El juicio que comienza este miércoles no abarca todo el caso ERE, sino sólo la conocida como su pieza política. La más relevante cualitativamente, al implicar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ocuparon la presidencia de la Junta de Andalucía durante 23 años. Este juicio trata de delimitar la legalidad o no de un sistema de reparto de más de 850 millones de euros de ayudas sociolaborales por parte de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin someterse a los debidos controles. También establecerá la responsabilidad penal en la habilitación y mantenimiento de dicho sistema por parte de los expresidentes de Chaves y Griñán y veinte ex altos cargos y ex altos funcionarios más. Quedan fuera de este juicio las posibles irregularidades cometidas en cada una de las más de 200 ayudas otorgadas con cargo a la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles". Un cajón del que salieron a lo largo de más de una década fondos para prejublaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), así como ayudas directas a empresas y ayuntamientos.
Según la investigación judicial durante la fase de instrucción, iniciada por Mercedes Alaya y rematada por Álvaro Martín, entre 2000 y 2011 la Junta repartió casi 855 millones mediante un procedimiento extraordinario destinado a agilizar la concesión y pago de subvenciones a empresas para financiar el coste de despidos colectivos o las ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Se trataba, en teoría, de acudir a apagar fuegos laborales sin perderse en la burocracia. ¿Que se hundía Santana Motor, en Linares (Jaén)? Pues la Junta acudía presta a destinar fondos para garantizar una prejubilación a los despedidos hasta su edad de jubilación. ¿Que se venía abajo la minería en la Faja Pirítica de Huelva? Pues lo mismo, en este caso con la ayuda también del Ministerio de Empleo. Así con decenas de empresas, desde colosos industriales a restaurantes. El llamado "procedimiento específico" por el que la Junta entregó estas ayudas, según el juez Martín, fue "discrecional o, incluso, arbitrario", porque tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. Alaya y Martín consideraron que las ayudas se concedían sin comprobar los requisitos, y que tras su concesión no se vigilaba que se hubiera dado un uso correcto a las mismas.
El auto que dio por cerrada la instrucción de la parte política, dictado en mayo de 2016 como un refrendo de todas las tesis de Alaya, sitúa el punto de partida del supuesto fraude en la Consejería de Empleo, donde durante casi diez años (1999-2008) fue director general de Trabajo Javier Guerrero, encargado de conceder las ayudas, "pese a no ser cargo competente" para ello, según la instrucción. El sistema supuestamente eludía el mecanismo de concesión de ayudas previsto en la ley, según el juez. Lo hacía mediante un ente, que primero se llamó Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo. Los fondos de Empleo pasaban a IFA-IDEA a través de transferencias de financiación, una figura administrativa legal, pero que el juez Martín cree que se usó ilegalmente porque la Intervención no controlaba sus aspectos clave: si había existencia de crédito presupuestario, competencia de la autoridad concedente, publicidad de las bases, convocatoria pública, recepción de solicitudes, comprobación de requisitos, resolución de concesión, control de cumplimiento... Diversas defensas sostienen, por el contrario, que el sistema era completamente legal y se basa en un marco estatal de concesión de ayudas, y tratan de reducir el caso a irregularidades concretas cometidas en el reparto.
Desatención de las alertas
Hasta abril de 2000 las ayudas se concedían a través del programa 22E, que servía para disponer del dinero de determinadas partidas de ayudas a empresas y trabajadores. Hasta entonces no hubo problema. Pero en abril de 2000 se creó una nueva partida ex profeso que no existía en el presupuesto, según el juez Martín, que hace suyo el relato de Alaya. Según el juez instructor y la Fiscalía, la ilegalidad de las transferencias se explica en que éstas debía servir para cubrir gastos ordinarios, y no ayudas a terceros. Las defensas alegan que, en todo caso, se trataría de una cuestión administrativa. La nueva partida (440.01), según el juez Martín, se engordaba sin control previo y con la participación indispensable del Consejo de Gobierno, señala el auto de cierre de instrucción.
El sistema funcionó a partir de julio de 2001 bajo el paraguas de un convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA que daba cobertura a la dotación de fondos de la partida 440.01 del conocido programa 31L. El convenio, que no tuvo ni informe de la Intervención General ni del Gabinete Jurídico, desplegó su eficacia hasta abril de 2010. Según el juez Martín, Guerrero disponía de los fondos, aunque no tenía competencias; IFA-IDEA pagaba, aunque no tenía control. El juez también acusa a los 22 procesados de desatender las alertas de la Intervención, pese a que en ninguna de ellas se alertaba de la comisión de delito alguno.
Sobrecomisiones e intermediarios
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Antonio Calle (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez serán los responsables de establecer en una sentencia si el sistema era irregular o no, y quiénes eran los responsables. Juntos a Chaves y Griñán estarán sentados en el banquillo seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. De lo que no se encargarán estos magistrados es de delimitar el alcance penal de las irregularidades cometidas en el reparto de los fondos, al margen de la legalidad o no del sistema en su conjunto. Son más de 200 ayudas a lo largo de una década larga, lo que otorga al caso ERE unas dimensiones colosales. No obstante, es sencillo agrupar los principales ámbitos de actuación presuntamente delictiva, a la luz de la instrucción iniciada por Alaya y heredada después por la juez que la sustituyó, María Núñez Bolaños, responsable de la división del caso en múltiples piezas. Una de las patas del caso son las sobrecomisiones. Según la instrucción judicial, hubo empresas intermediadoras, singularmente Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones por encima del valor del mercado por intermediar entre las empresas, los sindicatos y la Junta a lo largo de la tramitación de los ERE.
Alaya ha sostenido que un exdirigente de UGT en Andalucía, Juan Lanzas, actuaba como conseguidor de ERE, poniendo de acuerdo a empresas que querían cerrar o recortar su personal y a la Junta de Andalucía, concretamente en la persona de Javier Guerrero, que fue director general de Empleo. Lanzas, al que Alaya responsabiliza de la inclusión de numerosos intrusos en los ERE –entre ellos él mismo, familiares suyos y sindicalistas allegados–, cobró por sus trabajos de intermedicación comisiones de hasta 13 millones de euros, según Alaya, que consideró que el despacho Estudio Jurídico Villasís lo ayudó a dar apariencia legal a sus actividades. Carlos Leal, abogado de este despacho, niega los hechos y atribuye al papel de su despacho una tarea profesional de asesoramiento habitual del derecho laboralista. La juez sostiene que Guerrero, Lanzas y Leal se conocieron durante la tramitación del ERE de Cárnicas Molina, en Jaén a finales de los 90, y que según la investigación judicial sería el origen del procedimiento cuestionado.
Ayudas sin garantías e intrusos
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La instrucción puso de relieve que se otorgaron ayudas sin apenas documentación justificativa. La Sierra Norte de Sevilla fue especialmente beneficiada por la política de ayudas de la Junta, algo que Alaya vincula a que es la zona donde están radicados políticamente Guerrero y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Según Alaya, dos empresarios de El Pedroso, José Enrique Rosendo (ya fallecido) y Enrique Sayago, recibieron 34 millones de euros en ayudas, parte de los cuales pudieron ser ilícitos. Guerrero niega haberse lucrado con el retorno de ninguna ayuda concedida. En su momento era el hombre con el que todos –alcaldes, empresarios, sindicalistas...– querían reunirse. No en vano, tenía la llave de la caja, según la investigación. Su chófer, Juan Francisco Trujillo, recibió 1,4 millones de euros en ayudas, según la investigación judicial. Alaya destacó además durante su investigación que hubo numerosas empresas que recibieron ayudas públicas para pagar sus prejubilaciones pese a tener fondos propios para hacerlo.
Otra pata del caso son los intrusos. El primero en descubrirse fue un ugetista y socialista de Baeza (Jaén) incluido en el ERE de 2007 de Mercasevilla sin haber trabajado jamás la lonja, según la instrucción judicial. Alaya llegó a detectar 72 intrusos, aunque entre ellos la casuística es amplia. Los hay que no han trabajado nunca en las empresas por las que se prejubilaron, como la suegra del propio Guerrero, que se benefició de fondos destinados al ERE de Sos-Cuétara. En esta situación están también diversos sindicalistas y allegados a éstos que supuestamente se aprovecharon de su conocimiento del mecanismo de elaboración de los listados de prejubilados. También hay intrusos –se podría decir que de segundo nivel de gravedad– que se prejubilaron por una empresa de un grupo habiendo trabajando en otra del mismo grupo, como ocurrió en los ERE de las compañías de los Ruiz Mateos, pródigamente beneficiadas por ayudas públicas. Al considerarse las pólizas de trabajadores como ayudas individuales y no vinculadas necesariamente a una empresa, algunos de estos supuestos intrusos están siendo exonerados de responsabilidad penal.
El número final de trabajadores que recibieron ayudas sin corresponderles se delimitará caso a caso, en juicios que se irán celebrando a lo largo de años. No obstante, hay concesiones de prejubilaciones que han sido enteramente puestas bajo sospecha. La investigación judicial de las ayudas concedidas para mitigar el impacto del cierre de minas en la Faja Pirítica de Huelva en 2003, iniciada por Mercedes Alaya y continuada por María Núñez, apunta a posibles irregularidades generalizadas en el cálculo de los importes de las pólizas, en ocasiones mediante la manipulación de los los coeficientes para establecer la edad minera de los trabajadores. La línea de investigación de Núñez no pone en cuestión los fondos percibidos por los trabajadores, sino a los políticos y sindicalistas que negociaron el acuerdo. En este caso están imputados Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, ex máximos dirigentes en Andalucía de UGT y CCOO. Ambos defienden su inocencia. También están bajo investigación cinco intrusos-intrusos (que supuestamente no trabajaron en las minas) e incluso altos cargos del Gobierno del PP en la época de José María Aznar, cuando se produjeron los cierres. Cada historia del caso es un mundo.
El juicio que comienza este miércoles no abarca todo el caso ERE, sino sólo la conocida como su pieza política. La más relevante cualitativamente, al implicar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ocuparon la presidencia de la Junta de Andalucía durante 23 años. Este juicio trata de delimitar la legalidad o no de un sistema de reparto de más de 850 millones de euros de ayudas sociolaborales por parte de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin someterse a los debidos controles. También establecerá la responsabilidad penal en la habilitación y mantenimiento de dicho sistema por parte de los expresidentes de Chaves y Griñán y veinte ex altos cargos y ex altos funcionarios más. Quedan fuera de este juicio las posibles irregularidades cometidas en cada una de las más de 200 ayudas otorgadas con cargo a la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles". Un cajón del que salieron a lo largo de más de una década fondos para prejublaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), así como ayudas directas a empresas y ayuntamientos.