El fiscal de La Haya deja a Netanyahu al borde del aislamiento internacional
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) mueve ficha por los atentados en suelo israelí y la posterior ofensiva en la Franja de Gaza. Tras más de medio año de guerra, el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, ha solicitado formalmente este lunes que se emitan órdenes de detención contra media decena de personas de ambos bandos por crímenes de guerra y contra la humanidad. Entre los objetivos se encuentran tres líderes de Hamás: Yahya Sinwar, Mohammed Diab Al-Masri e Ismail Haniyeh. Y también el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su titular de Defensa, Yoav Gallant. Un paso que, de concretarse finalmente en el tribunal internacional, dejaría más tocada si cabe la imagen del Estado hebreo ante el mundo y sumiría a su jefe de Gobierno en una suerte de aislamiento internacional.
La Corte Penal, con sede en La Haya, tiene abierta desde 2021 una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos a partir de 2014 en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Un mandato que aún está en curso y que se aplica, por supuesto, a los cometidos en el contexto actual, que engloba tanto los atentados de Hamás del pasado mes de octubre como los posteriores ataques del Ejército israelí en suelo palestino. En este sentido, el fiscal Khan considera, por un lado, que hay "motivos razonables" suficientes para creer que Sinwar, Diab y Haniyeh son "penalmente responsables" de la muerte de cientos de civiles israelíes en los ataques del pasado 7 de octubre. Y también de la toma de rehenes, mantenidos en "condiciones inhumanas" y algunos de ellos sometidos a "violencia sexual".
Por otro lado, el fiscal jefe sostiene en su comunicado que Israel "ha privado" de manera intencionada y sistemática a la población civil de Gaza "de objetos indispensables para la supervivencia humana". Karim Khan menciona "un plan" para usar el hambre y la sed como "método de guerra", con restricción de suministros esenciales o corte de tuberías de agua. Y hace mención a "ataques y castigos colectivos" contra la población civil de Gaza confirmados por "múltiples testigos entrevistados". Con todo ello, habla de la posible comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Pero no hace referencia alguna al genocidio, algo que, reconocen los expertos en Derecho Internacional consultados por infoLibre, es "enormemente difícil" de probar.
Ahora, tras la petición del fiscal jefe, corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares examinar las pruebas y decidir si hay elementos como para dictar órdenes de detención tanto contra los líderes de Hamás como contra Netanyahu y su ministro de Defensa. Un paso que, de darse finalmente, tendría serias implicaciones para el Gobierno israelí, sumido actualmente en una crisis interna. Las peticiones de arresto, por un lado, dejarían más tocada si cabe la imagen del Estado hebreo en el mundo. "Sería otra piedra más en la mala fama de Israel", apunta Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat Jaume I. Al fin y al cabo, su primer ministro formaría parte del oscuro grupo de dictadores y criminales de guerra perseguidos por el tribunal de La Haya.
Ahora bien, ¿cuáles serían, a nivel práctico, las consecuencias de dichas órdenes de detención? Israel, por un lado, no ha ratificado el Estatuto de Roma. Y, por tanto, no está obligado a cooperar con la Corte Penal Internacional ni a entregar a nadie. "Otra cosa es que haya un cambio de Gobierno en el país y se decida ejecutar esa orden de detención", explica Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED. Cuestión distinta es la de los líderes de Hamás. Palestina es desde hace casi una década Estado parte del Estatuto de Roma. Y, por tanto, recuerda Escobar, sus autoridades sí que estarían obligadas a arrestar y entregar al tribunal de La Haya a Sinwar, Diab y Haniyeh, que se encuentra viviendo en Qatar.
Pero que Israel no esté obligado a extraditar a Netanyahu no significa que las órdenes de detención que puedan cursarse contra él no vayan a servir para nada. Desde el momento de su emisión, el primer ministro se verá sumido en un profundo aislamiento. En teoría, no podría viajar a ninguno de los 124 países que son parte del Estatuto de Roma, dado que los mismos estarían obligados a detenerle y entregarle a la Corte Penal Internacional en cuanto entrase en su territorio. Dentro de este grupo se encuentra la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, casi toda América Latina y buena parte de África. Fuera queda Estados Unidos, principal aliado de Israel, al que podría ir sin riesgo a ser arrestado. O países como Rusia o China.
Su papel como primer ministro, apunta Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, tampoco le blinda ante dichas órdenes de detención, que en su día fueron cursadas también contra jefes de Estado como Vladímir Putin u Omar al Bashir, quien, no obstante, se estuvo paseando sin ningún problema por diferentes países que son parte del Estatuto de Roma –de Sudáfrica hasta Liberia o República del Congo– sin ser detenido. "Eso no deja de ser un problema. En estos casos, es muy importante que haya voluntad política", asevera Manero, quien celebra el primer paso dado este lunes por el fiscal jefe "en la lucha contra la impunidad": "Era cuestión de coherencia. Contra Putin no se tardó nada en emitir una orden de detención".
El movimiento del fiscal Khan ha sido duramente criticado por el Ejecutivo israelí. "Es un ataque frontal y sin límites contra las víctimas del 7 de octubre", ha señalado el ministro de Exteriores, Israel Katz, al tiempo que ha tildado de "desgracia histórica" que se "mencione" a Netanyahu y Gallant "junto a los abominables monstruos nazis de Hamás" y ha anunciado la creación de un "comité especial" para "luchar" contra una "decisión" que "tiene como principal objetivo atar las manos al Estado de Israel y negarle su derecho a la autodefensa".
