Ya hay condenas penales por Angrois, pero ¿qué fue de las investigaciones política y técnica?

La jueza de lo penal de Santiago Elena Fernández Currás dictó hace un mes la sentencia que condena al conductor del Alvia, Francisco José Garzón, y al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte como igualmente responsables del accidente ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013. La sentencia será recurrida por diversas partes ante la Audiencia Provincial de A Coruña, y su camino podría seguir después hasta el Tribunal Supremo. Aunque tarde y pendiente de posibles correcciones en instancias superiores, el sistema judicial ya dio una respuesta a las víctimas, pero estas aún esperan explicaciones oficiales adecuadas desde el ámbito técnico y político.

En el plano político, la condena al cargo de Adif y la versión oficial que PP y PSOE defendieron tras el accidente, centrándose únicamente en la responsabilidad del conductor, apenas suscitó reacciones once años después. Populares y socialistas evitaron en el último mes valoraciones de la sentencia más allá del reiterado y protocolario "respeto" a la justicia y "apoyo" a las víctimas, con importantes silencios en el Ministerio de Transportes, Adif o incluso en el líder de la oposición estatal. Un Alberto Núñez Feijóo que en su momento había atribuido a "intereses económicos" opuestos a la alta velocidad española las dudas que había de que el único responsable fuera el maquinista.

Pero más allá del silencio provocado por la sentencia en los principales dirigentes socialistas y populares, la plataforma de víctimas sigue queriendo una explicación política amplia de lo ocurrido en Angrois para que no vuelva a suceder. Ése era el objetivo de la comisión de investigación política que, tras superar los obstáculos de PP y PSOE, se puso en marcha en 2018 en el Congreso de los Diputados. 

La comisión contó con la comparecencia de numerosos altos cargos, entre ellos los ex ministros socialistas y populares José Blanco y Ana Pastor, en el cargo, respectivamente, cuando se diseñó la línea de alta velocidad y cuando se produjo el accidente y su investigación. Los dos se desvincularon de las decisiones técnicas y, en esa misma comisión del Congreso, el cargo de Adif finalmente condenado negó haber recibido ningún tipo de orden o presión política para tomar sus decisiones. 

Fue también poco después del inicio de esa comisión en el Congreso cuando los afectados recibieron la única petición formal de "perdón" de un ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, en el cargo sólo unos meses antes, quien se lo transmitió "en nombre de este Gobierno".

Esa comisión celebró todas las comparecencias previstas, pero nunca emitió sus conclusiones. Se disolvió en 2019 con la convocatoria de elecciones generales en abril de ese año y, aunque se reanudó oficialmente a finales de 2021, la inminencia de la celebración del juicio penal, iniciado en julio de 2022, llevó a los grupos parlamentarios, con el consentimiento de la plataforma de víctimas, a considerar que lo más adecuado era esperar a una decisión judicial. Ahora ya la hay, y la plataforma de víctimas considera necesario que el Congreso termine su trabajo y emita una conclusiones sobre las responsabilidades políticas en torno a lo ocurrido en Angrois y algunas recomendaciones para que no vuelva a suceder lo mismo.

En el terreno técnico, en 2014, un año después del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, pensada no para encontrar culpables como en la causa penal, sino para mejorar el sistema ferroviario, había concluido que el conductor del tren había sido el único responsable de lo ocurrido en Angrois. 

Aquella investigación técnica fue invalidada en 2016 por la Agencia Ferroviaria Europea tanto por no analizar todas las posibles causas del accidente más allá del despiste del conductor como por la falta de independencia de la CIAF a la hora de llevarla a cabo. Una crítica europea que se hizo pública pese a las maniobras del Gobierno de Mariano Rajoy en Bruselas para ocultarla o minimizarla, según reveló Praza.gal.

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Tras desmontar esa investigación, la Comisión Europea lleva años preguntando y constatando –como hizo hace un año- que España aún no ha realizado un análisis técnico independiente del accidente de acuerdo con la normativa europea. Pero los sucesivos gobiernos tanto del PP como del PSOE argumentan que la CIAF ahora es independiente y por tanto no pueden darle órdenes. Y la propia CIAF se niega a realizar esta nueva investigación porque sostiene, al contrario de lo que dice la UE, que la realizada hace una década era correcta.

Ante ese bloqueo y el silencio de la CIAF a sus peticiones, la plataforma de víctimas recurrió a la vía contencioso-administrativa para que la justicia obligara a la comisión investigadora a hacer un nuevo análisis. Pero el Tribunal Supremo estableció que la CIAF sólo tenía la obligación de responderlas, sin prejuzgar el sentido de la respuesta. Y la respuesta que recibieron las víctimas el pasado mes de febrero fue que, pese a las críticas de la UE, la CIAF no va a hacer una nueva investigación porque todavía considera válida la que ya había realizado.

Tras la nueva negativa de la CIAF a hacer lo que exige la normativa europea, el BNG preguntó a la Comisión Europea, que hace dos meses respondió que "la obligación de garantizar que se lleva a cabo una investigación tras un accidente grave en el sistema ferroviario de la Unión recae plenamente en los Estados miembros". Y que esta investigación debe ser realizada "por el organismo nacional independiente", sin que la Comisión Europea tenga competencias para obligarla.