El juicio del denominado 'caso Móviles' en el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas se celebra este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Entre otros delitos, se le acusa de haber vulnerado el derecho al secreto profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones.
En concreto, la Sala Civil y Penal del TSJIB ha señalado la vista oral a partir de las 09.30 horas, y días sucesivos si fuera necesario, en sesiones de mañana y tarde. La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, incautó los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'. La Policía también requisó ordenadores, un 'pendrive' y diversa documentación en la sede de Europa Press en Baleares y, ya por la tarde, visitó la sede de 'Diario de Mallorca', pero finalmente no accedieron a su interior. Estos hechos provocaron cierta indignación en el ámbito de la profesión y se dieron muestras de apoyo y solidaridad y concentraciones en diferentes puntos del país.
Ante esto, la defensa de los medios afectados –Europa Press y 'Diario de Mallorca'–, así como los dos periodistas –Blanca Pou y Kiko Mestre– presentaron una querella en la que se piden penas que suman 42 años de inhabilitación por, además de vulnerar el secreto profesional y la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.
El juez ordenó obtener el listado de llamadas
La documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre ('Diario de Mallorca), Pou (Europa Press), una periodista de 'EFE' y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.
El juez Florit sostiene en el juicio del 'caso móviles' que incautar teléfonos a un periodista "no compromete" el secreto profesional
Las medidas fueron dictadas por Florit a instancias de la Policía y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. En este sentido, el fiscal superior Bartolomé Barceló pide la libre absolución del magistrado. En su escrito de conclusiones provisionales, afirma también que Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntas fuentes informantes.
Por su lado, la agencia de comunicación 'EFE', como acusación particular y la Asociación de Medios de la Información (AMI), como acusación popular, se adhirieron a la querella y, en consonancia, piden también 42 años de inhabilitación. El 4 de enero de 2019, el Juzgado devolvió el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Desde el juzgado se certificó que los dispositivos móviles no se habían inspeccionado durante su estancia en la sede judicial. Sin embargo, no se pronunció sobre la ventana de casi 24 horas en la que los dispositivos habían estado bajo custodia policial.
Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante más de un año, el juicio por el 'caso Móviles' se celebrará este jueves, cerca de dos meses después de que Florit se jubilara de manera anticipada. En el juicio, declarará como testigo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejando Luzón, por videoconferencia, el propio fiscal Carrau --que en un principio fue investigado pero acabó siendo desimputado y citado como testigo-- y los periodistas afectados, entre otras personas.
El juicio del denominado 'caso Móviles' en el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas se celebra este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Entre otros delitos, se le acusa de haber vulnerado el derecho al secreto profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones.