El ministro de Justicia, Rafael Catalá, espera que su decisión de ampliar las circunstancias excepcionales para que el Ministerio del Interior pueda ordenar escuchas sin permiso judicial en delitos graves no genere polémica y ha descartado que esta medida, incluida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, convierta a España en "un Estado policial".
Así lo ha puesto de manifiesto Catalá este sábado en una conversación informal con periodistas en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde ha tenido lugar el acto de celebración del trigésimo sexto cumpleaños de la Constitución.
El titular de Justicia ha mostrado su sorpresa al percibir que, de todas las novedades recogidas en el anteproyecto, ésta haya sido la medida que más haya llamado la atención. En todo caso, ha querido dejar claro que lo que pretende el Gobierno es dar base legal al tema de las escuchas para asuntos graves.
Policías, jueces y fiscales rechazan las escuchas sin autorización judicial que proyecta el Gobierno
Ya ha hablado con los jueces
El ministro ha insistido en que se trata de una medida dotada de "tanta excepcionalidad" y "tan singular" que no puede pensarse que España pueda convertirse en "un Estado policial" y, por ello, confía en que el asunto no genere mucha polémica.
Tras desvelar que ya hablado de éste y otros asuntos incluidos en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal con los jueces, Catalá ha querido dejar claro, no obstante, que la propuesta del Gobierno se encuentra en una primera fase puesto que aún resta que sobre ese borrador de la futura ley se pronuncie el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, espera que su decisión de ampliar las circunstancias excepcionales para que el Ministerio del Interior pueda ordenar escuchas sin permiso judicial en delitos graves no genere polémica y ha descartado que esta medida, incluida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, convierta a España en "un Estado policial".