión a Doyen, rechazando así la tesis de los abogados defensores.
Rui Pinto tiene la certeza de que después de un año en prisión –fue detenido el 16 de enero de 2019 en Budapest y extraditado a Lisboa en marzo– se enfrenta ahora a ocho meses decisivos. La Justicia portuguesa tiene hasta el 22 de septiembre para juzgarlo. Si el juicio no ha concluido para entonces, Rui Pinto tendrá que ser puesto en libertad y esperar el final del proceso fuera de la cárcel.
Y será en estos próximos ocho meses cuando Rui Pinto y sus abogados jueguen sus principales bazas, intentando rebatir las acusaciones del Ministerio Público y evitar la condena.
En cualquier caso, y pese a haber reducido el número de delitos de 147 a 90, en el auto hecho público este viernes la jueza de instrucción Cláudia Pina asume buena parte de los términos de la acusación de la Fiscalía.
Niega que sea un ‘whistleblower’
La magistrada señala que “los hechos de la acusación están suficientemente probados”, rechaza la idea de que Rui Pinto pueda ser considerado un whistleblower –un informante, principalmente porque no formaba parte de ninguna de las empresas cuya información hizo pública– y asume que el acusado había obtenido información que no debía haber conseguido: “Al acceder a los buzones [de correo electrónico], accede a innumerables datos personales”, observa. La jueza Pina no deja de mencionar el pasado de Rui Pinto, incluyendo el desvío de dinero de un banco de las Islas Caimán, un caso que no llegó a los tribunales porque las partes llegaron a un acuerdo y el informático portugués devolvió el dinero.
En la lectura de su decisión, la instructora también afirmó que “no hay duda” de que, debido a los hechos descritos por el Ministerio Público, se cumplen los requisitos para ser acusado del delito de intento de extorsión. Cláudia Pina recordó los acontecimientos de septiembre y octubre de 2015, cuando Pinto, bajo la identidad virtual de Artem Lobuzov, invitó al fondo Doyen a hacer una “donación” de entre medio millón y un millón de euros para detener las revelaciones del blog Football Leaks.
La jueza Pina admiteque a Rui Pinto le “asiste la razón” cuando argumenta que no debe ser juzgado por violación de la correspondencia de personas que no han presentado una denuncia. Por eso han decaído más de medio centenar de cargos. Pero otras 14, que se presentaron como demandantes durante la investigación de la Fiscalía, llevarán a Rui Pinto ante el tribunal por lo que, según la Fiscalía, vio y no debería haber visto.
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Entre los denunciantes de esos 14 delitos de violación de la correspondencia se encuentran el ex abogado del despacho PLMJ João Medeiros –ahora en Vieira de Almeida–, cuyos correos electrónicos y documentos fueron publicados, en diciembre de 2018, en el blog Mercado de Benfica, así como la abogada Inês Almeida Costa, que también ha cambiado PLMJ por Vieira de Almeida. El mismo Vieira de Almeida que, desde 2015, representa a Doyen en el caso contra Rui Pinto.
Al salir del tribunal, la abogada de Vieira de Almeida que defiende a Doyen, Sofia Ribeiro Branco, no quiso hacer comentarios. Parecía tranquila, como el resto de los abogados, incluyendo el de Rui Pinto. En las próximas semanas se sabrá cuándo comenzará el juicio. En sus nuevas salidas del establecimiento penitenciario de la Policía Judicial, Pinto tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones que pesan sobre él. Son 90. Tantas como minutos tiene un partido de fútbol.
Será allí, ante el tribunal, donde se jugará su futuro. Hace un año, Pinto confió en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel que su padre le había advertido, cuando era niño, que no podía ser un hincha de fútbol porque ese deporte podía destruirle la vida. Parece una profecía.
En el largo pasillo que da acceso a la sala 1 del tercer piso del Campus de la Justicia de Lisboa, las paredes de cristal dejan pasar la luz del exterior, en un viernes importante para Rui Pinto, el informante de Football Leaks. Para unos, un simple hacker, un pirata informático. Para otros, el whistleblower que ha hecho posible la denuncia que ha sacudido los cimientos de la industria del fútbol europeo en los últimos años. Desde 2016, el joven portugués ha proporcionado a Der Spiegelmás de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. La jueza de instrucción Cláudia Pina ha comenzado este viernes un partido en el que Pinto, de 31 años, se juega su futuro.