La Justicia ha archivado la causa que abrió a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a dos meses de las elecciones, por los proyectos de nuevos ejes verdes de la "superilla" del Eixample, a raíz de una querella presentada por el exarquitecto jefe del Ayuntamiento Josep Antoni Acebillo. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por Colau y la exteniente de alcalde Janet Sanz, también investigada, al concluir que las posibles irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto no constituyen delito.
Esta es la tercera investigación penal contra Colau que la Justicia archiva en los últimos meses. La semana pasada una jueza de Barcelona dio carpetazo a la querella por coacciones que le presentó un fondo inversor y, en octubre, se zanjó otra causa abierta contra ella por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento con Israel.
La querella, que además de Acebillo firmaban los abogados Francesc Jufresa y Ferrán Grasas, acusaba a Colau de un delito urbanístico, además de otros dos de fraude en subvenciones y malversación por destinar fondos públicos al proyecto de ejes verdes pese a sus irregularidades.
Los mismos querellantes habían presentado en 2022 una denuncia por el mismo proyecto urbanístico ante la Fiscalía, que la archivó al no apreciar indicios de delito y, en consecuencia, se opuso también a que el juzgado abriera una investigación penal contra la exalcaldesa por idénticos hechos.
El pasado mes de septiembre, un juzgado contencioso de Barcelona revocó el acuerdo del ayuntamiento que aprobó la "superilla" al considerar que no se había tramitado correctamente, lo que Colau y Sanz aprovecharon para pedir el archivo de la causa penal abierta con el argumento de que versaba sobre el mismo asunto.
La sección sexta ha estimado ahora su recurso y ha acordado el archivo provisional de la causa, al concluir que la vía penal solo está justificada en el caso de las infracciones "más graves y, por lo tanto, dolosas", no en la "omisión de trámites o irregularidades de procedimiento".
"Difícilmente puede justificarse la continuación de la persecución penal cuando la sentencia del juzgado contencioso-administrativo dice que la infracciones urbanísticas no tienen la intensidad requerida", remacha el fallo.
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Para el tribunal, de la "conculcación" de normas urbanísticas tampoco se derivan los delitos de fraude de subvenciones y malversación que planteaban los querellantes: "Si hay dudas sobre la legalidad de la acción urbanística, nos podremos plantear que los fondos no debieron ser empleados en aquella, pero sin que en tal caso sin más puedan considerarse malversados".
Ada Colau concurrió a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo con cuatro investigaciones penales abiertas, a las que poco después se añadió una quinta por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento de Barcelona con Israel.
Aparte de las tres archivadas, sigue abierta otra causa derivada de una querella de la Asociación por la Transparencia por la concesión de subvenciones a entidades afines -en la que la Fiscalía ha pedido el archivo- y otra presentada por una inmobiliaria que también la acusa de coaccionarla con sanciones para evitar el desahucio de un inquilino vulnerable. Esta última la interpuso la misma abogada que presentó la querella por coacciones del fondo de inversor Vauras, que la juez archivó la semana pasada en un auto en el que reprochaba a los denunciantes que intentaran involucrar penalmente a la exalcaldesa en busca de un "efecto mediático" por estar en desacuerdo con sus políticas de vivienda.
La Justicia ha archivado la causa que abrió a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a dos meses de las elecciones, por los proyectos de nuevos ejes verdes de la "superilla" del Eixample, a raíz de una querella presentada por el exarquitecto jefe del Ayuntamiento Josep Antoni Acebillo. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por Colau y la exteniente de alcalde Janet Sanz, también investigada, al concluir que las posibles irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto no constituyen delito.