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"¿Está usted segura de esto?". "¿Usted hacía algo, decía algo?". "Pidió ayuda en algún momento?". "¿Recuerda usted qué llevaba puesto?". Son frases del fiscal del caso de la manada de Sabadell. Las pronunció este martes en la Audiencia de Barcelona, durante la primera jornada del juicio en el que cuatro hombres se enfrentan a penas de entre 37 y 41 años de prisión por un presunto delito de violación múltiple a una joven de 18 años —la Fiscalía considera que uno es el autor de los hechos y que los otros tres fueron cooperadores necesarios—. La presunta agresión sucedió en febrero de 2019 y estuvieron implicados, sin embargo, hasta ocho jóvenes de entre 25 y 30 años —uno de ellos, no obstante, consiguió fugarse durante la fase de investigación y sobre él pesa ahora una orden internacional de detención—. Hace más de dos años de lo ocurrido y ha sido ahora cuando la víctima ha tenido que rememorar durante el juicio, con todo lujo de detalles, lo que sufrió aquella noche. Pero además de esto, durante su declaración, el fiscal la interrumpió en varias ocasiones para certificar que estaba "segura" de lo que relataba. Su interrogatorio, por ello, no ha estado exento de polémica: por un lado, algunas voces le acusan de revictimizar a la joven y de dudar de su testimonio; por otro, voces como la defensa de la propia mujer defienden que la durísima actuación del fiscal es fundamental para que se conozca su verdad.
No es la primera vez que un juicio que dirime si una mujer ha sido víctima de violencia machista genera titulares por sí mismo más que por lo hechos que juzga. En el año 2016, la jueza de Vitoria María del Carmen Molina Mansilla preguntó a una mujer víctima de agresiones sexuales por parte de su pareja si había cerrado bien las piernas para evitar ser violada. El caso llegó hasta la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acabó archivando el caso sin sanción. El caso de Nevenka Fernández, recordado recientemente por el estreno de su documental en Netflix, fue todavía más grave. Y tuvo más consecuencias para el fiscal José Luis García Ancos. "Usted no es la empleada de Hipercor, que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos", le espetó durante el juicio. "Estaba jugando con mi dignidad. Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo, como si fuera una incompetente", respondió Nevenka. "Uno se marcha si tiene dignidad y luego renuncia, pero no cuando pasó todo ese calvario que nos ha dicho", le reprochó García Ancos. Las palabras las pronunció el 30 de abril. El 6 de mayo, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le sustituyó. El jefe de Inspección. Juan José Martínez Zato, lo propuso por un "acoso procesal" a la víctima.
El caso de la manada de Sabadell no tiene nada que ver con el de Nevenka Fernández. Uno ocurrió hace dos años y otro hace dos décadas. Uno acusa a cuatro jóvenes por agresión sexual y otro acusaba por acoso al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Sin embargo, ambos comparten la actuación —en un caso castigada y en otro por ahora sólo reprochada— polémica de dos fiscales que, a juicio de algunas juristas, reproducen los mismos estereotipos y prejuicios machistas. El primero, el de dudar de la víctima. García Ancos lo hizo preguntando a Nevenka por qué no abandonó su puesto de concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada si estaba sufriendo acoso. El fiscal del juicio de la manada, preguntando a la víctima de la supuesta agresión si pidió ayuda en algún momento o cuestionando por qué no chilló mientras era conducida a la nave donde presuntamente se produjo el delito.
"Preguntarle por qué no huyó ya es culpabilizar a la víctima del delito que ha sufrido. Eso es una barbaridad y el fiscal tiene que saberlo. ¿Cómo iba a huir?", critica Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación Themis Mujeres Juristas. Pero no se duda de las víctimas por casualidad. La magistrada Glòria Poyatos recuerda la existencia del "estereotipo histórico" de la "mujer mentirosa". "Históricamente, se ha considerado a las mujeres y a las niñas como seres poco confiables, y eso se ha reproducido en las actuaciones judiciales. Muchas veces, incluso, impidiendo acceder a la justicia", lamenta. "Esta manera de comportarse", añade Gonzalo en relación al fiscal, "es una muestra evidente de lo que desde el feminismo jurídico denunciamos, que es dudar del relato de las mujeres cuando denuncian a los hombres por delitos sexuales o por cualquier tipo de violencia de género. Es una incredulidad que no se da cuando se denuncia por robo, por ejemplo". No hay que preguntar a la víctima si está "segura" de lo que cuenta. "Si lo ha contado, ya es suficiente, preguntarle es hacerle dudar", sentencia Gonzalo.
Pero el problema, dicen ambas expertas, no es sólo la duda de la versión de la víctima, sino también su revictimización. Las víctimas de cualquier tipo de violencia de género tienen que relatar, una y otra vez, a lo que han sido sometidas. "Cuando una mujer denuncia una agresión sexual, que es un relato doloroso porque le ocasiona daño, el sentido común tiene que llevar a reducir la reproducción de esos hechos", dice Gonzalo, que considera imprescindible que se concreten los hechos denunciados, pero siempre eliminando los detalles que no aportan nada a la hora de valorar si los hechos contados por la víctima son ciertos o no. "Debe huirse de lo que no es necesario. No hay que preguntar si cerró las piernas, si llevaba una falda corta o larga o cuestionar su comportamiento anterior o posterior. En el juicio debe averiguarse la realidad de los hechos denunciados, nada más", sostiene.
Ese proceso de revictimización es lo que también soportó Nevenka y lo que está soportando Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, tras el estreno de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Lo señaló la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, en el programa Sálvame. "Cuando una mujer da el paso de contar una experiencia de maltrato puede ser cuestionada, puede ser ridiculizada y eso muchas veces supone un proceso de revictimización".
El abogado de la víctima, Jorge Albertini, dijo en cambio en una entrevista concedida a El matí de Catalunya Ràdio que la actuación del fiscal había sido "impecable" y que no había realizado "preguntas impertinentes". "Todo lo contrario", dijo. Las preguntas, pese a ser duras, son "un mal necesario" para que se pruebe lo que ocurrió. "Son las mismas preguntas que yo hubiera hecho", llegó a decir sin dudar.
Para Poyatos, no obstante, procedimientos judiciales como el de la víctima de la manada de Sabadell no son más que la muestra de la existencia y supervivencia de una "violencia institucional" que puede acabar en una "discriminación institucional" si es ejercida por jueces y fiscales. Los juristas, dice, están "expuestos a los mismos prejuicios que la sociedad", que tienen una "fuerza cognitiva" tan grande que sólo se puede acabar con ella a través de formación, algo en lo que coincide también Gonzalo.
Sin protocolo, necesidad de formación
Porque no hay ningún protocolo ni ninguna directriz que indique a los jueces y fiscales cómo deben actuar en estos casos. Ni Poyatos ni Gonzalo lo consideran imprescindible, pero sí creen que ayudaría. "Unas directrices impedirían posiblemente la realizaciones de determinadas preguntas o expresiones que pudieran ser discriminatorias en el seno de una investigación judicial", dice la magistrada. "Un protocolo podría ser conveniente fundamentalmente para decir lo que no hay que hacer, qué actitudes o preguntas hay que evitar en estos casos", añade la vicepresidenta de Themis. "El problema", añade, "es que los prejuicios machistas los tenemos todos". Por eso ambas destacan que lo realmente fundamental es la formación en género de los y las juristas.
Este miércoles, precisamente, la fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín, incidía en lo mismo. Según dijo en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso, también es vital que el fiscal hubiera explicado a la víctima el motivo por el que iba a realizar las preguntas que realizó, para que la joven pudiera recibirlas de otra manera, no como un cuestionamiento a su testimonio. Según indicó, se trata también de un problema de "falta de formación en artes psicológicas". Durante su intervención, además, se hizo eco de la necesidad de un mejor acompañamiento a las víctimas de violencias machistas, así como de una mayor concienciación social sobre este tema.
La Asociación de Fiscales, horas después de estas declaraciones, criticó las palabras de Martín, a la que acusaron de efectuar "críticas injustificadas" contra un compañero. Por ello, además, la organización quiso manifestar su "apoyo" al fiscal del caso de la manada de Sabadell, del que consideran que "realizó adecuadamente su intervención atendiendo a las circunstancias del caso concreto". La Unión Progresista de Fiscales también mostró su apoyo con el compañero y aprovechó para recordar que su "obligación como fiscales es acompañar a las víctimas y conseguir que en el juicio se pueda desplegar la prueba de cargo que fundamente la sentencia condenatoria". Por último, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitió este jueves un comunicado en el que denunciaron las palabras de Martín, ya que consideran "necesario el respaldo al fiscal aludido no tanto como reconocimiento a su labor, que también, sino como referencia para evitar en lo sucesivo la realización de dichas prácticas con los compañeros desde la jerarquía de la institución". "Interesamos como cuestión de transparencia, que se nos informe expresamente del número de juicios o vistas celebrados por la Fiscal de Sala en delitos sexuales en los tres últimos años y, además, qué formación concreta ha recibido la misma en materia psicológica, para situarse por encima del compañero aludido. Asimismo, interesamos que se remita este hecho a la Inspección por si se ha incurrido en falta de respeto disciplinariamente sancionable", sentencian.
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Otras voces jurídicas consultadas por infoLibre apuntan, del mismo modo que Albertini, a que los fiscales tienen que ser exhaustivos en sus interrogatorios porque su obligación es averiguar la verdad de los hechos. Y para eso, dicen, hay que ahondar y profundizar. Apuntan, además, a que el hecho de realizar preguntas incómodas sobre la intimidad de la presunta víctima, aunque sea doloroso, es necesario para dirimir correctamente lo ocurrido en un supuesto delito que, per sé, ya vulnera su intimidad. El abogado penalista José María de Pablo, en este sentido, expresó este miércoles a través de su cuenta de Twitter que la actuación del fiscal del caso de la manada de Sabadell le pareció "impecable" por estas mismas razones. "En nuestro sistema la carga de la prueba la tiene quien acusa. En este caso acusa el fiscal y tiene la obligación de probar los hechos de los que acusa. Si la víctima hace un relato genérico tipo 'me violaron con fuerza' y no concreta más, el Tribunal absolverá. Es necesario que la víctima concrete en qué consistió esa fuerza, en qué consistió la violación, cuál fue la intervención de cada acusado...", explica. La presunción de inocencia, añade, no puede romperse con un relato genérico de ese tipo cuando, además, es la única prueba que existe para incriminar a los presuntos culpables. "¿Revictimización? Declarar siempre revictimiza. Pero hay que encontrar el equilibrio entre minimizar la revictimizacion pero garantizando los fines del proceso: que la acusación pueda probar los hechos y la defensa cuestionarlos", sentencia.
Gonzalo, en cualquier caso, recuerda que el Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, ya establece unas directrices que, dice, en este juicio no han sido respetadas. El documento habla, expresamente, de evitar la revictimización: se adoptarán medidas para que las víctimas "estén al amparo de los riesgos de intimidación, represalias y nueva victimización".
Irene Montero, a través de su Twitter, también denunció la revictimización a la que considera que se ha sometido a la víctima. "La mujer que sufrió una violación múltiple en Sabadell, como cualquier mujer que denuncia una agresión sexual, debe revivir esa violencia durante el juicio. Evitar la revictimización es una obligación ineludible para todas las instituciones. Sólo el 8% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual denuncia. Por eso es tan importante que ninguna mujer se sienta insegura ni cuestionada cuando lo haga. No estáis solas", dijo.
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