Horas de negociaciones intensas. Los decretos del Gobierno no tienen los votos asegurados. Su destino en estos momentos es decaer. La clave está en Junts, que sigue instalado en el no y que está aprovechando la primera negociación de leyes para marcar su propio sello para la legislatura: “No es un cheque en blanco. Si en los últimos años ha funcionado así, con nosotros no”.
En el Gobierno se muestran en público y en privado confiados en que al final habrá luz verde en el Pleno del Congreso del miércoles a los tres decretos clave: medidas anticrisis, ómnibus y de presentaciones por desempleo. El primero supone el gran escudo social con medidas como la revalorización de las pensiones y las subvenciones a los trasportes públicos, mientras que los segundos conllevan además que se pueda recibir un nuevo paquete de 10.000 millones de los fondos Next Generation de la UE. Son normas vitales para la coalición naciente.
La incógnita no se despejará hasta bien entrada la tarde del miércoles cuando se llevará a cabo la votación de los diputados. Y en el Gobierno siguen desplegando la negociación a varias bandas, pero focalizando especialmente en Junts, con quien quieren sacar adelante estos paquetes de iniciativas por encima de un posible apoyo del PP. Fuentes de La Moncloa explican que creen que los populares no se van a abstener y que las condiciones que exigen son meras excusas para que el Gobierno no pacte.
Moncloa mira a Junts y cree que el PP no quiere un acuerdo
Por eso detienen sus miradas especialmente en Junts y señalan que es buena señal que siga habiendo negociación con el partido de Carles Puigdemont. Y es que se está explorando algún tipo de acuerdo que esté en el “perímetro” y no afecte directamente al contenido de los decretos (los posconvergentes han rebajado en las últimas horas sus críticas a que se introduzca la cuestión prejudicial europea).
Sobre la mesa Junts ha puesto otra serie de exigencias como la posibilidad de multar a las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña durante el procés o dar incentivos para que vuelvan. Desde el Ejecutivo no dan ninguna pista y se limitan a repetir que el Gobierno siempre da “seguridad jurídica” a las empresas. Una de las máximas de La Moncloa es la discreción para llegar a buen puerto como pasó con las negociaciones de la investidura y de la Mesa del Congreso. Otra apuesta de Junts es que el Gobierno incremente la inversión para llevar a cabo la digitalización de la Justicia.
Son conscientes en el Gobierno y en el PSOE de que a Junts no le ha gustado nada cómo se ha gestionado esta tramitación de los decretos. Durante los encuentros en privado los de Carlos Puigdemont lo han hecho llegar a sus interlocutores socialistas, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Los posconvergentes han lamentado la falta de tiempo para estudiar los decretos y negociarlos, habiendo salido sin su visto bueno antes de que los aprobara el Consejo de Ministros.
El PSOE reconoce que deberá negociar de otra forma
Fuentes socialistas reconocen que van a tener otras formas como pide Junts, pero justifican la necesidad de aprobar de manera urgente estos decretos, que conllevan medidas para el día a día de los ciudadanos y el desembolso de los 10.000 millones para el plan de transformación y de resiliencia. Los dos partidos apenas tenían contacto antes del 23 de julio y ahora están en la fase de construir una relación fluida, especialmente a través del puente entre Santos Cerdán y Jordi Turull, que se reunieron la semana pasada.
Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, subrayó en TVE esa ventana todavía abierta para el acuerdo, pero hizo una declaración de intenciones: “No se debe confundir informar con acordar”. Los de Carles Puigdemont tienen varias líneas directas con miembros del Gobierno, del PSOE y de Sumar para tantear hasta dónde pueden llegar. Su preferencia: retirar los decretos y negociar unos nuevos para la semana que viene, algo que rechaza el Ejecutivo. El acuerdo o el fracaso llegará en una jornada de tensión máxima en las Cortes, pues también se debatirán los objetivos de senda fiscal y las dos enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía registradas por el PP y Vox.
En la dirección de Junts se afanan en decir que ellos no van a dar “cheques en blanco”, algo en lo que se quieren diferenciar con la supuesta actitud de Esquerra Republicana. “Si en los últimos años había funcionado una manera de hacer las cosas así, con Junts avisamos de que no sería así”, comentó Rius, que recordó que ya alertaron de que el acuerdo de investidura no era de legislatura y que todo se condicionaba al avance de los propios pactos en materia “nacional” y social. En estas horas de tensa negociación, el mensaje también de los posconvergentes es que no vale la política “de hechos consumados”: “Si había funcionado con otros grupos catalanes, con nosotros no. A nadie le tiene que sorprender”.
En la red social X, el expresident Carles Puigdemont asimismo dejó un mensaje con ese sentido: “Ni zanahorias ni chantajes. De nadie”. Para añadir: “No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla”. A lo que añadió: “El pressing Junts –también por parte del Govern– no funcionará. La pelota no está en nuestro tejado y lo saben”.
La lucha entre Junts y ERC
La actitud de Junts contrasta con estos decretos con la de Esquerra, que ha dicho que ‘sí’ días antes de la votación, a la espera también de poder salvar los presupuestos de la Generalitat gracias a los votos del PSC en el Parlament. Detrás también de este clima está la siempre soterrada guerra por el protagonismo entre Junts y ERC, creyendo estos último que Puigdemont busca los focos y quedar siempre por delante de Esquerra para justificar el giro que ha dado. Desde el Gobierno se evita entrar en hablar de escenificación por parte de los posconvergentes, aunque la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reconoció el lunes en una entrevista en TVE que Junts, como el resto de partidos ante la situación del Congreso, está intentando hacer valer sus votos y su marca, por lo que quiere también visibilidad. “Ellos desde el primer momento han querido marcar diferencias con otro grupo político con el que disputan la capacidad de gobierno dentro de su territorio. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis político porque eso está presente”, reflexionó la también titular de Hacienda.
A pesar de que ahora el vértigo del no en inminente con los noes de Junts, el PP y Podemos, desde La Moncloa mandan el mensaje de confianza. La propia portavoz, Pilar Alegría, aseguró: "Estamos trabajando con todos los grupos parlamentarios desde el minuto uno. Les garantizo que desde luego confiamos en tener su apoyo para poder aprobar estos decretos, cuyo contenido es lo verdaderamente importante". Y se hace hincapié en lo que supone la no convalidación con la caída inmediata de medidas como la revalorización de las pensiones, la reducción a cero del IVA de productos de primera necesidad, la prohibición de los desahucios para las familias vulnerables y la reducción de los impuestos para la luz y el gas.
Nadie quiere hablar en el Gobierno de que el Congreso tumbe los decretos, lo que supondrá un duro mazazo en la primera gran votación. Además, pondrá a debate la propia fórmula empleada por el Ejecutivo y que pretende ser la tónica general: paquetes de medidas concentrados frente a la amplia carga legislativa de la anterior legislatura, la negociación a posteriori tras el Consejo de Ministros (algo que tampoco gusta en el PNV) y la confianza en el bloque de la investidura. Con la vista siempre puesta en la tramitación próxima de la ley sobre la que dependerá la legislatura: los Presupuestos Generales del Estado.
Horas de negociaciones intensas. Los decretos del Gobierno no tienen los votos asegurados. Su destino en estos momentos es decaer. La clave está en Junts, que sigue instalado en el no y que está aprovechando la primera negociación de leyes para marcar su propio sello para la legislatura: “No es un cheque en blanco. Si en los últimos años ha funcionado así, con nosotros no”.