El pasado 26 de julio, el Poder Judicial hizo pública la sentencia del Juzgado Penal 2 de Santiago que condenó al mismo nivel al conductor del tren Alvia que descarriló en Angrois en 2013, Francisco José Garzón, y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Sin embargo, 70 días después la sentencia aún no ha sido notificada formalmente personalmente al segundo, requisito para que empiecen a contar los plazos para que todas las partes implicadas formulen sus recursos ya anunciados.
Ya hay condenas penales por Angrois, pero ¿qué fue de las investigaciones política y técnica?
Los acusados en un juicio penal deben proporcionar al tribunal una dirección donde puedan recibir personalmente la sentencia. No basta con notificar a los abogados , sino que la notificación de un condenado debe ser personal. Garzón, el maquinista del tren, ya ha recibido la notificación en su domicilio, pero Cortabitarte, ex responsable de Adif, dejó como dirección una oficina donde no pudo ser localizado y no su domicilio, algo que varias fuentes judiciales consideran que no es lo habitual.
Ahora, ante el retraso por la falta de notificación personal, el juzgado de Santiago ha lanzado un "nuevo exhorto" al juzgado decano de Madrid para que intente nuevamente la "notificación personal" de la sentencia a Cortabitarte. Fuentes judiciales señalan que si el condenado continúa sin ser avisado, el juzgado podría pedir a la policía que le localice. Mientras esto no suceda, el resto de partes involucradas en el caso siguen pendientes que se cumplan los plazos para poder formular sus recursos.
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El pasado 26 de julio, el Poder Judicial hizo pública la sentencia del Juzgado Penal 2 de Santiago que condenó al mismo nivel al conductor del tren Alvia que descarriló en Angrois en 2013, Francisco José Garzón, y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Sin embargo, 70 días después la sentencia aún no ha sido notificada formalmente personalmente al segundo, requisito para que empiecen a contar los plazos para que todas las partes implicadas formulen sus recursos ya anunciados.