La Junta Electoral Central (JEC) –el órgano superior de la Administración Electoral, compuesto por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología– acordó en su última reunión proponer a las Cortes Generales y al Gobierno la implantación de un procedimiento de voto telemático para los electores españoles que viven en el extranjero con el objetivo de acabar con las "notables disfunciones" del llamado voto rogado.
El citado órgano tomó esta decisión tras analizar las convocatorias electorales que se han celebrado desde 2012. La Junta Electoral plasmó las conclusiones de esos análisis en un informe –al que ha tenido acceso infoLibre– en el que constata que la obligación de rogar el voto, pactada por PP y PSOE en 2011 con el acuerdo de CiU y PNV, ha hecho "en gran medida inoperante" el sistema como medio para que los españoles que residen en el extranjero ejerzan un derecho fundamental como es el del sufragio.
Lo cierto es que las últimas generales volvieron a constatar la escasa participación del colectivo de emigrantes en las elecciones. De los 1.920.256 electores inscritos en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA), sólo ejercieron su derecho al voto 120.777, es decir, un 6,3%. En las generales de 2008, en los últimos comicios antes de la reforma que estableció la obligación de reclamar el voto, ejercieron este derecho 382.568 de los 1.205.329 inscritos, el 31,7%. La caída de la participación fue, por tanto, del 80%.
No obstante, hay otro dato que resulta llamativo. De los 1.920.256 inscritos en el CERA para el 26J un total de 155.165 personas rogaron el voto, es decir, completaron la primera parte del trámite imprescindible que hay que realizar para poder ejercer el derecho al sufragio desde el exterior. Sin embargo, los que votaron finalmente fueron 120.777 (un 77,8%). Eso quiere decir que algo más de dos de cada diez personas que reclamaron su derecho de participar en estos comicios, finalmente no lo hicieron.
Más allá de la disposición del elector a tomar la iniciativa de comunicar su propósito de votar, en su informe, la Junta Electoral cita como causas de esta baja participación el retraso en el envío y la recepción de la documentación, los defectos y limitaciones de funcionamiento de las oficinas consulares o los errores en el funcionamiento de Correos. En definitiva, concluye que con este sistema "es difícil (...) que todos los votos lleguen a tiempo de ser escrutados". Ante esta realidad, plantea como "remedio excepcional" la implantación de un "canal seguro" que permita a estos electores votar a través de una aplicación informática.
Respecto a cómo debería articularse este nuevo sistema detalla que el voto encriptado viajaría a la urna para ser contado en el momento adecuado y subraya que sería "indispensable" que se separase el voto de la identidad del votante para asegurar su carácter secreto. Asimismo, la Junta Electoral propone que todo el procedimiento telemático permita su verificación de forma independiente para prevenir y, en su caso, detectar cualquier manipulación. Aunque admite la "complejidad" del procedimiento defiende su utilidad y pide que, en todo caso, se realice con "consenso político".
Las críticas de la Marea Granate
Las trabas administrativas y la obligación de rogar el voto han sido claro objeto de denuncia por parte de los españoles expatriados que, al menos en su vertiente más visible, el colectivo Marea Granate, se quejan de que las dificultades que se encuentran para ejercer su derecho están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa a buena parte de los 1,9 millones de electores que viven en el extranjero.
No obstante, este colectivo entiende que el voto telemático que propone la Junta Electoral Central no es la mejor solución. "Donde se ha puesto en marcha ha demostrado nula fiabilidad y auditabilidad", señala María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate. Asegura que les preocupa el hecho de que el proceso no pueda ser auditado públicamente, pues sólo personas expertas pueden ocuparse de su verificación; así como la llamada brecha digital, dado que parte de la emigración española es de edad avanzada.
Almena también señala que no hay evidencia científica de que el voto a través de Internet, a día de hoy, cumpla con todas las garantías. De hecho, recuerda los casos de Noruega, donde tras un largo período de trabajo de grupos de expertos, se descartó por las escasas garantías y la gran cantidad de potenciales ataques a los que podría ser sometido el sistema electoral; o el de Alemania, donde fue incluso declarado inconstitucional en 2009.
La Marea Granate también pone en cuestión el hecho de que este procedimiento vaya a depender para su implantación de proveedores privados lo que, a su juicio, supone una "cesión de soberanía" y una privatización del proceso. Lo cierto es que la propia JEC, en su informe, admite que serían especialistas "funcionarios o pertenecientes al sector privado" los que tendrían que encargarse de resolver las controversias técnicas que se pudieran generar, por lo que "desaparecería la transparencia que asegura la fiabilidad de los procesos electorales". Y es que los órganos de control, las juntas electorales y los tribunales, se ocuparían de resolver las controversias jurídicas, pero no las técnicas.
"Mayores garantías"
El PP condiciona la supresión del voto rogado a un sistema equivalente al voto por correo en España
Sí está de acuerdo con esta propuesta de voto telemático Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, aunque defiende que es imprescindible que se articule a través de un sistema que garantice el secreto del voto y que no se pueda manipular, es decir, que se haga con "las mayores garantías". En todo caso, este experto celebra que la Junta Electoral, al fin, haya constatado el fracaso del actual sistema de voto por correo ejercido desde el extranjero.
Presno alude al ejemplo de Estonia, que realizó la primera experiencia real del voto electrónico a distancia en unas elecciones legislativas en 2007. El Constitucional estonio ha avalado su compatibilidad con la norma fundamental y su carácter no discriminatorio. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 el 31% de los estonios votaron a través de Internet. "En Estonia ese sistema funciona sin problemas. Me parece una propuesta acertada pero que debe articularse con las mayores garantías y, desde luego, cuanto antes", señala Presno.
Para poder votar de forma telemática en ese país se exige tener un documento de identidad electrónico y el sufragio se ejerce a través de dos PIN: uno para elegir el voto y otro para encriptarlo. El voto por Internet se invalida si después se ejerce presencialmente. La Comisión Nacional Electoral es el órgano responsable de la gestión, aunque el sistema ha sido desarrollado por una compañía privada y las auditoras KPMG y PwC son las encargadas de auditar el proceso.
La Junta Electoral Central (JEC) –el órgano superior de la Administración Electoral, compuesto por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología– acordó en su última reunión proponer a las Cortes Generales y al Gobierno la implantación de un procedimiento de voto telemático para los electores españoles que viven en el extranjero con el objetivo de acabar con las "notables disfunciones" del llamado voto rogado.