El juicio sobre el gasto injustificado de 65 exdirectivos y exconsejeros de más de 12 millones con las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, entre los que se encuentran los expresidentes de estas entidades Miguel Blesa y Rodrigo Rato, va camino de su última fase: la de petición definitiva de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones particulares (Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario) y de la popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
Pero también, presumiblemente, los abogados defensores de los procesados reclamarán a los magistrados que componen el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en concreto la presidenta Ángela Murillo, la ponente Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, la absolución de sus clientes o penas inferiores a las reclamadas por las acusaciones.
infoLibre ha hablado con tres procesados, acusaciones y letrados defensores para conocer su opinión del juicio, que comenzó el pasado 26 de septiembre y que podría estar visto para sentencia antes de que finalice 2016.
El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal trata de dirimir si los acusados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por el uso que hicieron de sus plásticos, entendidos para Caja Madrid y Bankia como modos de pago para gastos de representación.
Fuentes de las acusaciones han asegurado a esta redacción que en estos momentos, y tras la declaración de todos los procesados y de los peritos, se impone una reflexión que llevará consigo una "modulación" de las penas reclamadas a los consejeros no ejecutivos, algo que no está previsto sea extensible a los considerados responsables de la emisión de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.
Los expresidentes
Estos participantes del juicio coinciden en apuntar a una posible condena elevada de los responsables ejecutivos de las entidades financieras, así como del entonces secretario general. En concreto, serían los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato; el consejero José Manuel Fernández-Norniella; el secretario general Enrique de la Torre y el director general de Medios Ildefonso Sánchez-Barcoj.
El letrado Antonino Daza, del despacho Jurado Abogados que defiende a la exdiputada del PSOE en el Congreso Enedina Álvarez, llama la atención sobre la dificultad de probar que su clienta y el resto de consejeros no ejecutivos de Caja Madrid cometieron un delito de apropiación indebida. "Es complicado, pero un caso diferente es el de los presidentes y algunos directivos. Lo que parece claro es que todos tendrán que devolver el dinero que gastaron al ser considerados partícipes a título lucrativo".
Y como prueba de esta complejidad, este letrado argumenta que los testimonios de los peritos de Bankia no cambian lo que para él es la realidad: "El delito de apropiación indebida es muy difícil de probar porque le han dado una tarjeta y le permitieron utilizarla. Pero un delito de apropiación indebida significa que alguien se ha llevado algo sin que el afectado se entere", explica el abogado del despacho Jurado Abogados.
Administración desleal
Otra cosa diferente es, según este letrado, la posible condena por el delito de administración desleal de los consejeros ejecutivos: "Ellos sí tenían poder para permitir el funcionamiento de las tarjetas, y yo creo que todos los abogados que hemos estado en el juicio coincidimos en que una solución bastante ecuánime sería no forzar el tipo de la apropiación indebida, que es un delito muy complicado de probar ya que les dieron una tarjeta y les dijeron que la podían usar. Pero de ahí a decir que has robado, es muy difícil. Lo que se oye hablar a todos es que los jueces no van a forzar el tipo de apropiación indebida para los consejeros no ejecutivos, aunque les condenen a que devuelvan el dinero, y por el contrario que condenen por administración desleal a los consejeros ejecutivos, que fueron los que permitieron la existencia de las tarjetas".
Un directivo procesado, que prefiere no dar su nombre en esta información, circunscribe únicamente la posible condena por un delito de administración a Rodrigo Rato, ya que en su etapa sí había una limitación impuesta por el ministro de Economía Luis de Guindos, que impedía que los directivos de las cajas rescatadas cobraran más de 600.000 euros. "Y esta tarjeta podía hacer que superaran esta suma sin conocimiento de las autoridades. Pero habría que tener en cuenta que el delito de administración desleal se debería atribuir a todos los administradores, que eran los consejeros, y no sólo al presidente Rato", advierte este procesado, que abandonó su empleo en Caja Madrid con la salida de Blesa.
Por su parte, el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Gonzalo Postigo, que ejerce la acusación popular en el caso de las black y en el caso Bankia alaba la "solidez" de los peritos de KPMG que ratificaron en una de las sesiones del juicio su dictamen pericial, avalando el previo informe de auditoría interna de Bankia y las famosas hojas Excel con los gastos de las tarjetas que dieron origen a la denuncia enviada a la Fiscalía Anticorrupción.
"Estuvieron muy sólidos, pese a la intervención de algunos de los abogados defensores, que en sus preguntas fueron más allá de lo que es verdaderamente correcto", ha explicado Postigo, que encabeza un sindicato que ejerce la acusación popular en casos tan llamativos como Caja Inmaculada (CAI) o Caixa Catalunya, en el que está imputado el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra.
Postigo prefiere no avanzar el sentido del escrito de acusación que presentará su letrado en el juicio, Andrés Herzog, cuya denuncia en nombre de UPyD dio inicio al caso Bankia y a la pieza separada de las tarjetas black. Sin embargo, considera evidente que hay pruebas suficientes para condenar a todos los procesados, y especialmente a los "autores intelectuales del delito".
"No eran de representación"
Este sindicalista está convencido de que en el juicio se ha demostrado que los gastos de las black no eran de representación: "Lo que tenemos claro es que para los sindicalistas no vamos a reducir la petición de penas ya que consideramos que también han podido cometer un delito contra la libertad sindical y eso no lo perdonamos". Postigo destaca especialmente al papel desempeñado por dos de los procesados, Francisco Baquero y Pedro Bedia. Éste último fue uno de los sindicalistas que firmó el convenio marco de las cajas de ahorros.
Por su parte Andrés Herzog, que en su escrito de acusación reclamó diez años de cárcel para Rato, Blesa y Sánchez-Barcoj, y seis para los otros imputados, de forma indistinta, aunque no descarta hacer alguna modulación de las mismas en función de las diversas circunstancias concurrentes, algo que ya hicieron en sus escritos de acusación las restantes acusaciones particulares, el Frob y Bankia: "Habrá tiempo de matizar, en su caso, en el escrito de conclusiones definitivas". Las acusaciones, de forma generalizada, consideran factible que las penas se vayan "modulando". Y eso pasa porque un número de personas podrían ser condenados a penas inferiores a las de los máximos responsables, como por ejemplo los expresidentes.
Herzog llama por ello la atención en el papel que desempeñaron los consejeros ejecutivos, como por ejemplo los expresidentes de las entidades: "Evidentemente habrá una penalidad mayor para el presidente. En nuestro caso, nosotros defendemos que los presidentes eran los que tenían el máximo ámbito de decisión. Ellos habrán podido cometer dos delitos, administración desleal y apropiación indebida, por lo que ahí podría haber una diferencia entre las penas más elevadas de este grupo y el resto. Pero yo, tal y cómo ha ido el juicio, creo que serán todos condenados".
Sin embargo, fuentes del caso argumentan que algunos de los procesados podrían no ser condenados. Se trataría en concreto de los exconsejeros e integrantes de la comisión de control, que realizaron gastos modestos con sus tarjetas, y que han defendido que eran gastos de representación. Este sería el caso, al menos, de Rafael Torres Posada que ha presentado un informe pericial que reconoce que ha realizado 8.000 euros en gastos personales.
"Contradicciones" de las acusaciones
Las mismas fuentes explican que estos procesados "van de una forma más abierta", y eso podría tener un efecto positivo para estos consejeros. Andrés Herzog, preguntado por infoLibre sobre este caso, prefiere no adelantar los acontecimientos, aunque sí explica cómo va, según su opinión, el juicio: "Ha ido muy bien para las acusaciones ya que los procesados han mostrado numerosas contradicciones".
Sin embargo, la opinión de al menos tres de los procesados, uno de ellos un ex consejero ejecutivo, que prefieren no identificarse, va en sentido contrario a la de Herzog. Consideran que durante el juicio se ha demostrado que las tarjetas black se crearon en la etapa de Jaime TerceiroJaime Terceiro como presidente, y que se mantuvieron hasta la salida de Rodrigo Rato en 2012. Además, aseguran que era una retribución.
Por su parte el letrado de la acusación de la CIC Andrés Herzog, hace hincapié "en la incoherencia" que muestran los procesados cuando aseguran que sus gastos con las black eran en realidad unas retribuciones "de libre disposición", pero sin embargo se empeñan en cuestionar algunos de los apuntes de las hojas facilitadas por Bankia. "Si es retributiva te lo gastas en lo que quieras, ¿entonces para qué dan tantas explicaciones?", se pregunta el abogado.
La hoja Excel
Herzog se refiere en concreto a la exposición realizada en el juicio por un consultor de ciberseguridad, que cuestionó la veracidad de los datos que incluye la hoja Excel aportada como prueba por Bankia y en la que se desglosa el gasto que los acusados hicieron con sus tarjetas.
David Amizcoz, experto en consultoría de medio de pagos compareció a propuesta del exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, y precisó que no se podía garantizar la integridad de la información en el proceso de volcado de datos.
El letrado Herzog también rechaza la supuesta importancia de otra prueba que para los acusados es "fundamental". El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo aceptó como prueba dos documentos de 1988 y 1992 que hacen referencia al contrato sobre la entrega de las visas y que, en opinión de las defensas, acreditaría que éstas se crearon no sólo con la finalidad de cubrir gastos de representación sino que también podrían ser utilizadas "en concepto de compensación por el ejercicio de su función".
En concreto se trata de una carta dirigida a una exconsejera en la que se indica que le van a facilitar el PIN de la tarjeta, algo que el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro declaró que no pasaba en su etapa: "Eso no prueba nada, y aunque fuera verdad, lo única conclusión a lo que nos llevaría es que Terceiro se equivocó cuando dijo que las tarjetas no tenían PIN. ¿Y qué? eso no cambia la naturaleza de las tarjetas, destinadas a gastos de representación. ¿Quieren con ello concluir que Blesa no las creó y en su origen eran ya tarjetas retributivas? Es mucho imaginar y, aunque fuera cierto, eso no te exime de responsabilidad. Rato tampoco ideó este sistema y no ha dejado de estar acusado. Han buscado enfangar a Terceiro, pero la realidad es que él no está sentado en el banquillo ni ha sido imputado", relata el letrado del sindicato que ejerce la acusación popular.
"Somos muy optimistas"
Este periódico también ha conversado con uno de los consejeros no ejecutivos que más dinero gastó con su tarjeta de Caja Madrid y que prefiere no identificarse. Él, asegura, recoge la opinión de varios de sus excompañeros en el consejo de administración: "Somos muy optimistas para los no ejecutivos. Lo que nos dicen los abogados es que en nuestro caso no acaba de sustanciarse un motivo de causa penal, aunque sí podría haber faltas administrativas en varios terrenos".
Para este procesado, en el juicio se ha comprobado que las tarjetas "venían de atrás. Y eso queda probado. No hubo una ruptura con la entrada de Blesa, es decir, no se cambió de la justificación de los gastos de empresa a un sistema de libre disposición. Eso se ha contradicho con todas las evidencias y con dos documentos que han aparecido de la fundación Caja Madrid", explica este exconsejero en referencia a la prueba que el abogado de la acusación Andrés Herzog considera "de escasa importancia".
Por el contrario, este exconsejero sostiene que estas cartas que se mandaron a dos consejeras que habían tomado posesión del cargo de forma tardía "derrumba todo el argumento de Terceiro y que no se sostenía. Han aparecido una serie de datos que apuntan en esa dirección, que las tarjetas ya existían en la época de TerceiroTerceiro", completa el exconsejero no ejecutivo de Caja Madrid.
"Responderán los presidentes"
"A partir de ahí está claro que el sistema era lícito, pero si no lo era, los que tendrán que responder serán los presidentes, Sánchez Barcoj y De la Torre", resalta este procesado, que considera probado que el sistema de pago ya se había creado antes de la llegada de Miguel Blesa, a quién apunta, no obstante, como el responsable junto al secretario general, Enrique de la Torre, de velar por el cumplimiento normativo y regulatorio de las cajas de ahorros. "Los consejeros mandataron al presidente y al secretario general, como es habitual, para que garantizara el pleno desarrollo de la normativa vigente".
Uno de los directivos procesados, que al igual que el consejero anterior prefiere no dar su nombre, también considera probado que las tarjetas, tal y como se conocen en la actualidad, se crearon en la presidencia de Terceiro: "Y ya desde entonces eran de representación y de compensación de gastos, por lo que no hubo una modificación en la época de Blesa".
Pero este directivo aporta una diferencia más. La que existía, según su versión, entre los directivos, como él, que disponía de una tarjeta remuneratoria, que formaba parte de su salario, y los consejeros, que tenían únicamente una Visa destinada sólo a gastos de representación.
"Chivo expiatorio"
La Confederación de Crédito concluye que las 'black' se crearon para “comprar voluntades”
infoLibre también ha conversado con uno de los exconsejeros ejecutivos que se sientan en el banquillo de los acusados, que asegura que las 65 personas procesadas se han convertido en un "chivo expiatorio": "En la perspectiva de hoy nuestra forma de actuar puede ser criticable, pero hace 30 años todo eso se hizo con todos los sacramentos. En el juicio se ha demostrado que no somos unos delincuentes".
Este exconsejero critica, especialmente, la intervención del único exconsejero ejecutivo de Bankia que no está procesado, Francisco Verdú, porque no llegó a utilizar su tarjeta: "Es increíble que diga que tenía una tarjeta y que no la usó, lo que tendría que haber hecho era denunciar al consejo de administración esa irregularidad. No, pero lo que hizo fue guardarse esa irregularidad, al mismo tiempo que no entregó la tarjeta hasta que no se fue Rodrigo Rato, en mayo de 2012".
En cuanto al juicio, este exconsejero ha resaltado que uno de los peritos, al que calificó de independiente, ha explicado que la retribución a directivos con tarjetas de crédito no es habitual, pero sin embargo no era desconocido. Al mismo tiempo, sostiene que nunca podría ser condenado por administración desleal, porque en el consejo de administración "nunca se trató el caso de las tarjetas".
El juicio sobre el gasto injustificado de 65 exdirectivos y exconsejeros de más de 12 millones con las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, entre los que se encuentran los expresidentes de estas entidades Miguel Blesa y Rodrigo Rato, va camino de su última fase: la de petición definitiva de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones particulares (Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario) y de la popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).