La jueza procesa a Cifuentes por falsedad documental en su máster

La magistrada del conocido como 'caso Máster', Carmen Rodríguez-Medel, ha iniciado el proceso contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que se le acusa de falsedad documental por el máster que asegura haber cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Después de cerrar la fase de instrucción, Rodríguez-Medel ha dictado lo que se conoce como el auto de procedimiento abreviado, paso previo al juicio por el presunto delito de falsedad documental. Cifuentes, que dimitió en abril tras el escándalo desatado por su máster, se arriesga a una pena de hasta seis años de cárcel.

La jueza destaca que las declaraciones de Cifuentes en sede judicial no resultaron "creíbles" mientras que otorga absoluto crédito a las de la imputada que relató las presiones y amenazas recibidas para que falsificara el acta destinada a justificar la legalidad del título.

El auto también decreta el procesamiento del catedrático Enrique Álvarez Conde, director del ya extinto Instituto de Derecho Público (IDP) de la Rey Juan Carlos, así como el de otras personas que, supuestamente, participaron en la falsificación de documentos. Entre ellas figura Teresa Feito, a quien la juez define como la persona que amenazó con "represalias" a distintos profesores de la URJC si no colaboraban "en la ocultación de las irregularidades".

Basándose en el resultado de las investigaciones, la jueza sostiene la existencia de indicios de que Cifuentes no solo no hizo ni defendió el Trabajo de Fin de Máster (TFM) imprescindible para obtener el máster sino que "promovió que fueran ocultadas" las irregularidades, "haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada". 

En contra de Cifuentes ha jugado un papel esencial la respuesta obtenida de la Delegación del Gobierno respecto de qué marcaba la agenda de quien en julio de 2012 era su titular. Según Cifuentes, tras las noticias aparecidas en eldiario.es constató que en la agenda digital de la Delegación "constaba anotada la cita en la URJC para la defensa" del TFM el 2 de julio de 2012. Pero lo que la Delegación le contestó a la jueza es que "no es posible consultar las citas de 2012 marcadas en la agenda por el tiempo transcurrido". Y eso, destaca la juez, "es predicable también del momento –marzo de 2018– en el que alegó doña C. [Cristina Cifuentes] que lo había comprobado".

La expresidenta de Madrid ha reiterado desde el primer momento que el acta que plasmaba lo que la jueza califica como su "inexistente defensa" del TFM le fue entregada por la URJC. Es decir, que no la elaboró ella misma. Pero, tirando de jurisprudencia, la magistrada subraya que la falsedad documental no es un "delito de propia mano". Y que, por tanto, quien se beneficia de esa falsedad incurre en responsabilidad penal igual que quien fabricó los documentos.

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Según el auto, las afirmaciones efectuadas por Cifuentes ante la jueza –que había hecho el TFM y lo había defendido– "no resultaron creíbles". "Significativo –escribe Rodríguez-Medel– de esto es el hecho de que no conserve copia del trabajo ni de los sucesivos borradores ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera para la corrección del profesor o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo". 

"No parece verosímil –dice la resolución– que en 2012 obviaran esa forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual".