El 28 de enero de 2008, el doctor Luis Montes brindó con champán a las puertas del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Aquel fue un día "bonito, brillante y resplandeciente", uno de los "más importantes" de su vida, según relató él mismo a los medios de comunicación allí congregados para contar cómo habían recibido la noticia del archivo definitivo de la causa los médicos de ese centro sanitario acusados de matar a 339 enfermos terminales a base de aplicarles sedaciones excesivas.
Uno de esos médicos era Luis Montes (Salamanca, 1949), fallecido este jueves mientras viajaba en su coche hacia la localidad murciana de Molina de Segura para dar una charla de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que era presidente desde 2009 y con la que defendió de manera militante la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida. En el comunicado en el que confirmó su fallecimiento, el colectivo ensalzó su lucha "incansable" por "la libertad y los derechos de toda la ciudadanía" y aseguró que continuará su labor y defenderá estos valores.
La muerte del que fuera jefe del servicio de Reanimación y coordinador de Urgencias del Severo Ochoa, rememora un episodio que marcó su vida y la historia de la sanidad madrileña: la denuncia anónima que acusó a un equipo de médicos de ese centro sanitario de haber asesinado a 339 personas y a la que el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio pábulo admitiendo como posible que un servicio completo, integrado por decenas de profesionales, hubiera participado en tal plan entre 2002 y marzo de 2005.
Y eso a pesar de que una investigación previa de la consejería, basada en una denuncia similar, ya había decretado la inexistencia de mala praxis en las sedaciones. Ese informe atribuyó la alta mortalidad en las urgencias del Severo Ocho a una cuestión organizativa: al ser un hospital colapsado –aunque estaba diseñado para ser el hospital de referencia de 240.000 personas, en realidad atendía a 400.000– se habían construido en ese servicio dos salas de terminales. Por eso la tasa era más alta que el resto de hospitales.
En marzo de 2005, el entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, abrió una investigación tras recibir de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre una denuncia por presunta "mala praxis" y comenzó a investigar si los pacientes recibieron "dosis excesivas de fármacos" que les pudieran haber causado la muerte. Sin embargo, las familias de los supuestos asesinados no presentaron denuncia alguna, a pesar de recibir llamadas anónimas que les animaban a presentarse como acusación con lo que, decían, obtendrían cuantiosas indemnizaciones.
Según relató El País, cuando Moix estaba a punto de archivar la denuncia por falta de pruebas, la consejería llevó el caso al juzgado el 24 de mayo de 2005 basándose en un informe elaborado por un comité de expertos nombrado a dedo por Lamela para que analizara las historias de las supuestas víctimas, pues los inspectores enviados al hospital por la consejería habían decretado previamente la inexistencia de mala praxis.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés, Rafael Rosel, redujo los casos investigados de 339 a 15 y acabó archivando la denuncia el 22 de junio de 2007 al no haber encontrado elementos suficientes para determinar si los fallecimientos se debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad inicial". Dejaba así abierta la posibilidad de que pudiera haber existido una "mala praxis" en la administración de fármacos, lo que llevó a Montes y el resto de médicos a acudir a la Audiencia de Madrid, que en enero de 2008 archivó definitivamente el caso y ordenó retirar del fallo cualquier alusión a la mala práctica médica.
Se intentó así limpiar el nombre de los facultativos, que llevaban tres años siendo objeto de una campaña pública de difamación capitaneada principalmente por el diario El Mundo y la cadena Cope e instigada por el PP. Varios de ellos decidieron dejar la sanidad madrileña y se marcharon a trabajar a hospitales de Castilla-La Mancha. Montes siguió en el Severo Ochoa hasta su jubilación.
Activismo
En los últimos años, ya retirado, siguió con su trabajo "incansable" en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a la que estuvo vinculado durante una década, según comentan en su entorno. "Era muy militante de las cosas en las que creía", dicen estas mismas fuentes. Estaba convencido de que los representantes políticos debían tener en cuenta la importancia de la libre disposición de la propia vida para no estar de espaldas a la ciudadanía. "La mayor sensibilización ante la eutanasia es haber vivido una mala muerte en tu entorno", dijo en 2016 en una entrevista con infoLibre.
La defensa de la sanidad pública fue otro de los grandes caballos de batalla de su vida. Su participación fue muy activa en la marea blanca que detuvo el plan privatizador que impulsó la expresidenta Esperanza Aguirre junto a un viejo conocido para él, Manuel Lamela, y que pretendía entregar a manos privadas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos.
También estuvo vinculado a Podemos, de cuya primera dirección en Madrid formó parte entre 2015 y la segunda mitad de 2016. De hecho, su muerte fue anunciada en la Asamblea de Madrid por su amiga Carmen San José, médica y diputada de la formación morada, mientras se debatía una comparecencia del consejero de Sanidad sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno regional para hacer efectiva la ley por una muerte digna de la Comunidad de Madrid, aprobada hace un año, y que garantiza el derecho de las personas en situación terminal y de agonía a recibir cuidados paliativos integrales en los hospitales públicos o privados o en su propio domicilio.
El 28 de enero de 2008, el doctor Luis Montes brindó con champán a las puertas del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Aquel fue un día "bonito, brillante y resplandeciente", uno de los "más importantes" de su vida, según relató él mismo a los medios de comunicación allí congregados para contar cómo habían recibido la noticia del archivo definitivo de la causa los médicos de ese centro sanitario acusados de matar a 339 enfermos terminales a base de aplicarles sedaciones excesivas.