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La ley ELA que mejorará la atención de los pacientes y sus cuidadores entra en vigor este viernes

Pedro Sánchez se reúne con representantes, de asociaciones de personas con ELA.

La ley ELA será este viernes una realidad para las más de 3.000 personas que tienen esta enfermedad, una normativa con la que se agilizará la evaluación de su dependencia, se les garantizará cuidados las 24 horas cuando entren en la fase avanzada y se protegerá a sus cuidadores. La norma se publica este jueves en el BOE, después de recibir el espaldarazo definitivo del Senado, que avaló por unanimidad y sin enmendar el mismo texto que recibió días antes del Congreso.

Entre los nuevos derechos, incluye las prestaciones a otras enfermedades irreversibles de alta complejidad, neurodegenerativas o no, que deberán ser concretadas por el Gobierno en el reglamento que debe elaborar en el plazo máximo de un año.

Los beneficiarios deberán cumplir unos determinados criterios, entre ellos no haber tenido una respuesta significativa al tratamiento o no disponer de alternativas terapéuticas y que precisen coordinación de cuidados sanitarios y sociales.

Esta ley supondrá agilizar el reconocimiento de su discapacidad y dependencia y la creación de un procedimiento de urgencia para la revisión de casos con un plazo máximo de tres meses.

Más asistencia y derechos para los cuidadores

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Los que estén en estados avanzados de la enfermedad dispondrán de una asistencia continuada durante 24 horas y aquellos que dependan de dispositivos eléctricos tendrán garantizado el suministro y contarán con bonificaciones de las tarifas y la instalación de sistemas alternativos cuando se produzcan cortes de energía.

También dedica un hueco a sus cuidadores, de manera que recoge la capacitación específica de los que han dejado su empleo para dedicarse al dependiente, que podrán mantener la base de cotización de su anterior trabajo sin que afecte a su pensión futura. Además, la futura ley crea un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, con datos sobre su prevalencia.

Una vez en vigor, serán las comunidades autónomas las que, en ejercicio de sus competencias, tendrán que desarrollar los aspectos sociales y sanitarios para su correcta aplicación.

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