Tres miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) fueron condenados este martes a dos años de prisión en una causa en la que se investigó la muerte asistida de una mujer en Avilés con un jarabe de pentobarbital importado por este colectivo y el intento de realizar una sedación paliativa a un enfermo terminal en Cádiz. Los sentenciados admitieron los cargos de cooperación al suicidio y contra la salud pública para evitar su entrada en la cárcel. La Fiscalía pedía para ellos seis años y cinco meses de prisión por tres delitos. El acuerdo con el Ministerio Público evita la celebración de juicio y una posible condena mayor. [La información al respecto se puede consultar aquí].
El doctor Luis Montes, que lidera la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) explica a infoLibre el por qué de la aceptación de los delitos y del acuerdo con la Fiscalía y analiza la situación del debate sobre la muerte digna en España. A su juicio, la sociedad española cada vez es más proclive a que se fomente la propia capacidad de decidir en todos los ámbitos de la vida, incluido en su final. Montes, ya jubilado, fue injustamente acusado de llevar a cabo sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2008, la Audiencia Provincial de Madrid archivó definitivamente la causa presentada contra él por el Ejecutivo madrileño (PP) y ordenó restituir su nombre y retirar cualquier alusión a mala práctica médica.
PREGUNTA: ¿Por qué han decidido admitir los cargos de los que les acusaba la Fiscalía y llegar a este acuerdo?
RESPUESTA: Tal y como se condujo la situación por parte del juzgado y la Fiscalía pensamos que lo más prudente era llegar a un protocolo de conciliación. Se planteó la posibilidad de bajar el delito de cooperación al suicidio a complicidad, lo que reducía bastante las penas. Ha sido una decisión dura porque en la asociación no asumimos la implicación de nuestros miembros en los hechos que han sido objeto de investigación ni la calificación de los delitos que realizó el Ministerio Público. No obstante, como dice el saber popular, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y en el ámbito de la justicia –igual que en el de la medicina– todo está ideologizado. Eso fue lo que nos hizo aceptar.
P: ¿Cree que esta sentencia puede contribuir a reabrir un debate, el de cómo afrontar el final de la vida, que parece haber estado aparcado en los últimos tiempos?
R: Es un debate que va y viene, que toma más protagonismo en momentos puntuales. En España fue Ramón Sampedro, con su lucha judicial y su suicidio, quien lo puso en la agenda. Después vinieron el caso Severo Ochoa de Leganés o la petición de rechazo al tratamiento de Inmaculada Echevarria... Es cierto que estos casos no han cambiado el ordenamiento jurídico, aunque sí han contribuido a la aprobación de leyes de muerte digna en varias autonomías.
Recientemente ha habido también otras situaciones que han tenido cierta influencia mediática. Me refiero a la condena a dos años de cárcel al hombre de Zaragoza que ayudó a morir a su madre, que llevaba 10 años sin poder salir de casa por los dolores. O al caso de una pareja que intentó la autoliberación con un arma de fuego y él quedó ciego. En ambos casos, los jueces han tenido en cuenta estas situaciones como actos de amor y de final de la vida por compasión.
P: ¿A qué se enfrenta en España una persona que participe en una eutanasia activa habiendo una petición de la persona que quiere acabar con su vida?
R: El Código Penal establece penas de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona y de seis a diez años si la cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte. Pero el verdadero problema es que se penaliza al colaborador necesario. Es decir, se penaliza la inducción y la cooperación al suicido aunque se produzca tras una petición expresa y reiterada de un demandante que viva en un contexto de intenso sufrimiento y a pesar de que ese acto se realice por una motivación de justicia y solidaridad... En estos casos, las penas se pueden reducir uno o dos grados. Este último artículo es el que, desde DMD, pedimos que se cambie.
P: Ahora, a las puertas de unas nuevas elecciones, parece ser un buen momento para pedir estos cambios. ¿Qué piensan los partidos al respecto?
Antes del 20-D en DMD organizamos varios debates en los que invitamos a representantes de las diferencias fuerzas políticas para que explicaran su propuestas en relación a este tema. Lo que intentamos es que se retrataran respecto a lo que piensan sobre este asunto. El PP no vino a ninguna de las convocatorias y el PSOE y Ciudadanos lo hicieron a nivel particular, señalando que era un tema que no se había tratado en sus formaciones.
Podemos se mostró favorable a derogar el citado artículo 143 y a sumarse a una ley de muerte de digna, al igual que Compromís, Equo e IU, que ha presentado varias proposiciones de ley en esta línea en las últimas legislaturas, aunque nunca consiguió los apoyos necesarios. Este es un debate que está en la ciudadanía desde hace mucho tiempo y que los representantes políticos deben tener en cuenta para no estar de espaldas a la ciudadanía. Es un clamor popular que se derogue el artículo 143 y se haga un protocolo y una ley de muerte voluntaria.
P: ¿Ha habido algún cambio legislativo en este frente en los últimos años?
R: Sí, son varias las autonomías que, en el ejercicio de sus competencias, han aprobado leyes de muerte digna. Es el caso de Andalucía, Aragón, Navarra, Galicia, Baleares, Canarias... y también están en trámites normas similares en el País Vasco, la Comunitat Valenciana, Cantabria o Madrid. No obstante, lo que pueden hacer las comunidades es desarrollar la ley de autonomía del paciente en su planificación sobre los cuidados al final de la vida. No tienen competencias para decidir sobre si la muerte voluntaria o el suicidio asistido son legales. También ha habido propuestas para llevar este tema al Congreso de los Diputados, que es la Cámara que tiene legitimidad para iniciar una legislación sobre la eutanasia o el suicidio asistido.
P: ¿Hay alguna legislación extranjera en la que, a su juicio, España tendría que fijarse para, como ustedes defienden, despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido?
R: Los países que en su ordenamiento jurídico han permitido un protocolo en este sentido se han definido por dos situaciones: el suicidio asistido o la eutanasia. Una práctica se diferencia de otra en el papel que juega el colaborador necesario, que es al que se le va a imputar por cometer un delito. En la eutanasia activa, el colaborador necesario da la muerte directamente, una muerte voluntaria, reiteradamente solicitada en un contexto de intenso sufrimiento psíquico y físico, insoportable y refractario a cualquier tipo de tratamiento. En el caso de suicidio asistido, el colaborador procura los medios y el propio ciudadano se da la muerte.
El paradigma es Ramón Sampedro, a quien un colaborador le procuró el veneno para que él mismo –que no era autónomo y no se lo podía procurar– se diera la muerte. El suicidio asistido está legalizado en seis estados de EEUU y en Suiza. Mientras que en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia o Canadá hay aprobadas leyes de muerte voluntaria con aceptación de la eutanasia activa, que es modelo que defendemos en DMD.
P: ¿Cree que la sociedad española admitiría una regulación en este sentido?
R: La última vez que el CIS incluyó preguntas sobre este asunto fue en 2009 [PDF de la encuesta, aquí]. Entonces, el 73% de los encuestados se mostró a favor de que se regulara la eutanasia y el 82% dijo estar de acuerdo con "administrarle la medicación necesaria para aliviar su sufrimiento aunque acelere su muerte" a un enfermo en fase terminal. No obstante, para mí la pregunta más interesante es en la que se evidencia que el 52,1% de los encuestados había vivido una muerte como consecuencia de alguna enfermedad irreversible en cuya fase final tuvo mucho sufrimiento. Creo que esa es la mayor madurez y sensibilización que hay.
Vivimos en una sociedad que cada vez es más laica. Desde los años ochenta se ha ido avanzando, desde el modelo tradicional paternalista, a otra vertiente autonomista en la que se desarrolla el principio fundamental de la autonomía personal, de la capacidad de decidir... Es indudable que vamos a una participación cada vez mayor en todos los actos importantes de nuestra vida y, desde luego, uno de los más importantes es el de finalizarla. Aunque los dos modelos se solapan, creo que si ahora se preguntara a la ciudadanía hay una corriente mayoritaria que considera que la vida es suya y que quiere decidir sobre ella hasta el final.
Tres miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) fueron condenados este martes a dos años de prisión en una causa en la que se investigó la muerte asistida de una mujer en Avilés con un jarabe de pentobarbital importado por este colectivo y el intento de realizar una sedación paliativa a un enfermo terminal en Cádiz. Los sentenciados admitieron los cargos de cooperación al suicidio y contra la salud pública para evitar su entrada en la cárcel. La Fiscalía pedía para ellos seis años y cinco meses de prisión por tres delitos. El acuerdo con el Ministerio Público evita la celebración de juicio y una posible condena mayor. [La información al respecto se puede consultar aquí].