La línea 'antiokupación' puesta en marcha por la Xunta recibe en un año solo tres consultas

La Xunta firmó en 2021 un convenio con el Consello da Avogacía Galega (CAG), la entidad que agrupa a los colegios de abogados de la comunidad, para abrir y mantener durante un año una oficina de "asistencia jurídica" gratuita para "los afectados por la ocupación ilegal de su vivienda y elaborar una guía sobre la cuestión". Doce meses después, el Gobierno gallego admitió que el servicio había recibido apenas 30 consultas, un resultado que la Consellería que tenía entonces las competencias en la materia admitió que podía parecer "discreto", pero que valoró como "satisfactorio".

En los años siguientes, este acuerdo se ha ido renovando en varias ocasiones, pero con novedades. Pasó de 27.000 euros a algo más de 50.000 euros por edición. Junto a la línea antiokupación, también se incluyó otra línea para consultas sobre desahucios, un servicio que la propia Xunta ya había ofrecido en el pasado y después canceló. En 2024 se sumó también el servicio de intermediación con grandes propietarios para personas en riesgo de desahucio, estipulado en la ley estatal de vivienda.

En el último año completo, 2024, la actual Consellería de Vivenda cifró en 109 las consultas totales recibidas en virtud del convenio, financiado con 54.600 euros para atender por teléfono o a través de internet. Sólo tres de ellas tenían que ver con ocupaciones ilegales, una cuestión que tanto la Xunta como el PP mantienen en el primer plano de la política pese a su escasez, acreditada reiteradamente por los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

Después de que el pasado 21 de enero Vivenda ofreciera un balance general del convenio, anunciara su renovación para 2025 por 61.050 euros y divulgara el total de 109 consultas, Praza.gal solicitó al departamento que dirige María Martínez Allegue que facilitara los datos desglosados ​​por el tipo de consultas: riesgo de desahucios u ocupaciones ilegales. Tras reiterar esta petición en dos ocasiones más, el pasado 12 de febrero la consellería ofreció como respuesta un informe del Consello da Avogacía que desglosa porcentualmente hasta 16 tipos de consultas.

Aunque el documento no ofrece cantidades absolutas, el hecho de que la Xunta sí divulgara en enero la suma total permite calcularlas fácilmente. Según el Consello, las consultas sobre "situaciones de ocupación no consentida en domicilios particulares" ascendieron al 3,2 %. Si damos por bueno el citado total de 109, el resultado sería 3,48, de lo que se deduce que a lo largo de la vigencia del convenio tuvieron que responder a tres o, como máximo, cuatro preguntas sobre esta cuestión –los porcentajes del informe no pasan del primer decimal, lo que impide afinar más el cálculo–.

El propio Consello da Avogacía pone de manifiesto que "la mayor parte de las consultas abordan situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda, tanto por procedimientos de desahucio como por ejecuciones hipotecarias o rescisiones de contratos de alquiler". Y el otro grupo que destaca sobre el total es el de las solicitudes de asesoramiento sobre "cuestiones relacionadas con la habitabilidad, las reclamaciones por deficiencias de las viviendas y las obligaciones legales de propietarios e inquilinos".

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Así, el grupo de consultas más abundante tuvo como objetivo “evitar la pérdida de la vivienda habitual”, con un 16% del total (unas 17 consultas). A continuación se situaron los que solicitan información sobre “duración de los contratos de alquiler”, subidas de precios o “derechos de los inquilinos” para no tener que abandonar el piso por estos motivos, con un 12% (equivalente a unas 13 consultas).

En la lista también destacan quejas en vivienda de alquiler como impagos en la devolución de fianzas (8%), situaciones de vulnerabilidad general en el acceso a la vivienda (7,2%) o riesgos de desahucio por ejecuciones hipotecarias (7,2%). Sólo las consultas relativas a rehabilitación de viviendas (un 2,4%, es decir, unas dos consultas) fueron menos frecuentes que las vinculadas a ocupaciones ilegales.

En resumen, como muestra el gráfico que acompaña estas líneas, según datos del Consello da Avogacía, más de la mitad de las consultas recibidas durante 2024 (en torno al 52%) estaban vinculadas a las condiciones del alquiler o a ayudas al acceso a la vivienda. Otro 47% estaba vinculado específicamente a personas en riesgo de desalojo. En total, alrededor del 97% de las consultas no estaban relacionadas con las ocupaciones ilegales, que el Gobierno gallego llegó a situar como la "principal" demanda ante el Gobierno español en materia de vivienda.