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La crisis humanitaria en Ceuta ha sacado a relucir no sólo los problemas en política migratoria de España y la UE con Marruecos, sino otros contenciosos que están enquistados y que afectan no sólo a cuestiones económicas, sino también diplomáticas. En el centro, la eterna disputa del reino alauí por el Sáhara Occidental. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente de sentencia el acuerdo de pesca que Rabat y Bruselas firmaron a principios de 2019 y que ha sido impugnado por el Frente Polisario, ya que el convenio incluye caladeros en la antigua colonia española. El valor total de las oportunidades pesqueras asciende a 208,7 millones de euros para cuatro años.
El acuerdo de pesca fue anunciado apenas un año después de una sentencia del TJUE que dictaminó que el convenio anterior no podría aplicarse en el Sáhara Occidental por estar pendiente de descolonización. La Comisión Europea, sin embargo, justificó en 2019 los términos del nuevo acuerdo afirmando que sí se podía incluir ese territorio y sus caladeros si se consultaba de manera "adecuada" a la población saharaui y se confirmaba que el acuerdo beneficia a esa zona. Así, aseguró entonces que se habían realizado "amplias consultas" tanto en el Sáhara Occidental como en Marruecos en las que quedó patente que "los agentes socioeconómicos y políticos que participaron en ellas se mostraron claramente a favor". El Frente Polisario y "otras partes" se negaron a participar en las mismas. Un mes después, el Parlamento Europeo ratificó las nuevas condiciones por 415 votos a favor, 189 en contra y 49 abstenciones.
Según los términos del acuerdo, la UE pagará a Marruecos por el acceso a sus aguas una media anual de 52 millones de euros, de los que 12 millones aproximadamente deberán ser abonados por los armadores europeos. A cambio, el país africano permitirá faenar en sus aguas a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles. En concreto, podrán pescar en aguas marroquíes 22 cerqueros españoles de pesca artesanal pelágica en el norte, 25 palangreros de fondo de pesca artesanal en el norte, 10 embarcaciones de pesca artesanal en el sur, 12 buques de pesca demersal y 23 cañeros para las capturas de atún. Además, la flota pelágica industrial europea aumentará sus posibilidades de pesca desde las 85.000 toneladas del primer año de aplicación del acuerdo hasta las 90.000 del segundo año y las 100.000 del tercero y del cuarto.
Según el Parlamento Europeo, el valor total de las oportunidades pesqueras, fijado en un protocolo anexo al acuerdo, asciende a 208.7 millones de euros para cuatro años (48,1 millones para el primer año, 50,4 millones para el segundo y 55,1 millones para cada uno de los dos últimos años).
El Polisario, relegado a "población afectada"
Las consecuencias no se hicieron esperar. El Frente Polisario demandó al Consejo Europeo, ya que considera que el movimiento es el "representante legítimo del pueblo saharaui" y el "único que puede dar el consentimiento" para el acuerdo Rabat-Bruselas, algo que no ha hecho. La UE, afirma, tampoco se lo pidió, negociando sólo con Marruecos. "La Unión y el Reino de Marruecos no tienen competencia para celebrar un acuerdo internacional aplicable al Sáhara Occidental, en lugar del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario", explica el recurso, que considera que la UE ha "vulnerado los principios y los valores esenciales que guían la actuación" comunitaria en el ámbito internacional.
Por un lado, argumenta, porque considera que la UE ha "violado el derecho de los pueblos al respeto de su unidad nacional", ya que el acuerdo "niega la existencia del pueblo saharaui sustituyéndolo por la expresión poblaciones afectadas"poblaciones afectadas. Por otro, porque ha "violado el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales", firmando un "acuerdo internacional que organiza, sin el consentimiento del pueblo saharaui, la explotación de sus recursos". Y además, porque el acuerdo impugnado es contrario a "las declaraciones de la Unión que, de manera reiterada, no ha dejado de afirmar la necesidad de respetar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados".
El Consejo de la UE, por su parte, argumenta que para firmar el acuerdo de 2019 se tuvieron en cuenta los resultados delproceso de consulta a la población local efectuado por el Servicio de Acción Exterior de la Unión para evaluar la repercusión de los cambios sobre el Sáhara Occidental y que hubo una opinión mayoritaria favorable al respecto. En respuesta a que el Frente Polisario se considera único representante del pueblo saharaui, el Consejo añade que Bruselas lo reconoce sólo como parte del proceso del estatuto final del Sáhara Occidental, al no tener ni la calidad de movimiento de liberación nacional reconocida por la ONU ni la condición de observador. En este sentido, alega que el Polisario no tiene la capacidad jurídica ni los recursos administrativos y aduaneros para firmar un acuerdo de pesca y que sólo Marruecos tiene la capacidad y los medios.
Tanto España, Francia y la Comisión Europea como las cámaras de pesca marítima del Mediterráneo, del Atlántico norte, del Atlántico central y del Atlántico sur apoyan al Consejo de la UE en este contencioso.
La vista por el recurso del Frente Polisario se celebró el pasado mes de marzo y los magistrados están en fase de deliberación. Fuentes del TJUE consultadas por infoLibre explican que aún no hay fecha para la comunicación de la sentencia, si bien no se espera que sea en el corto plazo. La media estadística del tiempo que se demoran las sentencias en el tribunal es de algo más de dieciséis meses. La vista se celebró en el Tribunal General. La resolución puede ser recurrida ante una instancia superior, pero los efectos de la misma son ejecutivos.
Tal y como comentó a este periódico Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y experto en geopolítica del Magreb y política exterior española, la actitud de Marruecos en Ceuta tiene que ver en parte con la sentencia que se espera del TJUE, la cual, en su opinión, con toda probabilidad anulará el acuerdo de pesca de 2019.
Brahim Ghali, la excusa de Rabatexcusa
El otro frente judicial abierto que contamina estos días las relaciones con Marruecos está en España. Concretamente, en la Audiencia Nacional. Allí el juez Santiago Pedraz investiga dos querellas presentadas contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali, quien se encuentra ingresado desde hace unoas semanas en un hospital de Logroño por diversas afecciones agravadas por el coronavirus. Su presencia en España suscitó la indignación de Rabat y así se manifestó la embajadora marroquí Karima Benyaich al ser convocada por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, tras la crisis de Ceuta: "Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir".
El juez no retira el pasaporte al líder del Frente Polisario y mantiene su citación para el 1 de junio
La figura de Ghali, que tiene una larga experiencia militar, y su peso internacional no son cualquier cosa. Fue ministro de Defensa saharaui, ejerció como embajador del Polisario en España durante casi una década y después también en Argelia (2008-2015). Asumió el liderazgo de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tras el fallecimiento en 2016 de Mohamed Abdelaziz. Su presencia en España, desvelada por la prensa, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo había anunciado, es considerada por los expertos consultados por infoLibre como la excusa de Marruecos para provocar la llegada masiva de migrantes a Ceuta, pero no la motivación de fondo.
Los autores de las dos querellas contra Ghali son el activista saharaui Fadel Breica y la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH): el primero le acusa de delitos de detención ilegal y torturas que dice haber sufrido en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf; la segunda denuncia el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 citó a declarar a Ghali para el próximo 1 de junio, pero ahora los querellantes le han pedido que ordene su detención inmediata ante el temor de que Ghali pueda eludir la citación en caso de que se recupere pronto de sus dolencias.
El líder del Polisario enfrenta desde hace tiempo la acusación de ASADEDH. Ya en 2016, el anterior magistrado titular de ese juzgado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, le citó a declarar una vez supo que tenía previsto viajar a España para participar en una conferencia en Barcelona. Finalmente, Ghali no se desplazó.
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