La noticia de que los diputados del PP Vicente Martínez Pujalte y el hoy embajador Federico Trillo habían cobrado por trabajos de asesoramiento ajenos a su labor en el Congreso ha reabierto esta semana el debate sobre si los diputados pueden o no tener trabajos en la empresa privada.
Lo cierto es que el pluriempleo no es una realidad únicamente de los diputados del PP. De acuerdo a un análisis realizado por europapress.es sobre las declaraciones de actividades de sus señorías, el 53% de los diputados ha pedido permiso para realizar actividades privadas.
No siempre estas actividades están remuneradas. El 37% de los que han pedido permiso al Congreso para ejercer una actividad privada señalan en sus declaraciones de manera explícita que no cobra ninguna remuneración por estos trabajos.
La principal actividad de los diputados fuera del Hemiciclo consiste en dar charlas, cursos o participar en tertulias. Un total de 87 diputados (24,8%) han pedido permiso al Congreso para realizar labores de este tipo. Le sigue como principal dedicación la abogacía. Una treintena de diputados compaginan su trabajo público con su ocupación como abogados. Otra veintena de diputados ejercen como directivos o administradores de distintas empresas, siete como consultores, cuatro como médicos y tres como docentes.
Por partidos, el PP, que es la formación que se ha mostrado más abierta a flexibilizar la posibilidad de compaginar la faceta pública con una carrera profesional en la empresa privada, es también el grupo con más diputados pluriempleados en el ámbito privado. Y es que un total de 108 diputados del grupo popular tienen permiso del Congreso para realizar actividades en el ámbito privado y 78 de ellos reciben remuneraciones, en algún grado –incluyendo dietas o gastos de trasporte–, por su trabajo. Una treintena de diputados conservadores dan cursos o intervienen como tertulianos en distintos medios de comunicación, mientras que una veintena son abogados, 14 tienen su propia empresa o son directivos en alguna compañía privada, cuatro son consultores, tres médicos y uno ingeniero y otro farmacéutico.
En cuanto al PSOE, cuenta con 49 diputados con permiso del Congreso para realizar actividades privadas, de los cuales 19 son remunerados de alguna forma por ello –incluyendo dietas o gastos de trasporte–. La mayoría de los diputados socialistas que han pedido permiso al Congreso para realizar una actividad privada lo han hecho para dar cursos o colaborar en medios de comunicación. Además, cuatro ejercen como abogados y uno como médico.
En el siguiente gráfico puedes ver el registro de actividades privadas de cada diputado, así como ver las cifras por grupos partidos y tipos de profesiones.
Se entiende como remunerada cualquier actividad privada para la que los diputados hayan pedido permiso, excepto que de manera expresa se haya indicado al Congreso que se trata de un trabajo no retribuido.
De acuerdo a la ley, de manera general, el mandato de los diputados y senadores es incompatible con el desempeño de actividades privadas. Sin embargo, la misma ley hace excepciones a esta norma y permite a los diputados realizar determinadas actividades siempre y cuando reciban en el permiso de la Cámara para ello. Esta norma general hace que los diputados tengan que pedir permiso para participar, por ejemplo, en una tertulia televisiva, aunque no reciban remuneración por ello.
En todo caso, es incompatible la realización de las conductas siguientes:
1. Las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local, respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos.
2. La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local o el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades.
3. El desempeño de puestos o cargos que llevan anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en empresas o sociedades arrendatarias o administradoras de monopolios.
4. La prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole con titularidad individual o compartida, en favor de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.
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5. La participación superior al 10 por 100, adquirida en todo o en parte con posterioridad a la fecha de su elección como diputado o senador, salvo que fuere por herencia, en empresas o sociedades que tengan contratos de obras, servicios, suministros o, en general, cualesquiera otros que se pagen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.
6. Las funciones de presidente del Consejo de Administración, consejero, administrador, director general, gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito.
7. Y cualesquiera otras actividades que por su naturaleza sean incompatibles con la dedicación y las obligaciones parlamentarias.
La noticia de que los diputados del PP Vicente Martínez Pujalte y el hoy embajador Federico Trillo habían cobrado por trabajos de asesoramiento ajenos a su labor en el Congreso ha reabierto esta semana el debate sobre si los diputados pueden o no tener trabajos en la empresa privada.