El poder de veto de EEUU permite a Israel hacer caso omiso a las resoluciones de la justicia internacional
La presión de la justicia internacional sobre Israel no logra acabar con el sufrimiento en Oriente Próximo. Un bombardeo del Ejército del Estado hebreo contra un campamento de desplazados en Rafah ha dejado este domingo más de medio centenar de muertos y decenas de heridos. El ataque, que las autoridades israelíes se han comprometido a investigar, ha sido rechazado por buena parte de las potencias europeas. Y ha puesto en tela de juicio la efectividad de las resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que apenas cuarenta y ocho horas antes de la masacre había ordenado a Israel detener sus operaciones militares en este enclave ubicado al sur de la Franja de Gaza. Un tribunal cuya fuerza depende, en buena medida, de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que EEUU puede bloquear cuando quiera.
Israel tiene dos grandes frentes abiertos a nivel internacional. Por un lado, la investigación en el marco de la Corte Penal Internacional, donde su fiscal jefe, Karim Khan, ya ha pedido que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, o su titular de Defensa. Y por otro, la causa abierta contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano jurisdiccional de la ONU encargado de dirimir las controversias entre Estados. Un procedimiento impulsado por Sudáfrica que ha derivado en la imposición de varias medidas cautelares. Las últimas, el pasado viernes: "Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción en Rafah, que pueda inflingir sobre los palestinos condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física o total".
Las decisiones de este último tribunal, explican las especialistas en Derecho Internacional consultadas por infoLibre, son de "obligado cumplimiento" para los Estados miembro de Naciones Unidas. El problema es que en muchos casos son ignoradas. El bombardeo de este domingo contra el campamento de Rafah es el ejemplo más reciente. Pero no el único. Israel hizo también oídos sordos cuando en 2004 la Corte declaró ilegal el muro en Cisjordania y pidió su derribo. Y lo mismo hizo Rusia hace ya dos años cuando el tribunal le ordenó detener de inmediato su ofensiva sobre Ucrania, una guerra que se ha terminado enquistando en el Viejo Continente "Tenemos reglas internacionales, pero no hay reglas si alguien no las respeta", ha lamentado este lunes el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel.
Sin fuerza coercitiva
Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, señala que la Corte Internacional de Justicia "carece de capacidad de coerción para hacer ejecutar sus decisiones". Para eso está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde cinco países, entre ellos Estados Unidos, tienen poder de veto. De hecho, la vinculación entre ambos viene recogida en el artículo 96.2 de la Carta de las Naciones Unidas: "Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo".
El problema es que el único medio del que se dispone para forzar el cumplimiento de las resoluciones del tribunal de La Haya, señala Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, está "gripado". "En cuanto alguien solicite algo así, habrá veto por parte de Estados Unidos", cree la experta. Lo mismo que vaticina su homóloga en la Universidad Carlos III: "El Consejo de Seguridad debería considerar que el incumplimiento de la decisión de la Corte Internacional constituye una amenaza o un quebrantamiento de la paz, pero EEUU lo vetaría". La Administración Biden, no obstante, permitió en marzo con su abstención una resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego en Gaza.
Las dos expertas, no obstante, coinciden en que el Estado hebreo tiene cada vez más comprometida su "reputación internacional". "Es grave la situación de soledad en la que se está quedando", asevera Manero, al tiempo que recuerda que el hecho de que no cese en sus ataques sobre Rafah "supone una violación de sus obligaciones internacionales". La Unión Europea, de hecho, ha acordado este lunes convocar un encuentro con Israel en el marco del acuerdo comercial que lo une al Viejo Continente, que obliga a ambos bloques a respetar los derechos humanos. En la reunión de ministros de Exteriores, además, ha habido por primera vez un "debate significativo" sobre el uso de sanciones contra el Estado hebreo si continúa ignorando las resoluciones de la justicia internacional.
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Los tímidos movimientos de la Unión Europea llegan pocas horas antes de que España reconozca oficialmente, y de manera coordinada con Irlanda y Noruega, a Palestina como Estado. Una decisión que ha tensado la relación con Israel, que ya ha llamado a consultas a su embajadora y ha prohibido a nuestro país prestar asistencia consular a los palestinos en Cisjordania. Este domingo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu difundió un vídeo acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de favorecer con sus decisiones a Hamás. Una grabación que vio la luz pocas horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmase abiertamente en una entrevista en televisión que lo que está sucediendo en Gaza es "un auténtico genocidio".
España forma parte desde hace décadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Y, por lo tanto, se compromete a prevenir y perseguir este delito. Nuestro país podría, si quisiera, sumarse a la ofensiva judicial impulsada por Sudáfrica en el tribunal de La Haya. Al fin y al cabo, el artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia permite a los Estados que sean parte de una convención "intervenir" en el proceso abierto por cualquier otro. España ya utilizó esta fórmula hace año y medio en el marco de la guerra en suelo ucraniano. Así, en septiembre de 2022, la embajada española en La Haya no dudó en presentar a la Corte Internacional de Justicia una "declaración de intervención" para sumarse a la demanda de Ucrania contra Rusia por genocidio.
También podría, dejar caer la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, "demandar" a Estados Unidos si lo considera cómplice de un delito de genocidio –Nicaragua, de hecho, ya intentó sin éxito ir contra Alemania en la Corte Internacional de Justicia argumentando que con la ayuda que presta a Israel facilita el genocidio en Gaza–. Pero España, por el momento, no parece dispuesta a entrar en la guerra de los tribunales internacionales. Y Manero no cree que el Gobierno vaya a terminar dando finalmente el paso de unirse a la ofensiva de Sudáfrica en La Haya. "Los Estados intervinientes hasta ahora son sólo del sur global. No tiene pinta de que un país europeo vaya a sumarse", apunta la catedrática de Derecho Internacional.
