Cómo lograr una educación de 0 a 3 años equitativa y de calidad

La educación de cero a tres años tiene mucho de política. La realidad demuestra que el acceso al primer ciclo de la educación infantil está atravesado por fuertes desigualdades socioeconómicas: el 62,5% de las rentas más altas acceden a la escolarización en estas edades, mientras que el porcentaje entre los más pobres se reduce al 26,3%. Son los resultados de una investigación llevada a cabo por Save the Children y plasmada en el informe Donde todo empiezaDonde todo empieza, publicado y presentado este martes. La organización no sólo detecta las barreras para la escolarización –marcada además por un fuerte sesgo de género y origen–, sino que desarrolla igualmente las salidas para hacer de la educación de los más jóvenes una oportunidad sin fisuras.

El coste estimado de la solución propuesta por la organización asciende a los 5.550 euros por año y por alumno. Según las estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2017-2018 la tasa de escolarización era del 38,2%. Save the Children, que utiliza como referencia el 70% de países como Dinamarca, calcula que faltarían alrededor de 394.000 plazas para alcanzar la universalidad. Por tanto, la universalización del primer ciclo de la educación infantil supondría un coste anual de 2.190 millones de euros, de los cuales las familias podrían asumir hasta un 25%. Como resultado, el incremento del gasto para las administraciones serían 1.640 millones.

Mejorar la oferta

"Una limitación fundamental para la expansión de la escolarización de 0 a 3 años ha sido la falta de oferta", subrayan los autores del estudio, de manera que se torna fundamental el desarrollo de un plan estatal para la construcción de escuelas infantiles, especialmente focalizado en zonas con baja cobertura y población de bajo nivel socioeconómico.

Tras la construcción de escuelas, la garantía legal del derecho a una plaza asequible y próxima al domicilio resulta clave. Contar con una "plaza garantizada tiene un especial impacto positivo en el acceso de los niños y las niñas de rentas bajas", por lo que constituye una de las recomendaciones del Marco de Calidad de la Educación de la Unión Europea. La ley vigente, recuerda la organización, optó por establecer la gratuidad y asegurar la oferta educativa únicamente en el segundo ciclo de educación infantil, pero no en el caso del primero.

En países como Dinamarca, Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia y Eslovenia, está establecido el derecho a una plaza de educación infantil desde el momento en que finalizan los permisos de maternidad y paternidad. En Dinamarca, detalla Save the Children, los ayuntamientos pueden ser sancionados en caso de incumplimiento y las familias pagan precios en función de su renta.

El coste para las familias, "la principal barrera de acceso", es otra de las cuestiones donde la asociación por la infancia sitúa el foco. Lo cierto es que España ha alcanzado niveles de escolarización cercanos o superiores "al de varios países del entorno con una tradición más larga en políticas de bienestar", pero ha sido esencialmente debido a "los costes que han asumido las familias a través de altos precios y oferta privada, con la consiguiente desigualdad económica en el acceso". En ese sentido, España es de los países europeos "donde mayor carga del gasto en la educación infantil en los primeros años es asumida por las familias", un 39%, sólo por debajo de Reino Unido.

De cara a hacer asequible la educación para los más pequeños, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han inclinado por diversas combinaciones de políticas de financiación, especialmente a través de la gestión pública de las escuelas infantiles y de cheques de guardería. La financiación territorial, detecta Save the Children, es un ejemplo de "la dispersión administrativa y la falta de reconocimiento pleno" de esta etapa educativa. De hecho, resalta, durante la crisis "varios gobiernos autonómicos se desentendieron de su financiación y depositaron la responsabilidad en los ayuntamientos e, indirectamente, en las familias". Es por ello importante "establecer marcos institucionales estables que aseguren el compromiso de los gobiernos autonómicos", de modo que el coste asumido por las familias no supere en ningún caso la media europea, fijada en el 25% del total. El Estado, a su vez, debería "desarrollar medidas de apoyo económico" con el propósito de "sostener y hacer asequibles las plazas", mediante "créditos a las comunidades o ayudas a la escolarización" para las familias con menores rentas.

Precios públicos

La escolarización, los gastos de comedor, el transporte, el material, la vestimenta o los horarios extendidos suman un coste muchas veces inasumible para las familias. En ese sentido, la organización recomienda implantar sistemas de tarificación social progresivos que incluyan algunos de los gastos mencionados "con un tramo de gratuidad que cubra, al menos, al 30% de niños y niñas". En cuanto a la asignación de ayudas, propone establecer "criterios socioeconómicos objetivos", como la renta familiar, el nivel educativo de los progenitores o la monoparentalidad, con el fin de "evitar la barrera disuasoria del informe previo de servicios sociales", un paso burocrático que se revela en ocasiones demasiado arduo para los hogares. 

En Noruega existe, desde el año 2004, una regulación de los precios de la educación infantil de cero a tres años vinculada a la renta de las familias para todas las escuelas infantiles públicas y privadas. Pero no hay que irse muy lejos para encontrar buenas prácticas. En Barcelona, detalla el informe, el Ayuntamiento de Ada Colau puso en marcha la tarificación social en el curso 2017-2018, un modelo que fija una cuota máxima de 395 euros mensuales y una cuota mínima de 50 euros.

Save the Children reconoce que el contexto posterior a la crisis, con "fuertes constricciones presupuestarias", dificulta la construcción de un sistema gratuito, universal y de calidad. En su análisis recuerda además que la gratuidad no es siempre positiva para los más desfavorecidos: en lugares donde sigue faltando oferta no es equitativo apostar por la gratuidad frente al acceso, argumenta. "Es interesante recordar que los países europeos con mayor acceso a educación 0-3 tienen sistemas de tarificación social, no gratuidad", subrayan los autores del estudio. Tampoco las ayudas directas a las familias son siempre la mejor opción: resultan, por el contrario, "menos efectivas en favorecer el acceso igualitario a educación infantil de calidad que la financiación directa de servicios".

Pero de optar por esta vía, es importante que el dinero se transfiera "directamente a las escuelas con sistemas de tarificación social progresiva para que en la práctica el acceso sea gratuito o de bajo coste para las familias más desfavorecidas, evitando requisitos de matrícula previa que impliquen abonar una cantidad". En todo caso, Save the Children recomienda "no generalizar un modelo de conciertos mientras no se resuelvan los problemas de equidad que arrastra la doble red". Es importante destacar que "la red pública tiene un papel central de cara a la calidad y la equidad del sistema".

La crianza en el centro

La gestión del tiempo se configura como un asunto igualmente marcado por la clase. Las familias de clase obrera o las más desfavorecidas "tienen habitualmente horarios y calendarios atípicos e irregulares", de manera que los calendarios no siempre se ajustan a sus necesidades. Save the Children apela a incrementar la flexibilidad en horarios, tiempos de asistencia y calendario, de manera que los mismos se adapten a la situación laboral y las preferencias de crianza de las familias, dentro de los límites requeridos por el proyecto educativo y las necesidades de los niños.

Algunas de las vías propuestas para desarrollar esta demanda tienen que ver con la extensión del horario de atención de las escuelas, de forma que hacer uso de ello no implique un coste adicional. También plantea horarios de entrada y salida amplios, así como franjas horarias de asistencia, con turnos de mañana y tarde o la apertura en vacaciones en zonas turísticas, debido al mercado laboral estacional.

Abrir las escuelas infantiles, sostiene el informe, "pasa por diversificar los modelos de atención educativa que se ofrecen". Se trata de transformar los centros en instituciones que acompañen a las familias en la educación y la crianza. En Suecia, recogen los autores de la investigación, los llamados "preescolares abiertos" están reconocidos por la ley "como una opción alternativa dentro de la oferta de educación infantil formal". Son gratuitos y están dirigidos a niños que no participan en otra forma de educación infantil. La participación, "que es voluntaria y flexible", incluye la posibilidad de incluir a las madres, padres o cuidadores de los niños. En Barcelona existen "espacios familiares" para niños menores de tres años, donde se realizan actividades de juego y crianza que en los últimos años se han ido integrando en las escuelas infantiles.

Apoyo e integración

Las personas migrantes encuentran, habitualmente, en las escuelas "lugares extraños u hostiles". Trabajar por su integración es también un mandato en las primeras etapas educativas, precisamente para resolver los problemas que más tarde puedan brotar. Es importante, por tanto, "elaborar protocolos de acogida para niños y niñas de familias desfavorecidas" y para aquellas migrantes, teniendo en cuenta siempre "la diversidad cultural y religiosa". Save the Children llama asimismo a "desarrollar acciones formativas" para el profesorado y a "impulsar la presencia de personal en las escuelas proveniente de minorías", como reflejo de diversidad.

Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica cobran aquí un papel fundamental para la inclusión del alumnado "con necesidad específica de apoyo".

Por otro lado, los centros infantiles deben contar con la integración de "servicios sociales y sanitarios" que "cooperen estrechamente" con las escuelas, facilitando el vínculo con las familias. Se trata, en esencia, de "convertir las escuelas infantiles en casas de la primera infancia", defiende Save the Children, que integren educación infantil y "espacios familiares, servicios sociales, servicios de salud materno-infantil, acompañamiento en el embarazo, orientación familiar, ludotecas, actividades de ocio o iniciativas comunitarias".

Ratios y profesorado

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El informe procura igualmente abarcar lo que considera un problema latente en la educación española: las altas radios niños-educadores. España, muestra el análisis, está entre las ratios máximas más altas a nivel europeo a los dos años. "La diferencia está en que nuestros países vecinos los grupos tienen más de un profesional", revela el documento. La solución, que ya se ha desarrollado en territorios como Euskadi o Madrid, podría estar en la incorporación de profesionales extra en los grupos, "con fórmulas como el segundo profesional a media jornada o la pareja educativa".

En cuanto a las condiciones laborales del profesorado, Save the Children llama a una revisión de los contratos de gestión indirecta y a la financiación de la oferta privada. En España, lamenta, el ciclo de los cero a los tres años "ofrece peores condiciones salariales y laborales independientemente de su nivel de cualificación", una situación marcada además por un fuerte componente de género: un 97,5% del personal docente de los centros de educación infantil son mujeres.

Mejorar las condiciones en lo relativo a la igualdad de género pasa también por reformular los currículos. En ese sentido, la organización por la infancia cree importante el impulso de contenidos que incluyan el "desarrollo integral" de los niños, incluyendo "desarrollo personal, emocional y social; cuidado y bienestar; conocimiento y comprensión del mundo; lenguaje y comunicación; desarrollo físico y movimiento o expresión creativa" a través de prácticas pedagógicas y con la colaboración estrecha de las familias.