El 'caso Neurona' aún está vivo. Pero ya no es lo que era. La gran macrocausa contra Podemos en la que terminó derivando una denuncia de un abogado despedido del partido se ha ido desinflando poco a poco. Después dos años de pesquisas, ya no hay ni rastro del ovillo judicial en el que terminó convirtiéndose la causa. Ahora, apenas quedan hilos de los que tirar después de que la justicia haya cerrado en todo este tiempo más de media docena de líneas de investigación diferentes. Y aún sigue sobre la mesa, principalmente, porque el juez decidió a comienzos de año ampliar seis meses más la instrucción para intentar aclarar todavía algunas cuestiones. Un plazo que se agota a finales de julio. En el partido esperan que se dé por fin carpetazo al asunto. Y más teniendo en cuenta que el Ministerio Público ya se opuso a la última prórroga al considerar que las pesquisas estaban agotadas.
La piedra angular del procedimiento es la denuncia interpuesta en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil por quien fuera coordinador del equipo jurídico del partido, José Manuel Calvente, que había sido despedido. El escrito terminó recayendo meses después en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. En julio de 2020, su titular, Juan José Escalonilla, decidió abrir diligencias previas y escuchar al denunciante, quien basó buena parte de su comparecencia en "indicios" que le habían llegado por parte de terceras personas "confidencialmente". Y unas semanas después imputó al partido y a varios miembros de su cúpula. Sobre la mesa, posibles delitos de malversación o administración desleal. "Ocurrirá como con todas: quedará en nada", dijo entonces el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Han pasado ya dos años de aquello. Y el caso todavía sigue vivo en el juzgado de la capital. En concreto, aún colea la línea de investigación que se centra en un contrato de 363.000 euros suscrito con la firma Neurona Consulting para los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 de la formación política. Sin embargo, la causa también ha ido perdiendo intensidad por este frente, en el que todavía se encuentran imputados tanto la formación política como algunos de sus exdirigentes –Juanma del Olmo, Juan Carlos Monedero o Daniel de Frutos–. De hecho, el magistrado se ha visto ya obligado a variar en parte sus tesis.
Escalonilla consideró inicialmente que existían "indicios racionales" que llevaban a pensar que se trataba de un "contrato simulado" y que la consultora nunca realizó para el partido los servicios para los que había sido contratada. Diferentes trabajadores de la formación morada rechazaron esa consideración en sus testificales, al igual que hicieron algunos de los empleados de Neurona y el propio partido, que puso sobre la mesa del instructor billetes de avión, chats internos o más de 1.400 documentos. Tras meses de investigación, el juez terminó considerando en noviembre del año pasado como "indiciariamente acreditado" que la mercantil había prestado realmente parte de los servicios para los que se le contrató. No obstante, dejó caer que la empresa solo se encargó de la "cobertura de actos" cuando la formación no podía asumirlos por "falta de medios".
A través de aquel auto, Escalonilla encargaba un peritaje sobre el coste de dichos trabajos. Porque, mantenía, no solo hay delito electoral cuando existe un contrato simulado, sino también cuando se utilizan fondos electorales para pagar un gasto electoral por un precio mayor a su coste real. De hecho, la espera de este encargo, unido a la necesidad de dar curso a una comisión rogatoria, fue lo que llevó al juez el pasado enero a prorrogar la investigación otros seis meses, hasta finales de julio. Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía y de Podemos, que considera que la pericial no tiene ningún sentido porque el encargo se pagó "con dinero del partido, no con fondos electorales" y eso, a su juicio, hace que el posible delito que se investiga se venga abajo.
Esto es algo que recordó también el Ministerio Público. Lo hizo a través de un escrito en el que daba por acreditada la realización de los trabajos por parte de la consultora. "Más allá de las posibles discrepancias, trabajadores de Neurona se desplazaron a Madrid y se hospedaron en diferentes inmuebles de la capital, recogía la Fiscalía, que también apuntaba que "los vídeos se crearon y modificaron durante la campaña electoral" por empleados de la firma. En aquel escrito, el Ministerio Público no se oponía a la realización de la prueba, si bien dejaba claro que el partido podía contratar con los proveedores que "considere oportuno" y admitía que era posible que no se pudiera determinar "con fiabilidad el coste" de los trabajos, como pretende el magistrado.
De hecho, fuentes jurídicas explican que el juez sigue aún buscando a alguien que pueda encargarse de la pericial. "Parece que nadie quiere hacerlo", explican. El instructor se dirigió, tal y como adelantó Público, a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, quien terminó respondiéndole que no había "especialidad" o "subespecialidad" dentro de los colegios profesionales que la integraban "con conocimientos" para emitir ese dictamen. Por eso, le ha sugerido que contacte con otros colectivos, como la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual (APPA), a la que ahora se ha dirigido el magistrado.
Media docena de líneas cerradas
El del contrato con Neurona es el único hilo que le queda al juez de lo que en su momento fue toda una macrocausa. A lo largo de estos dos años, el instructor ha cerrado nada menos que seis líneas de investigación diferentes derivadas de la denuncia de Calvente. Una de ellas es la relativa a los cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ABD Europa de cara a las generales del 28A, sobre los que también existía la sospecha de que pudiesen ser simulados. Un asunto al que se dio carpetazo solo dos meses después de que el magistrado comenzase con las imputaciones: "[Se ha justificado] la realidad de la ejecución por parte de dicha entidad mercantil de los servicios que le fueron contratados, siendo aceptado el pago de precio pactado por el Tribunal de Cuentas como gasto electoral".
A lo largo de todos estos meses Escalonilla ha indagado también sobre otros dos asuntos a los que desde la derecha se ha tratado de dar aire por cuanto podían recordar a algunos hitos de la corrupción reciente en el PP. Por un lado, las obras en la sede de la formación morada, en cuya ejecución se reflejaron sobrecostes que Calvente achacaba a un posible interés de beneficiar a algunas empresas. Por otro, el uso que se dio a la llamada caja de solidaridad del partido, una suerte de fondo que se dedica a fines sociales que mediáticamente se vendió como la caja B de la formación morada. En este caso, lo que se investigaba era el dinero recibido por la asociación #404 Comunicación Popular, integrada en su mayoría por miembros de Podemos.
Sobre lo primero, el magistrado concluyó que el hecho de no licitar públicamente esas obras no constituía "delito alguno" y que no había sido "acreditado" que se produjese "una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación" para "pagos u obras ajenas" a las propias de las obras. Y en cuanto al segundo asunto, sostuvo que no existían "indicios racionales" sobre la supuesta comisión de un delito de administración desleal y que los fondos que recibió la asociación "fueron utilizados por sus miembros para los fines propios" de la misma. "No resulta extraño que el numerario de la caja de solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido", concluyó el instructor.
El mismo día de enero que se dio carpetazo al asunto de las obras en la sede, también se guardó en un cajón la parte que tenía que ver con un supuesto "acceso no autorizado" al ordenador de otra letrada del partido. En su denuncia, Calvente aseguraba que en su momento, para comprobar si había archivos que pudieran comprometer a dirigentes del partido, pesos pesados de la formación contrataron a una empresa para clonar el disco duro de la letrada de la formación Marta Flor, la misma que denunció a Calvente por un supuesto acoso sexual –fue absuelto–. El juez decidió no seguir indagando porque no había denuncia ni de la formación ni de la supuesta afectada. Y, sin eso, el delito de descubrimiento o revelación de secretos no podía continuar adelante.
Pocos meses después, se archivaba también la acusación sobre los supuestos sobresueldos cobrados por dos trabajadores en forma de complementos. Incrementos que, tal y como recordaba el juez, no solo cobraron ellos, sino también otros empleados del partido con el visto bueno del consejo: "No se trata de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas". Y luego llegó el archivo por las donaciones del partido morado al Proyecto Impulsa, mediante el cual la formación ayudaba a colectivos y organismos. Escalonilla consideró que no había desvío alguno de fondos: "Queda suficientemente acreditado el destino dado a través del Proyecto Impulsa a las donaciones efectuadas por los cargos públicos".
Las otras tres derivadas
Más allá de las siete grandes líneas de investigación, el caso Neurona también derivó en otros frentes judiciales para Podemos. A raíz de que otra abogada del partido enfrentada con la cúpula –Mónica Carmona– hiciera nuevas acusaciones, el juez Escalonilla decidió enviar a otros juzgados tres casos más: el presunto cobro de Pablo Iglesias de las costas en procedimientos judiciales, las donaciones supuestamente irregulares a una entidad y una fundación vinculada al partido –Instituto 25M– o la presunta utilización de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de una asesora para cuidar a uno de sus hijos. De estas, según sostienen fuentes del partido, solo queda viva la última.
A finales de octubre, la Audiencia de Madrid devolvió las tres cuestiones a Escalonilla al considerar que tenía que abrir piezas separadas. Para entonces, ya se habían archivado tanto el asunto del supuesto cobro de las costas procesales como lo relativo a las donaciones. De hecho, en este último caso fue la misma Audiencia Provincial la que confirmó el carpetazo: "[Carmona] no ha aportado ningún mínimo indicio que objetivamente corrobore que a esa Escuela Popular Paulo Freire se han transferido desde el partido Podemos, a través de la Fundación Instituto 25M, la cantidad de 300.000 euros".
Lo que aún colea es el llamado caso Niñera. El juez Escalonilla ha llamado a declarar como investigada para finales de julio a la extrabajadora de Podemos Gara Santana, acusada de haber cuidado a los niños de Montero. En este sentido, la Fiscalía, en un escrito reciente, ha apoyado la comparecencia. No obstante, ha expresado dudas alrededor del caso: "No es extraño que una amiga ayude a otra con dos recién nacidos, prematuros, recién salidos del hospital. Y que lo haga sin ser remunerada por ello. Y tampoco es ilógico que, estando de baja Irene Montero, hubiera reuniones políticas en su domicilio, dada la posición que ocupaban tanto ella como Pablo Iglesias en el partido".
Este, junto a la principal línea de investigación de Neurona, son los únicos grandes frentes judiciales que ahora mismo tiene abierta la formación morada. Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó el sobreseimiento y archivo de la causa en la que se investigaba la supuesta financiación ilegal de Podemos por parte de Venezuela. El magistrado dio este paso después de que la Sala de lo Penal le ordenase dar carpetazo al asunto.
El 'caso Neurona' aún está vivo. Pero ya no es lo que era. La gran macrocausa contra Podemos en la que terminó derivando una denuncia de un abogado despedido del partido se ha ido desinflando poco a poco. Después dos años de pesquisas, ya no hay ni rastro del ovillo judicial en el que terminó convirtiéndose la causa. Ahora, apenas quedan hilos de los que tirar después de que la justicia haya cerrado en todo este tiempo más de media docena de líneas de investigación diferentes. Y aún sigue sobre la mesa, principalmente, porque el juez decidió a comienzos de año ampliar seis meses más la instrucción para intentar aclarar todavía algunas cuestiones. Un plazo que se agota a finales de julio. En el partido esperan que se dé por fin carpetazo al asunto. Y más teniendo en cuenta que el Ministerio Público ya se opuso a la última prórroga al considerar que las pesquisas estaban agotadas.