La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía manifestó este viernes –tras conocerse el último auto judicial sobre la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)– que la investigación "penal se reduce ya a un presunto delito de prevaricación", sin que exista "indicio de ninguna clase de corrupción".
La Consejería se pronunció así en un comunicado después de que este viernes se conociera que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla –que investiga la adjudicación de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis, en detrimento de Emerita Resources España– ha imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto.
La Consejería señaló que las comparecencias a las que han sido citadas estas siete personas –algunas miembros de la mesa del concurso y otras de la comisión técnica– se convocan por el juzgado "con más de un mes y medio de antelación a fin de que los llamados a declarar puedan conocer toda la documentación existente en poder del juzgado, evitando así su indefensión".
Asimismo quiso dejar claro que la forma en que pueden ser llamados a declarar "es en calidad de imputados, a fin de que de esta manera puedan utilizar todos los medios de defensa que les corresponden".
La Consejería prestó su "absoluta confianza" en que las declaraciones que en su día presten la directora general de Minas, el interventor y la letrada de la consejería, así como el jefe del Área de Minas, "aclaren definitivamente las tres dudas administrativas que por ese juzgado se mantienen sobre la solvencia económica de la empresa adjudicataria, así como sobre otros dos aspectos, de carácter técnico del proyecto ganador, relacionados con la gestión futura del agua en la explotación minera y el acceso al talud sur de la corta de Aznalcóllar".
Este último auto, según la Junta, supone que "la investigación penal se refiere ya a aspectos en los que se discute el acierto de la resolución administrativa –si eran correctas las decisiones que se tomaron en el procedimiento del concurso–, sin que exista indicio de ninguna clase de corrupción".
De igual modo apuntó que la "cercanía de esta investigación con un ordinario procedimiento contencioso-administrativo (donde se discute la legalidad o no de cualquier resolución administrativa) es más que evidente".
El Gobierno andaluz entiende que los aspectos del procedimiento del concurso de Aznalcóllar sobre los que el juzgado quiere continuar la investigación y sobre los que quiere oír la declaración de los funcionarios públicos responsables, son tres: la solvencia económica de Grupo México; las cuadrículas mineras a las que se extiende el Plan de Investigación, y los aspectos del Proyecto de Explotación referidos a la gestión del agua y al talud sur de la corta de los Frailes.
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Respecto de la solvencia económica de Grupo México, la Consejería de Empleo consideró que "las discrepancias" entre lo declarado por la empleada de Invercaria Pilar Trujillano y lo afirmado por todos los miembros de la mesa llevan a que el juzgado llame a declarar a los funcionarios más vinculados con los aspectos jurídicos y económicos de la mesa, como la letrada del gabinete jurídico, el interventor y el funcionario jefe del Servicio de Contratación de la Dirección General de Patrimonio, así como a la directora general de Industria, como presidenta de la citada mesa.
En cuanto a los aspectos del Plan de Investigación y del Proyecto de Investigación, según la Junta, el juzgado llama a declarar a los funcionarios de la comisión técnica más vinculados con los aspectos que el juzgado quiere corroborar, a la vista de lo declarado por el empleado de Emerita, Ismael Jesús Rodríguez Barbero.
En opinión de la Junta, en este punto conviene destacar que el juzgado "reconoce que tiene aún pendiente de estudiar toda la documentación que le ha presentado Ayesa sobre el proyecto de explotación durante esta semana", mientras que también está pendiente de recibir información que el juzgado ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía manifestó este viernes –tras conocerse el último auto judicial sobre la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)– que la investigación "penal se reduce ya a un presunto delito de prevaricación", sin que exista "indicio de ninguna clase de corrupción".